El uso excesivo de la fuerza y la impunidad ante violaciones a los derechos humanos fueron las principales críticas hacia Chile en el informe anual de Amnistía Internacional presentado este miércoles.
Durante todo el documento se hizo referencia a situaciones globales que afectan a todo el mundo, aunque el caso de Santiago fue nombrado en reiteradas ocasiones en estas materias.
En ese sentido, el organismo recalca que “sigue suscitando preocupación la impunidad tanto por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como por las que se siguen cometiendo en la actualidad”.
Además, sostiene que “la policía y las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza”.
“En Chile, los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, que golpearon, maltrataron y en ocasiones incluso mataron a manifestantes pacíficos y a otras personas, muchas veces quedaron impunes”, lamenta Amnistía Internacional en su informe.
En ese contexto, explica que “era habitual que los tribunales militares —encargados de los casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad— no investigaran adecuadamente ni enjuiciaran a los agentes sospechosos de haber cometido un delito, y los juicios normalmente no alcanzaban los más básicos niveles de independencia e imparcialidad”.
Además, el organismo hizo referencia a los casos pendientes por los crímenes cometidos durante el gobierno de Augusto Pinochet. “En países como Argentina, Bolivia, Chile y Perú, la impunidad constante y la falta de voluntad política para investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional —entre ellos, miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— que se habían perpetrado en el contexto de las dictaduras militares de décadas anteriores seguían negando la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familias”, recuerda el documento.
COMUNIDADES INDÍGENAS
Amnistía Internacional también critica la situación que viven las comunidades indígenas. “La realidad cotidiana para miles de personas era una vida ensombrecida por la exclusión, la pobreza, la desigualdad y la discriminación sistémica”, detalla la organización.
Asimismo, agrega que “los pueblos indígenas siguieron viéndose desplazados a la fuerza de sus propias tierras por agentes estatales y no estatales —entre ellos terratenientes y empresas— que buscaban su propio beneficio económico”.
Si bien reconoce que “el Congreso creó una comisión para investigar la violencia en la Araucanía”, añade que esta “se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuche como forma de protesta”. Además, lamenta que “las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades no se investigaban porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión”.
El informe también detalla una serie de casos en que han aumentado las medidas cautelares para los comuneros indígenas imputados e incluso precisa que algunas personas que habían sido acusadas de delitos graves finalmente fueron absueltas al no demostrarse su responsabilidad en los hechos.
En contrapartida, Amnistía Internacional recuerda que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella cuyo objetivo era presionar para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 cuando fue detenido por la policía en Puerto Montt. A raíz de la querella, un tribunal militar también reabrió la investigación”.
No obstante, recalca que “aún no se conoce el paradero de José Huenante y ninguna de las dos investigaciones ha dado con los responsables de esta desaparición”.
ABORTO
Por último, el documento también da cuenta de que en Chile "el aborto sigue tipificado como delito en todas las circunstancias".
"Varias mujeres que solicitaron asistencia médica por complicaciones derivadas de abortos inseguros, corrieron peligro de ser acusadas penalmente tras ser denunciadas a las autoridades por profesionales de la salud", especifica el informe.
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