Los populismos llevan nuevas alzas de impuestos a Portugal y estancamiento económico a Grecia
Los mercados eran hace solo unos años el principal riesgo para la estabilidad política de un buen puñado de naciones europeas. Paradójicamente, ahora es la inestabilidad política de estos países quien mantiene en vilo a los mercados. Y es que tras años de rescates y ajustes, de una defensa de la ortodoxia y la austeridad, Europa se enfrenta a nuevos gobiernos nacionales que han sido aupados al poder gracias a sus promesas de rebelión contra el rigor del Pacto de Estabilidad.
Pero la experiencia demuestra que soltarse el cinturón antes de lo previsto puede traer consecuencias contrarias a las deseadas. Solo hace falta analizar el camino andado por los países que se sometieron al control de los rescates europeos: la realidad «post rescate» en Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España ha sido dispar y ha seguido una estrecha relación con la estabilidad de sus gobiernos.
Entre las naciones que han conseguido superar con nota su etapa de tutela comunitaria está Irlanda, con un crecimiento del 6,7% en 2015 y una previsión del 4,8% en 2016. También España, donde el PIB crece al 3,4% y las perspectivas para 2016 son que siga avanzando cerca del 3% gracias a los vientos de cola y pese a las dificultades para formar gobierno.
Portugal es el mejor ejemplo de cómo la economía puede descarrilar si se paran las reformas antes de tiempo. El país luso ha saltado del bando de los países ejemplares al de los conflictivos tras sumergirse en una crisis política que se saldó con un Gobierno de coalición de izquierdas.
Las elecciones presidenciales llegan en Portugal rodeadas de un contexto político y económico distinto a la anterior cita para elegir al inquilino del Palácio de Ajuda. Fue en 2011 cuando salió ganador por segunda vez Aníbal Cavaco Silva, y entonces pesaba como una espada de Damocles la petición de un rescate financiero de 78.000 millones a la troika.
El ex primer ministro socialista José Sócrates, hoy con una causa pendiente por graves indicios de presunta corrupción, había dimitido nada más solicitarlo. Se fraguó así la antesala para el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho.
Y ahora tenemos el giro contrario, de nuevo con el socialismo en el poder, aunque con la enorme diferencia de que es rehén de la izquierda radical: Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués. De momento, en sus escasas semanas con el bastón de mando, el primer ministro António Costa ha mostrado signos de que se incrementará el gasto público y no terminan de estar claros los mecanismos de financiación de algunas medidas que propone.
Los mercados eran hace solo unos años el principal riesgo para la estabilidad política de un buen puñado de naciones europeas. Paradójicamente, ahora es la inestabilidad política de estos países quien mantiene en vilo a los mercados. Y es que tras años de rescates y ajustes, de una defensa de la ortodoxia y la austeridad, Europa se enfrenta a nuevos gobiernos nacionales que han sido aupados al poder gracias a sus promesas de rebelión contra el rigor del Pacto de Estabilidad.
Pero la experiencia demuestra que soltarse el cinturón antes de lo previsto puede traer consecuencias contrarias a las deseadas. Solo hace falta analizar el camino andado por los países que se sometieron al control de los rescates europeos: la realidad «post rescate» en Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España ha sido dispar y ha seguido una estrecha relación con la estabilidad de sus gobiernos.
Entre las naciones que han conseguido superar con nota su etapa de tutela comunitaria está Irlanda, con un crecimiento del 6,7% en 2015 y una previsión del 4,8% en 2016. También España, donde el PIB crece al 3,4% y las perspectivas para 2016 son que siga avanzando cerca del 3% gracias a los vientos de cola y pese a las dificultades para formar gobierno.
Portugal es el mejor ejemplo de cómo la economía puede descarrilar si se paran las reformas antes de tiempo. El país luso ha saltado del bando de los países ejemplares al de los conflictivos tras sumergirse en una crisis política que se saldó con un Gobierno de coalición de izquierdas.
Las elecciones presidenciales llegan en Portugal rodeadas de un contexto político y económico distinto a la anterior cita para elegir al inquilino del Palácio de Ajuda. Fue en 2011 cuando salió ganador por segunda vez Aníbal Cavaco Silva, y entonces pesaba como una espada de Damocles la petición de un rescate financiero de 78.000 millones a la troika.
El ex primer ministro socialista José Sócrates, hoy con una causa pendiente por graves indicios de presunta corrupción, había dimitido nada más solicitarlo. Se fraguó así la antesala para el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho.
Y ahora tenemos el giro contrario, de nuevo con el socialismo en el poder, aunque con la enorme diferencia de que es rehén de la izquierda radical: Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués. De momento, en sus escasas semanas con el bastón de mando, el primer ministro António Costa ha mostrado signos de que se incrementará el gasto público y no terminan de estar claros los mecanismos de financiación de algunas medidas que propone.
