12 de julio de 2016 - 12:04 am -
En ese contexto es que el discurso de Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tiene validez, al fijar cuatro pilares que deben incluirse en las decisiones institucionales para que la democracia sea operacional y efectiva.
¿Conspiran los políticos dominicanos contra la institucionalidad democrática el país?
No necesariamente, pero al defender sus intereses como partido, y el derecho que entienden ganado con el voto a decidir los destinos del país, se creen en posibilidad de romper las reglas del juego para su propio beneficio. Piensan que no hacen daño a la institucionalidad, pero al momento de actuar rompen con el todo el esquema democrático establecido.
El Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, se cree con la libertad de decidir en su Comité Político todo cuanto le está autorizado exclusivamente al Congreso Nacional, por ejemplo. Para el Comité Político del PLD decidir quién debe presidir el Senado y quién debe presidir la Cámara de Diputados es una razón suficiente y legítima para que el país lo acepte. Hay también abogados que lo creen legítimo. Pero el Comité Político del PLD no es un órgano del Estado, es una entidad privada, que escogen exclusivamente los miembros del PLD cuando se les convoca para ello. Eso no está en la Constitución de la República.
Y peor todavía. El Comité Político del PLD fue quien decidió que se cambiara la Constitución de la República en su artículo 124, y permitir la reelección de Danilo Medina. Ese organismo es privado, del PLD, no es público y carece de potestad legítima para tomar decisiones en nombre del conjunto de los ciudadanos de la República Dominicana. Los estatutos del PLD gobiernan a ese partido, no al país. La Constitución de la República es lo que manda para el conjunto de los dominicanos, no los estatutos del PLD. Esa sutileza se ha impuesto y ha quedado establecida como una verdad constitucional. Y no lo es.
El PLD es un partido financiado con fondos públicos, pero responde a intereses privados. Y hasta se entiende que dentro del PLD haya tendencias o grupos de intereses que tienen ambición por el control del Estado. El PLD postula candidatos que el país valora y los elige en función de sus cualidades. Elegir un candidato propuesto por el PLD no le da legitimidad al PLD para imponer al país toda su estructura, y de paso controlar la JCE, el TSE, el Senado, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público, los gobernadores, los Alcaldes, los jueces, fiscales, los policías, militares, embajadores y alcaldes pedáneos. Si estamos ante un régimen democrático, se entiende que existe lo que se llama un sistema de representación que involucra a muchos más actores que los que representa el PLD como entidad política.
Los temas de la institucionalidad son más trascendentes y van más allá que los intereses políticos particulares que represente un partido. El cumplimiento de la ley y la aceptación de los valores democráticos son fundamentales para el desarrollo del país y de la sociedad. Por tanto, no es posible dejar a los políticos las cuestiones institucionales. El político es un ambicioso de poder, que tradicionalmente busca jugar con él poder, quedarse con el poder y poner en marcha un esquema de ventajas que siempre resulte beneficioso para él y los suyos.
La política va más allá de los políticos. Por eso, los empresarios, los académicos, los intelectuales, la sociedad civil, los independientes tienen que ser parte de la toma de decisiones. Cuando los contrapesos del poder no operan adecuadamente, por ejemplo, hay que recurrir a los terceros, que están en la sociedad civil, para que la democracia siga operando. Y tenga calidad y nivel de representación.
En ese contexto es que el discurso de Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tiene validez, al fijar cuatro pilares que deben incluirse en las decisiones institucionales para que la democracia sea operacional y efectiva. La política es una cuestión muy seria para dejarla en manos de los políticos en forma exclusiva.
El país necesita líderes que garanticen instituciones que operen adecuadamente, en concordancia con la ley. Y claro, necesita leyes que sean aplicadas y aplicables. Y legisladores y funcionarios que estén claros en que cumplir la ley es una obligación, no una diversión medalaganaria con la que se puede jugar.
Necesitamos que este país funcione y que las leyes sean para cumplimiento de todos y todas. Y en ese sentido es que hace falta ahora, ya, que las propuestas lanzadas muy sabiamente por Rafael Blanco Canto se apliquen ahora. Para que en cuatro años no nos lamentemos de carecer de una nueva ley electoral justa, una nueva ley de partidos políticos que sea equilibrada, una ley de responsabilidad fiscal que detenga los déficits fiscales por conveniencia electoral o una decisión de quienes componen las altas cortes de acuerdo a las conveniencias de quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura.
La ambición de los políticos, generalmente, va más allá de su vocación democrática. Para evitar que así sea, es bueno que existan contrapoderes que nos ayuden a mejorar la calidad de la democracia.
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