Genaro Mejía
En materia de corrupción y soborno, no sólo el gobierno mexicano está reprobado. También las empresas, corresponsables en la comisión de estos delitos, están lejos de hacer la tarea que les toca en materia de aplicación de programas de prevención dentro de sus organizaciones.
En México, sólo 48% de las compañías cuentan con un programa formal de antisoborno y corrupción por escrito, revela la encuesta “Antisoborno y corrupción: enfrentando el desafío en la era de la globalización”, realizado por firma de auditoría y consultoría KPMG, mientras que a nivel mundial más de 60% sí lo tienen.
“Existe un sentimiento muy generalizado entre la población de que somos un país corrupto, pero la corrupción empieza desde cada uno. Es una cuestión personal, pero también un tema de la comunidad empresarial”, dice en entrevista Judith Galván, socia del área Forensic, especialista en Antisoborno y corrupción de KPMG México.
A nivel mundial, dos tendencias están significando nuevas dificultades para las empresas: las más estrictas regulaciones de varios gobiernos en materia de soborno y corrupción, y la dependencia de las compañías de terceros para hacer negocios, en la medida que sus operaciones se globalizan.
De acuerdo al reporte de KPMG, en el que se encuestó a 659 directivos de diversas áreas relacionadas con cumplimiento en 64 países, incluyendo a México, el problema de la falta de acciones por parte de las empresas para prevenir y combatir el soborno y la corrupción prevalece en todo el mundo, ya que 34% de las compañías admitió no tener un proceso formal para identificar a terceros de alto riesgo, como socios, proveedores, clientes y empleados.
“A pesar de los mejores controles y rigurosas políticas antisoborno y corrupción, las compañías siguen fallando en cumplir regulaciones más estrictas y, en consecuencia, son fuertemente multadas”, dice Shelley Hayes, socia líder del área de Forensic de KPMG México.
En México, la situación empeora, ya que 55% de los encuestados admitieron no tener un proceso formal para identificar a terceros de alto riesgo y 23% no sabe cuáles son esos terceros.
“El problema es particularmente grave en el manejo de los terceros relacionados, quienes han incrementado su actuación como canales para conducir los sobornos, lo que dificulta la tarea del rastreo”, explica Hayes.
Por ejemplo, en el proceso de alta de proveedores, que es clave para identificar a terceros de alto riesgo, sólo 32% de las empresas mexicanas tienen un proceso formal, mientras que a nivel global el nivel es de 57%.
Pagar doble
México tiene niveles de corrupción similares a los que tienen Filipinas, Armenia y Mali, según el reporte de 2015 de Transparencia Internacional, al ubicarse en el lugar 95 de entre 168 países, donde los primeros en el ranking son los menos corruptos y los últimos lugares los más corruptos.
Se trata de un problema que afecta a las empresas de forma clara, pues se termina pagando doble en las licitaciones o asignaciones de contratos públicos. “La corrupción hace mucho más costoso hacer negocios, porque no sólo te cuesta el proyecto, sino tienes que absorber el costo del soborno, lo que hace que se vuelva menos competitiva la economía”, explica Judith Galván.
Pese a todo, para la socia de KPMG, el país se encuentra en una coyuntura positiva para avanzar en la materia, ya que después del anuncio del Plan Nacional Anticorrupción del gobierno, espera que éste se traduzca en leyes federales que ayuden al mejor combate del delito.
Sin embargo, la experta de KPMG tiene claro que no sólo el gobierno tiene que avanzar en la materia: “No debemos de estar esperando a que el gobierno resuelva el problema, sino que desde la comunidad empresarial, todas las organizaciones debemos ver qué hacer para mejorar.”
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