Pablo Lopez Vigo.
“El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo”. Ese es el mensaje telefónico que se encuentran los turistas o simples interesados que desean conocer por dentro el histórico Pazo de Meirás. A los herederos de Francisco Franco nunca les hizo gracia tener que abrir a intrusos las puertas de la mansión, un imperativo legal que entró en vigor en 2011 tras su declaración como bien de interés cultural (BIC), pero las trabas iniciales han derivado en un completo bloqueo a las visitas, que solo se pueden llevar a cabo tras pedir una cita imposible de conseguir.
“El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo”. Ese es el mensaje telefónico que se encuentran los turistas o simples interesados que desean conocer por dentro el histórico Pazo de Meirás. A los herederos de Francisco Franco nunca les hizo gracia tener que abrir a intrusos las puertas de la mansión, un imperativo legal que entró en vigor en 2011 tras su declaración como bien de interés cultural (BIC), pero las trabas iniciales han derivado en un completo bloqueo a las visitas, que solo se pueden llevar a cabo tras pedir una cita imposible de conseguir.
No hay página oficial que facilite las cosas, pero la de Turismo de Galicia, de la Xunta, detalla los requisitos. Para visitar el pazo es necesario reservar en el correo visitaspazomeiras@gmail.com y facilitar nombre, apellidos y DNI de las personas que lo quieran franquear. Nadie responde en esa dirección. Como teléfono de información figura el 609 419 096. No existe. De ser atendidos, los potenciales visitantes tendrían que encajar sus recorridos en el horario establecido. Solo los viernes a las 11:00, 12:30, 15:00 o 16:30. En agosto, para que nada altere el descanso vacacional de los herederos, se concentran entre los días 28 y 31, cuando se supone que la familia ha regresado ya a sus quehaceres de invierno. Pero es igual: con los sistemas de cita desconectados entrar en el pazo es simplemente imposible.
La declaración del pazo como BIC se produjo en 2008, durante el único paréntesis de gobiernos del PP que ha tenido Galicia desde 1990. La familia Franco recurrió en los juzgados, pero en 2010 el Tribunal Supremo desestimó sus pretensiones y el 25 de marzo de 2011 las puertas del emblemático inmueble se abrieron por primera vez al público. Fue un acontecimiento de relevante simbolismo histórico, dadas las condiciones en que en 1938 la mansión fue adquirida mediante una suscripción “voluntaria” de trabajadores y vecinos de A Coruña para su entrega al militar sublevado, que estableció allí su residencia de verano.
La apertura del pazo se ha encontrado desde el principio con numerosos impedimentos. Por ejemplo, no son pocos los turistas que se quejan de que, pese a conseguir hora, una vez allí se les comunica que el cupo está cubierto. El Ayuntamiento de Sada, en el que está enclavada la residencia, se ha ofrecido a tramitar directamente las visitas, pero se ha encontrado hasta ahora con la resistencia de la Xunta, que decidió que fuera la propia familia Franco la que llevara la gestión.
El Gobierno gallego no dio sus primeras muestras de hartazgo ante la actitud de los descendientes del dictador hasta marzo del año pasado, cuando la Dirección de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura, abrió una investigación para comprobar si la familia incumplía su obligación de abrir el pazo al público todos los viernes del año. Aquel expediente se archivó con rapidez, porque el Ayuntamiento de Sada, que impulsó la investigación, aportó“escasas” protestas ciudadanas, que los gestores del sistema achacaron a un problema puntual con el correo electrónico. La empresa sostuvo entonces que en ningún momento había pretendido obstaculizar las visitas y que respondía en aquel momento a los correos atrasados.
Ante la constatación de que el teléfono no funciona y los correos no son contestados, el departamento de Cultura de la Xunta ha solicitado nuevamente información adicional a los propietarios de las famosas Torres de Meirás. El Ayuntamiento de Sada ha recibido más de 30 quejas en los últimos meses de visitantes frustrados ante la imposibilidad de conocer el casón, por lo que advirtió a la Xunta del bloqueo. La Consellería de Cultura aguarda lasexplicaciones de los propietarios, pero ha avanzado que tomará “las medidas oportunas” para garantizar que se cumpla la ley.
El caso ya llegó al Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo autonómico, que pidió explicaciones tras denunciar un joven en silla de ruedas que los encargados del pazo le habían impedido pasear por los salones del pazo porque podía rayar el suelo. Su denuncia, avalada por las monitoras de la excursión, llevó al Valedor a abrir diligencias de oficio. Los propietarios apelaron entonces a problemas de accesibilidad y la Xunta se limitó a exigir medidas para suprimir las barreras en la medida de lo posible, aunque el rechazo no tuviera que ver con la movilidad, sino con los supuestos desperfectos de la silla en el suelo.
En Sada, donde gobierna una coalición liderada por una de las mareas gallegas, el alcalde reclama una mesa con Xunta, Diputación, Gobierno y propietarios para negociar el futuro de un pazo que perteneció a Emilia Pardo Bazán, una casa a la que Franco llamaba “mi Parlamento de bolsillo” y en la que celebró tantos consejos de ministros veraniegos. El regidor, eso sí, descarta como solución la expropiación para recuperar el inmueble, ya que considera que fue arrebatado a sus anteriores propietarios.
En efecto, el regalo a Franco tuvo poco de legal. En plena guerra civil, un grupo de políticos y empresarios coruñeses deseosos de ganarse el favor del militar sublevado decidió agasajarlo con una residencia en su Galicia natal. Al frente de ellos estaban el entonces gobernador civil de A Coruña y futuro jefe de la Casa Civil del Generalísimo, Julio Muñoz Aguilar, y el banquero Pedro Barrió de la Maza, que conseguiría el curioso título de conde de Fenosa.
Una Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo inició la “suscripción popular”, en la que los coruñeses eran invitados a realizar “una aportación voluntaria para la adquisición y reconstrucción de la finca Torres de Meirás, dedicada al Caudillo”. Abundan los relatos de las consecuencias que conllevaba la oposición a participar en el obsequio. Las propias autoridades locales fijaban la cantidad del donativo, hasta alcanzar las 400.000 pesetas en que se cerró la operación, que dio paso a otra posterior para obras y expropiaciones forzosas para duplicar los terrenos y acondicionar la propiedad. Quienes se resistían a perder sus tierras eran amenazados con ser expulsados a Asturias, aún bajo control de los republicanos.
Los descendientes del caudillo, con su hija Carmen Franco Polo a la cabeza a sus 90 años, no pusieron las cosas fáciles a la Xunta cuando impulsó la declaración del pazo como bien de interés cultural ni lo hacen ahora para facilitar las visitas. Ya lo advirtió en 2015 la única hija del dictador, en una de las pocas entrevistas en las que ha hablado del asunto: “El pazo fue un regalo y me gasté muchísimo dinero en acondicionarlo y restaurarlo después de que se incendiara”. Y mientras la nieta presumía de casa veraniega en las revistas del corazón, su madre ya advertía que las cosas se iban a poner difíciles: “Ya veremos cómo acaba ese tema, están muy pesados...”.
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