La corrupción descentralizada

Vanguardia / En estos días, los intendentes del Alto Paraná advirtieron que las conquistas de la descentralización estarían en peligro con las críticas sobre el manejo de los recursos del Fonacide. Señalaron que volver a centralizar los fondos en el Ministerio de Educación sería un grave error y un retorno al pasado. La excesiva centralización del poder en la dictadura de Stroessner había significado no solamente el fortalecimiento del poder omnímodo, sino también el sometimiento de toda la sociedad. Como un mecanismo para evitar que el país vuelva a caer en manos de dictadores, en la Constitución Nacional de 1992, mediante un gran esfuerzo de los representantes del interior del país, se logró incorporar la figura de la descentralización. De hecho, la posibilidad de que los departamentos y municipios puedan manejar sus recursos y establecer sus prioridades y necesidades es una herramienta muy efectiva para el desarrollo. De esta forma se evita la burocracia del Gobierno central y el ciudadano puede tener respuesta más efectiva e inmediata a sus necesidades. Sin embargo, como sucede siempre con nuestras leyes, estamos tratando de copiar legislaciones que funcionan bien en otras culturas, pero que aplicadas a nuestra realidad son un fracaso, porque se trata de imponer manejos que no están acorde al nivel de los dirigentes locales. A 22 años de vigencia de la Constitución y el paso de cinco periodos de gobiernos regionales, somos testigo de la lamentable dilapidación de los recursos que debían ser destinados al desarrollo de las comunidades. Paralelamente, surgen los nuevos clanes de políticos millonarios que manejan los hilos del poder y acaparan las licitaciones y adjudicaciones. La descentralización administrativa puede resultar muy beneficiosa para la sociedad en la medida en que se construya realmente un Estado fortalecido y una ciudadanía consciente, informada y una clase dirigente responsable. En la actuales condiciones, lo que realmente se consiguió descentralizar es la corrupción, la ineficiencia y la complicidad. Al distribuir el dinero en más de 200 municipios y 17 gobernaciones, el Estado Paraguayo no tiene ni la capacidad ni los recursos para establecer un eficiente mecanismo de control. Existen gobernaciones donde literalmente se esfumaron los millones y millones de dinero que fueron transferidos por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no hay ningún exgobernador, procesado ni mucho menos que haya ido a prisión por la dilapidación del dinero público. Al contrario, los exjefes regionales e intendentes, nuevos millonarios de la República, exhiben groseramente su riqueza y ostentan su poderío ocupando una banca en el Congreso. Se sabe que cualquier herramienta sofisticada en manos inexpertas resulta peligrosa. En esa misma línea, la descentralización en manos de caudillejos sinvergüenzas se convirtió en una herramienta mucho más perjudicial. ¿Se debe entonces volver al pasado y centralizar la República? De ninguna manera. Lo que como sociedad debemos procurar es fortalecer las organizaciones intermedias, de control, como las contralorías ciudadanas, y mayor exigencia para los líderes locales, de modo a garantizar el uso transparente y sobre todo honesto de los recursos, para que éstos lleguen realmente a donde se necesita y no terminen en las cuentas bancarias de los clanes que manejan el poder.