El tráfico de pasta base y el de cocaína siguen en alza a pesar de los números del CONACE, y es que el narcotráfico es un muy buen negocio. Según el organismo, el consumo de cocaína se estancó, y la pasta base o “angustia” -como le llaman los drogodependientes- crece “levemente”.
Nuestro norte es el pasadizo predilecto de los narcotraficantes para la pasta base, la “borra” de la cocaína, que contiene, entre otros tóxicos, bencina, parafina y ácido sulfúrico.
Es una bomba directa al cerebro que embrutece a los jóvenes y niños de apenas 11 ó 12 años. Una muerte lenta, que deja secuelas neurológicas de por vida. Enormemente adictiva por la breve excitación y sensación de bienestar que provoca, se empina como la tercera droga ilícita más consumida.
En corto tiempo ha alcanzado el récord de grados y porcentajes más altos de consumo, y se extiende por poblaciones marginales y sectores juveniles. “Quitadas de droga” y “ajustes de cuentas entre bandas rivales” aumentan, al igual que la venta, el consumo y el submundo asociado al embrutecimiento de poblaciones que otrora fueron bastiones de la lucha contra la dictadura. Pero ¿cómo llegó la pasta base a nuestro país?
“A mediados de los 70, en la frontera de la Región de Tarapacá, se sabía de la existencia de cocaína, pero no había un consumo importante ni control, por el contrario. Chile era un pasadizo para la cocaína que iba camino a Europa y Estados Unidos. A mediados de los 80, el consumo y el tráfico se masificaron. La pasta base llegó a Arica e Iquique antes de 1985. A fines de los 80 se instaló, y a principios de los 90 se extendió por el país”, dice el suboficial (r) de carabineros José Castillo Carriel, ex jefe de retén en Huara, Ascotán y Ujina, durante la dictadura. Pareciera no ser coincidencia que durante los años en que la cocaína y la pasta base ingresaban a Chile desde Bolivia y Perú, en esos países también imperaban sangrientas dictaduras, que propiciaron y protegieron el narcotráfico. Poblaciones como Jorge Inostroza, Isluga, Las Dunas y Laguna Verde, en Iquique; y El Boro, La Pampa y La Negra, en Alto Hospicio, han vivido durante décadas bajo el submundo de las bandas de narcos. Edith Arancibia, dirigenta de la toma Laguna Verde, en la periferia de Iquique -donde malviven en los faldeos del cerro más de 600 familias hace 14 años-, dice que “los narcos no respetan a nadie. Manejan mucho dinero; ‘compran’ y ‘mojan’ a policías y autoridades a todo nivel… Sólo detienen a microtraficantes, algunos salen a la semana o meses y ahí están otra vez vendiendo y consumiendo, pero a los que lucran a manos llenas con esto no les pasa nada”. Los carteles forman verdaderos ejércitos y redes con policías, jueces y “respetables” empresarios, políticos y autoridades. “Los grandes traficantes no están en las cárceles”, dice la alcaldesa de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), Claudina Núñez, nacida en La Victoria, población azotada por la droga. “Es un problema social que ha estigmatizado a La Victoria desde fines de la dictadura cuando llegó la pasta y la coca”. En La Legua, la población Yungay, la Villa O´Higgins, la población El Castillo, La Pincoya y otras poblaciones de Santiago, pasa exactamente lo mismo. Los recursos para "combatir" el narcotráfico son insuficientes, y el tráfico aumenta amparado en el modelo económico que permite que se erijan prósperos empresarios ligados a la droga.
La pasta se ha convertido en la excusa ideal para institucionalizar la represión policial en poblaciones y sectores juveniles otrora combativos bastiones de la lucha contra la dictadura. Según el gobierno más de un 70% de quienes cometen delitos lo hacen bajo la influencia de alguna droga; el 87%, después “de haberse pegado un pipazo de pasta”. Droga y aumento de la violencia son analizados con lujo de detalles por la Fundación Paz Ciudadana, la joyita del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards. Un estudio de la UC consigna que sólo un 23,5% de los dependientes de la pasta ha recibido tratamiento. No hay centros especializados para la rehabilitación de niños adictos. La “angustia” hoy se vende a $ 500 pesos o menos. Los microtraficantes la mezclan con yeso de murallas, comida para perros, bicarbonato o cualquier cosa. La ceniza de cigarro o de la misma pasta sirve de “cama” para otra dosis. Para el siquiatra Alberto Minoletti, la pasta base destruye el cerebro de forma progresiva: “Las neuronas no se recuperan. Se pierden habilidades como las de relacionarse, trabajar o estudiar”, dice.
