El país no podrá aumentar su desarrollo social hasta que la justicia no se aplique a todos por igual, particularmente a aquellos que desde posiciones de poder y control violen las leyes y su única sanción sea irse a casa.
Un juez o un fiscal corrupto y un policía que comete delitos deportivamente no pueden ser simplemente destituidos. En sus manos tuvo la seguridad y defensa de la ciudadanía y el arbitraje social. Es más, su falta es más grave que la de un ciudadano común porque fue investido de autoridad y usó esa investidura para delinquir.
A un policía que es dado de baja por ladrón se le está premiando si se le envía a su casa sin otra sanción y muchas veces con una pensión. El ejemplo que se envía a la sociedad es que el pacto ciudadano se ha roto en desmedro de la seguridad de todos.
Quien cometió una falta grave debe resolver su problema ante un juez, jamás irse tranquilo a su casa para seguir delinquiendo o dañando la imagen de la institución que representaba. Necesitamos una justicia que sea ciega, o sea, para todos.
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