El poder y la desigualdad en Latinoamérica

MIGUEL FORCAT LUQUE 27 FEB 2014 - 00:00 CET
En los países desarrollados los ricos están cercanos al poder. En muchos países en vías de desarrollo los ricos son el poder. Este pequeño matiz tiene grandes consecuencias para la eficiencia de la ayuda al desarrollo. Carmen tiene contratada a Ana como asistente de hogar en su casa de Madrid. Ana le trabaja 5 veces por semana con un horario de 8 de la mañana a tres de la tarde. Carmen le paga por ello 420 euros al mes. En Honduras, Eleonor bromea con su situación: "Yo no tengo una casa, ¡yo tengo una empresa!”. Aparte de la chica de la limpieza que viene 6 días a la semana, trabaja para ella una niñera que duerme en casa y un jardinero que le cuida el jardín una vez a la semana. En total paga a los tres empleados lo mismo que Carmen paga a Ana: 420 euros. La ayuda al desarrollo busca esencialmente acabar con la pobreza. En este caso, la ayuda al desarrollo habrá triunfado cuando Doña Eleonor —como la llaman sus empleados— pague a cada uno de sus tres trabajadores de hogar un salario que se aproxime al que paga Carmen a Ana en España. Eso es difícil que ocurra ya que iría contra los intereses económicos de su marido, Don Rafael (he cambiado su nombre para este artículo), alto funcionario del Ministerio de Economía de Honduras y empresario de ese país. La cooperación bilateral es aquella que efectúan los estados de los países desarrollados directamente con los estados beneficiarios (y no a través, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales). En 2013, la cooperación bilateral de algunos países europeos representaba aproximadamente el 50% del importe destinado a la ayuda al desarrollo de los gobiernos de los países desarrollados. Una parte importante de la cooperación bilateral se lleva a cabo a través del apoyo presupuestario, que es el dinero que los países ricos inyectan directamente a los presupuestos nacionales de los países en desarrollo. Para ello, estos países beneficiarios deben cumplir unos requisitos, pero gozan de un amplio margen de maniobra para usar los fondos con bastante libertad. En Honduras, el quintil más pobre capta en promedio menos de 4% de los ingresos totales del país Don Rafael, el funcionario del Ministerio de Economía de Honduras y empresario de ese país, será uno de los actores con mayor poder de decisión sobre cómo usar los fondos para ayuda al desarrollo provenientes de los países donantes. ¿Qué supondría para él y su familia una mejor redistribución de la riqueza en Honduras? ¿Qué consecuencias tendría para su familia que la población de su país fuera menos pobre? Don Rafael debería renunciar a todo el servicio de hogar que tiene a su disposición: Entonces, ¿quién se iba a ocupar de la limpieza de su casa? ¿Quién cuidaría de su jardín? ¿Quién iba a atender a su familia? Y lo que es más importante: ¿Cómo iba a pagar Don Rafael los trabajadores para atender el resto de sus negocios? La Organización Internacional del Trabajo define el salario mínimo como “la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia”. El salario mínimo en España (752,85 euros al mes en julio del 2013) es aproximadamente tres veces el de Honduras (7.419,16 lempiras: 261 euros). La canasta básica en Honduras asciende a 8.000 lempiras (281 euros), mientras que en España, en 2012, una familia gastaba como promedio 566 euros al mes en la compra del supermercado. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en lo que respecta a la distribución del ingreso, la elevada desigualdad sigue caracterizando a la región latinoamericana. En Honduras, un país con un 70% de pobres, el quintil más pobre (20% de los hogares con menores ingresos) capta en promedio menos de 4% de los ingresos totales del país (4% también en Paraguay y República Dominicana, 10% en Uruguay). Durante décadas, las familias hondureñas más ricas se han repartido sus influencias entre la política y la empresa (el 3% de la población controla el 40% de la producción nacional). Estas familias, cinco aproximadamente, controlan el país sin compartir el poder. Todas las decisiones pasan por sus manos, y las relativas a la ayuda al desarrollo recibida de los países donantes no son ninguna excepción. El de Honduras es probablemente el ejemplo más flagrante, pero la concentración de riqueza y poder es una realidad presente en toda América Latina. Abandonar la pobreza puede ser duro para las clases aventajadas de los países en vías de desarrollo. La ayuda al desarrollo debe también concienciar a los poderosos de los países pobres para reducir la desigualdad: Y es que no hay progreso real si no es un progreso igualitario. Miguel Forcat Luque es agregado para asuntos de cooperación de la Unión Europea. Las opiniones de este artículo no reflejan el punto de vista de esta institución.