En 1996, un estudio de la ONU reveló que Chile “lavaba” 1.000 millones de dólares anuales. Dos años después, la Comisión Andina de Juristas (CAJ), afirmó que nos ubicábamos después de Colombia “en el lavado” con más de 2.000 millones de dólares anuales. Más del 80% de los narcodólares terminaban en bancos de Estados Unidos. Hoy ya nadie se atreve a dar cifras. Tampoco se sabe mucho sobre la exportación de ácido sulfúrico, que se usa como precursor en la elaboración de cocaína. Seguimos siendo un atractivo mercado, puerto y punto de embarque. Más del 70 por ciento de la cocaína y la pasta ingresan por los pasos fronterizos y puertos de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Según el OS-7 de Iquique las principales redes de narcos “son familiares y están vinculadas, de una u otra forma, con organizaciones extranjeras”. “No hay carteles, al modo de Colombia o México y el microtráfico es el último eslabón en la red de distribución de las bandas”. Casi un 80% de los reos en Arica e Iquique pagan culpas por "tráfico" aunque empresarios, proveedores y financistas rara vez llegan a la cárcel. Los grandes "capos" no caen, salvo escasas excepciones, como el dueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, que operó en Chile por años, condenado en Perú junto a la banda Los Norteños por recibir un millón y medio de dólares para enviar droga en vuelos de la aerolínea a México, Estados Unidos y Europa. O el caso del empresario naviero Manuel Losada, cuyo naviero Harbour fue descubierto por guardacostas de Estados Unidos cargando cinco toneladas de cocaína del Cartel de Cali. No fueron aciertos de la policía chilena. Un aspecto poco conocido es que magnos narcos chilensis poseen conexiones con ex agentes, funcionarios y parentelas de la dictadura.
En la investigación de los asesinatos de los agentes de la DINA Gerardo Hüber y Eugenio Berríos quedaron en evidencia algunas redes. Hüber trabajó con Michael Townley en la fabricación de armas químicas. Le destinaron al Complejo Químico del Ejército, en Talagante, donde incluso las ofició de gobernador. En 1991, en la Dirección Logística del Ejército, estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. El dictador Augusto Pinochet estaba al mando de este tráfico por el que recibía "comisiones" a través de compañías offshore y de fachada. Cuando se descubrió el tráfico ilegal de armas chilenas en Budapest, Hüber fue asesinado poco tiempo antes de que atestiguara. El bioquímico Berríos, asesinado en Uruguay, en 1995, por miembros de los ejércitos chileno y uruguayo, trabajó con Hüber y Townley.
En 1996, un estudio de la ONU reveló que Chile “lavaba” 1.000 millones de dólares anuales. Dos años después, la Comisión Andina de Juristas (CAJ), afirmó que nos ubicábamos después de Colombia “en el lavado” con más de 2.000 millones de dólares anuales. Más del 80% de los narcodólares terminaban en bancos de Estados Unidos. Hoy ya nadie se atreve a dar cifras. Tampoco se sabe mucho sobre la exportación de ácido sulfúrico, que se usa como precursor en la elaboración de cocaína. Seguimos siendo un atractivo mercado, puerto y punto de embarque. Más del 70 por ciento de la cocaína y la pasta ingresan por los pasos fronterizos y puertos de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Según el OS-7 de Iquique las principales redes de narcos “son familiares y están vinculadas, de una u otra forma, con organizaciones extranjeras”. “No hay carteles, al modo de Colombia o México y el microtráfico es el último eslabón en la red de distribución de las bandas”. Casi un 80% de los reos en Arica e Iquique pagan culpas por "tráfico" aunque empresarios, proveedores y financistas rara vez llegan a la cárcel. Los grandes "capos" no caen, salvo escasas excepciones, como el dueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, que operó en Chile por años, condenado en Perú junto a la banda Los Norteños por recibir un millón y medio de dólares para enviar droga en vuelos de la aerolínea a México, Estados Unidos y Europa. O el caso del empresario naviero Manuel Losada, cuyo naviero Harbour fue descubierto por guardacostas de Estados Unidos cargando cinco toneladas de cocaína del Cartel de Cali. No fueron aciertos de la policía chilena. Un aspecto poco conocido es que magnos narcos chilensis poseen conexiones con ex agentes, funcionarios y parentelas de la dictadura.
