Segundo Imbert Brugal.
La semana pasada disfruté dos paneles sobre el escándalo Odebrecht. El primero en “Esta noche Mariasela”, debatiéndose el acuerdo firmado por el gobierno con la constructora; el otro, desde Miami, en “Ahora con Oscar Haza “, analizando la contaminación latinoamericana del gigantesco cohecho. Una vez más, comprendí la complejidad y consecuencias políticas del asunto y, sin ser letrado, asimilé datos y detalles sobre la negociación dominicana, tomando notas del proceder judicial en otros países afectados.
En el debate local, dos lucidos y bien informados consultores del gobierno defendieron lo signado por el ministerio público. Ambos jurisconsultos fueron contundentes respondiendo a cada pregunta, exhibieron verbo fluido y apabullante. Esgrimieron argumentos bien fundamentados, apenas rebatidos por sus contrarios. Casi convencen.
Pero esa manera retorcida, lenta y complaciente, con la que tradicionalmente actúa el ministerio público cuando de corrupción se trata, el hecho de que no tengamos ningún corrupto preso y, como enfatizó el mismo Licenciado Jorge Pratts durante el debate, que el procurador se deba fundamentalmente al gobierno, hacen lógico e inevitable el escepticismo generalizado de la población. Sin embargo, creo que habrá prisioneros y condenas.
Acotejando el fárrago de leyes y retórica penalista a mi disposición, pude leer entre líneas y llegar a conclusiones. Ahora me atrevo a predecir el futuro del expediente, como si lo estuviera viendo en una bola de cristal. Claro, condicionado al reventón que producirá el destape que viene desde Brasil en Junio.
No es difícil colegir que el controvertido documento ofrece múltiples salidas de escape y pocos grilletes; es proclive a la artimaña, al enlentecimiento, y a las exclusiones. El expediente será declarado “complejo”, prestándose al mamoneo. Otorga márgenes operacionales complacientes a posibles imputados, y a la compañía delictiva. Permite concentrarse en aquellos nombres que provengan de la delación obligada (nombres que pudieran estar pactados). Y facilita la exclusión del juicio de un sospechoso: Danilo Medina. No escucharemos su nombre entre sobornados ni sobornadores. De esta manera, constreñido por la debida y constitucional obediencia a la presidencia, el procurador cumplirá su palabra.
Ante los tribunales, tendremos principalmente a exfuncionarios leonelistas , un par de chivos expiatorio del actual gobierno, y puede que un hipolitista. El número de condenados será el suficiente para salvar cara. Ni más, ni menos. El receptor del dinero, el billonario Rondón, quien ha tenido amplias facilidades para limpiar su casa, borrar huellas, y legalizar negocios, sufrirá por unos meses: sabe demasiado como para dormir entre barrotes mucho tiempo.
Investigaciones fiscales rigurosas y sin obstáculos, como las que llevaron a Al Capone a morir en la cárcel en los años cuarenta, y en estos tiempos al tramposo ex primer ministro Berlusconi y al exdirector del FMI y exvicepresidente del gobierno español, Rodrigo Ratos, no se harán aquí: ningún procurador puede husmear el cumplimiento fiscal de las elites partidarias. “Esa tecla no se toca”.
La comisión de notorios y notables, cuya misión es dictaminar sobre la validez de la licitación que otorgó el contrato para construir las plantas de Punta Catalina, recomendará asesorías adicionales, subrayará “pequeñas irregularidades” y cosas por el estilo. Aclarara poco, quizás nada.
En pocas palabras: media docena de presos, Rondón sufriendo un poquito, Odebrecht terminando contratas, Punta Catalina purificada y, sobre todas las cosas, no se mancillara en vano el nombre del presidente. De tal forma, que no estarán todos los que son, ni serán todos lo que estén. No obstante, si la gente sigue furiosa y marchando, darán al traste con mis vaticinios, el acuerdo y las prisiones selectivas. ¡Romperán en mil pedazos mi bola de cristal!
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