Subida del salario mínimo
La primera iniciativa que ha logrado sacar adelante es el alza del salario mínimo, que pasa de 505 euros brutos al mes a 530. Sus socios puntuales arroparon tal subida, especialmente con el argumento de que se ha triplicado el número de gente que cobra semejante cantidad. Pero ni ellos ni el PS habían explicado de dónde saldrían los fondos para sustentar una propuesta convertida ya en realidad.
El pasado jueves quedó claro que, como han puesto en práctica otros gobiernos del mismo signo en diversos países, la fórmula seleccionada pasa por subir impuestos indirectos.
A pesar de que los socialistas se mostraron siempre en contra de trasladar los costes a la población, ahora se echan en brazos de esta opción, que se traduce en un encarecimiento de cinco céntimos en el precio de la gasolina, por poner un ejemplo. También los sellos de Correos van a tener un mayor valor.
La primera iniciativa que ha logrado sacar adelante es el alza del salario mínimo, que pasa de 505 euros brutos al mes a 530. Sus socios puntuales arroparon tal subida, especialmente con el argumento de que se ha triplicado el número de gente que cobra semejante cantidad. Pero ni ellos ni el PS habían explicado de dónde saldrían los fondos para sustentar una propuesta convertida ya en realidad.
El pasado jueves quedó claro que, como han puesto en práctica otros gobiernos del mismo signo en diversos países, la fórmula seleccionada pasa por subir impuestos indirectos.
A pesar de que los socialistas se mostraron siempre en contra de trasladar los costes a la población, ahora se echan en brazos de esta opción, que se traduce en un encarecimiento de cinco céntimos en el precio de la gasolina, por poner un ejemplo. También los sellos de Correos van a tener un mayor valor.
Devolver sueldo a los funcionarios
Con todo, su gran caballo de batalla (y una de sus banderas electorales durante la pasada campaña electoral antes de los comicios legislativos del 4 de octubre) se centra en devolver a los funcionarios los recortes de sueldo sufridos, así como revertir la desaparición de complementos.
António Costa no ha logrado apaciguar aún los ánimos exaltados del colectivo, que le exige una restitución inmediata (en caso contrario, preparan una huelga). Pero él, consciente de las dificultades para obtener los ingresos necesarios, aboga por hacerlo a partir de julio, como también la puesta en marcha de un IVA reducido al 13% en el sector hostelero (pues el IVA general se sitúa en el 23%).
Y por si lo anterior fuera poco el Parlamento portugués aprobó esta semana la apertura de una comisión de investigación dedicada a esclarecer lo ocurrido en el Banco Internacional de Funchal (Banif), que fue liquidado en diciembre con un coste millonario para el Estado luso. La propuesta, elevada a la Cámara por los socialistas y el resto de fuerzas de la izquierda, contó también con el apoyo de los dos partidos conservadores lusos. Ésta será la quinta comisión de investigación parlamentaria a la banca portuguesa en apenas ocho años, un instrumento que fue utilizado ya el año pasado para depurar responsabilidades en la caída del Banco Espírito Santo (BES), por aquel entonces una de las más importantes entidades financieras del país.
El Banif era el más pequeño de los principales bancos lusos y fue vendido a finales de diciembre al Banco Santander por 150 millones de euros.
Con todo, su gran caballo de batalla (y una de sus banderas electorales durante la pasada campaña electoral antes de los comicios legislativos del 4 de octubre) se centra en devolver a los funcionarios los recortes de sueldo sufridos, así como revertir la desaparición de complementos.
António Costa no ha logrado apaciguar aún los ánimos exaltados del colectivo, que le exige una restitución inmediata (en caso contrario, preparan una huelga). Pero él, consciente de las dificultades para obtener los ingresos necesarios, aboga por hacerlo a partir de julio, como también la puesta en marcha de un IVA reducido al 13% en el sector hostelero (pues el IVA general se sitúa en el 23%).
Y por si lo anterior fuera poco el Parlamento portugués aprobó esta semana la apertura de una comisión de investigación dedicada a esclarecer lo ocurrido en el Banco Internacional de Funchal (Banif), que fue liquidado en diciembre con un coste millonario para el Estado luso. La propuesta, elevada a la Cámara por los socialistas y el resto de fuerzas de la izquierda, contó también con el apoyo de los dos partidos conservadores lusos. Ésta será la quinta comisión de investigación parlamentaria a la banca portuguesa en apenas ocho años, un instrumento que fue utilizado ya el año pasado para depurar responsabilidades en la caída del Banco Espírito Santo (BES), por aquel entonces una de las más importantes entidades financieras del país.
El Banif era el más pequeño de los principales bancos lusos y fue vendido a finales de diciembre al Banco Santander por 150 millones de euros.
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