En la investigación de los asesinatos de los agentes de la DINA Gerardo Hüber y Eugenio Berríos quedaron en evidencia algunas redes. Hüber trabajó con Michael Townley en la fabricación de armas químicas. Le destinaron al Complejo Químico del Ejército, en Talagante, donde incluso las ofició de gobernador. En 1991, en la Dirección Logística del Ejército, estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. El dictador Augusto Pinochet estaba al mando de este tráfico por el que recibía "comisiones" a través de compañías offshore y de fachada. Cuando se descubrió el tráfico ilegal de armas chilenas en Budapest, Hüber fue asesinado poco tiempo antes de que atestiguara. El bioquímico Berríos, asesinado en Uruguay, en 1995, por miembros de los ejércitos chileno y uruguayo, trabajó con Hüber y Townley.
Berríos, implicado en el caso Letelier, producía la mítica cocaína negra, además del gas sarín. Hoy se investiga su participación en la muerte del ex presidente Frei Montalva. Berríos fue ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupación Quetropillán, dependiente de la Brigada Mulchén de la DINA. Vivió en la casa de Townley, en Lo Curro, donde mantenían un laboratorio. A fines de los 70, Berríos se integró al Complejo Químico Industrial del Ejército. Cuando comenzó el negocio de la cocaína y la pasta base en Chile, la elite del narcotráfico se codeaba con la alta sociedad de Viña del Mar, donde "la figura" era el empresario Losada. Se sabe que el narco Carlos Zuluaga -representante del cartel de Cali y después del de Medellín en Chile- tenía de “contacto” a un coronel de inteligencia militar.
Traían cocaína del exterior para reelaborarla en Viña del Mar donde la transformaban en cocaína líquida para enviarla a Estados Unidos en botellas de vino. También en Viña vivió el narco peruano Máximo Bocanegra, ex agente de inteligencia militar y amigo de Vladimiro Montecinos. Todos eran íntimos de Berríos y de ex agentes de la DINA y la CNI. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde la Fábrica de Material de Guerra del Ejército (FAMAE) y llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Haití) o Islas Canarias. Hoy se sabe que Pinochet mantenía cuentas secretas en el Banco Riggs y otros proveídas con recursos de la Casa Militar, pero aún no está claro el origen de los más de 20 millones de dólares.
Varias investigaciones periodísticas dejan entrever que el tráfico de drogas y el de armas podrían ser la explicación de la suculenta fortuna. Pinochet. The Politics of Torture (1999) de Hugh O'Shaughnessy, Traficantes & Lavadores (1996) de Manuel Salazar, y La Delgada Línea Blanca. Narcoterrorismo en Chile y Argentina (2000) de Rodrigo De Castro y Juan Gasparini, revelan conexiones entre la dictadura, la familia Pinochet y el tráfico de drogas. En Asesinato en Washington (1980) los periodistas Dinges y Landau informan que Manuel Contreras, director de la DINA, “dio protección a narcotraficantes recibiendo por ellos pagos que fueron a la DINA y al lobby cubano anticastrista”, lo que demuestra que las “conexiones y negocios” involucraron al alto mando de la dictadura, las Fuerzas Armadas y los servicios de seguridad. Una forma de “financiar” las operaciones exteriores de la DINA y posteriormente de la CNI habría sido el comercio clandestino de drogas y el tráfico de armas.
Negocios entre Marco Antonio Pinochet y el narco Yamal Edgardo Bathich fueron investigados, y son parte del libro de De Castro y Gasparini. Pinochet Jr. y Bathich eran accionistas de Chile Motores. Posteriormente el narco colombiano Jesús Ochoa se hizo socio de la compañía, que cambió a Focus Chile Motores. Bathich mantenía negocios con su primo, Monzer Al Kassar, traficante de armas sirio, condenado en Londres por tráfico de drogas. Existe un convincente panorama de vinculaciones no santas entre la dictadura y la droga. Frankell Baramdyka, infante de marina de Estados Unidos, que traficó droga y dinero en el Caribe bajo órdenes de oficiales norteamericanos en beneficio de los “contras” estaba casado con una chilena, accionista de la pesquera Redes del Pacífico. Baramdyka llegó a ser gerente general de esta empresa pantalla que “exportaba” droga. Baramdyka aseguró que sus “contactos” colombianos se abastecían de materias primas para la elaboración de cocaína en el Complejo Químico Industrial del Ejército. Dijo también que la CNI organizó en Europa una red de venta de cocaína y que en 1987 organizaron vuelos con embarques de cocaína disimuladas en envíos de bombas de racimo.
Se dice que Berríos mezcló cocaína con sulfato ferroso y otras sales minerales para quitarle el olor y hacer más fácil su exportación. Berríos y otros ex agentes e incluso altos oficiales del régimen militar habrían formado una red de tráfico que abastecía a Australia y Europa, principalmente. “Berríos se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcos mientras estaba bajo custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya. Era una organización secreta criminal conformada por miembros activos y en retiro de los aparatos del Ejército que, además de cómplices de encubrimiento, se dedicaron al lucro ilícito a través del tráfico de armas, estafas, fraudes, evasión tributaria e incluso, al comercio de estupefacientes y de sustancias químicas prohibidas”, dice el periodista Manuel Salazar. Detectives que investigaron la desaparición de Berríos en Uruguay recibieron antecedentes que les permitieron detener en septiembre de 1993, en una lujosa mansión de Lo Curro, al narco peruano Jorge Saer, que se encontraba ilegalmente en Chile. Era buscado por Interpol en Inglaterra, Australia, Italia, España y Alemania -donde lo sindicaban como uno de los principales involucrados en la internación de 2.854 kilos de cocaína a Berlín-. “Un día antes que la Suprema aprobara su detención preventiva para ser deportado, Saer obtuvo la libertad bajo fianza y salió de la ex Penitenciaría, donde estaba recluido, para huir al extranjero”, dice Salazar. Saer era socio de otro narco, Juan Cornejo Hualpa, ambos tenían empresa de importaciones y exportaciones como fachada. La captura inicial de Saer provocó la huida de Cornejo, que abandonó bienes avaluados en dos millones de dólares, incluyendo también una mansión en Lo Curro.
“Se presume que Berríos consiguió procesar un tipo de cocaína sin olor, o bien encontró un nuevo método para refinarla con alta pureza. Se cree que el bioquímico consiguió cambiar el proceso de maceración de la pasta base. Resultan de especial interés los últimos contactos que hizo Berríos en Chile antes de desaparecer: se comunicó con agentes de la DEA y con un detective antinarcóticos del norte de nuestro país. El bioquímico ofreció información a cambio de protección. Pero, ¿cuáles fueron los motivos de Berríos para comunicarse con la DEA? ¿Se sentía abandonado por los ex agentes de seguridad del régimen militar y quiso buscar un nuevo alero protector? ¿Estaban coludidos los narcotraficantes con oficiales de la inteligencia militar?”, se pregunta Salazar.
No es coincidencia que durante los años en que la cocaína y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia vivían sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor, y admiraban los métodos de Pinochet y la DINA, y que, además, respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas.
“Se presume que Berríos consiguió procesar un tipo de cocaína sin olor, o bien encontró un nuevo método para refinarla con alta pureza. Se cree que el bioquímico consiguió cambiar el proceso de maceración de la pasta base. Resultan de especial interés los últimos contactos que hizo Berríos en Chile antes de desaparecer: se comunicó con agentes de la DEA y con un detective antinarcóticos del norte de nuestro país. El bioquímico ofreció información a cambio de protección. Pero, ¿cuáles fueron los motivos de Berríos para comunicarse con la DEA? ¿Se sentía abandonado por los ex agentes de seguridad del régimen militar y quiso buscar un nuevo alero protector? ¿Estaban coludidos los narcotraficantes con oficiales de la inteligencia militar?”, se pregunta Salazar.
No es coincidencia que durante los años en que la cocaína y la pasta base se instalaron en Chile, Perú y Bolivia vivían sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan Cóndor, y admiraban los métodos de Pinochet y la DINA, y que, además, respaldaron y apadrinaron el narcotráfico como método para financiar sus operaciones genocidas.
El mítico Klaus Barbie -el carnicero de Lyón-, fue agente de las SS y la Gestapo durante el régimen Nazi. A pesar de ser un criminal de guerra fue protegido y trabajó para las agencias de inteligencia de Inglaterra y Estados Unidos, que no lo entregaron para ser juzgado en Nüremberg. Barbie huyó a Argentina y después a Bolivia gracias a la ayuda de la Iglesia Católica. En La Paz -¡Oh coincidencia!- se dedicó al narcotráfico. Fue el protegido de los dictadores Hugo Banzer y Meza García, quienes respaldaron el narcotráfico. Barbie usaba el nombre de Klaus Altmann e incluso trabajó como torturador en Perú y Bolivia. Eran los años setenta y ochenta, del Plan Cóndor, la transnacional del terror… y del tráfico.
(*) Fuente: El Clarín www.elclarin.cl.
http://www.liberacion.cl/ddhh_pinochet09.htm
http://alainet.org/active/29558&lang=es
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