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sábado, 16 de septiembre de 2017

Pugna en partido de Horacio llevó a Trujillo al poder

Rafael Núñez | Especial para Listín Diario
Santo Domingo
El 17 de septiembre de 1929, la Junta Superior Directiva del Partido Nacional, de Horacio Vásquez, forzó una reelección después de agotar innúmeras escaramuzas del entonces presidente, lo que desató todos los demonios con la instauración de la dictadura de Rafael L. Trujillo, que se perpetuó por 31 años en la República Dominicana.
Horacio Vásquez y Federico Velásquez fueron el binomio que cuatro años antes se presentó como opción política para las elecciones organizadas con colegio electorales tras la salida del país de las tropas norteamericanas.
Aquella alianza electoral entre el Partido Nacional, de Horacio Vásquez, con el Progresista, de Federico Velásquez Hernández, llevó a esa coalición a una contundente victoria el 15 de marzo de 1924, obteniendo un 62 por ciento (210 votos electorales) contra 91 que alcanzó la alianza encabezada por Francisco J. Peynado (Pancho).
Para no pocos estudiosos de la historia y analistas políticos de los hechos ocurridos después de la salida de las tropas norteamericanas del territorio, la actitud asumida por el primer presidente electo, Horacio Vásquez, fue la que creó la coyuntura ideal para el asalto al poder de Rafael L. Trujillo, un joven militar que apenas tenía 37 años.
Varios factores incidieron para allanar el camino al poder a Trujillo, según el parecer del historiador Bernardo Vega: sus planes de permanecer en el poder más allá de lo estipulado en la Constitución que lo escogió por cuatro años junto a Federico Velázquez en la vicepresidencia de la República.
La impopularidad de Vásquez fue el segundo elemento; un tercero fue “la forma rapidísima en que ascendió al joven militar (Trujillo) dentro de los rangos del Ejército”.  (Ver “Historia general del pueblo dominicano”, tomo V, páginas 57 a 117, Bernardo Vega).
“Bien  puede decirse” -dice Vega-“que Horacio Vásquez fue uno de los principales responsables del ascenso de Trujillo al poder, dado su afán de permanecer en el palacioÖ”.
Aunque según los historiadores, la elección de Vásquez y Velázquez no fueron regidas por ninguna Constitución, sino que ese certamen electoral estuvo bajo el tratado de Evacuación, aceptado como ley sustantiva del país por el gobierno provisional de Juan Bautista Vicini Burgos, el Partido Nacional sostenía que su líder y los senadores fueron escogidos mediante la Constitución de 1908, que establecía un período presidencial de seis años.
Los horacistas que pretendían seguir dos años más disfrutando de privilegios, con la prolongación del período hasta el 16 de agosto de 1930, mientras sus opositores alegaban que culminaba ese mismo día pero de 1928.
Toda esa confusión se produjo porque en el mes de junio, tres meses después de las elecciones de 1924, se hizo una reforma constitucional que modificó elementos esenciales de la estructura electoral dominicana.
En primer lugar, se eliminó el sistema de elección por colegios electorales, que era una imitación del norteamericano, creando el sufragio directo para el Presidente y, al propio tiempo, se establecía la Vicepresidencia de la República.
El punto más álgido de esa modificación a la Constitución tuvo que ver con la cláusula que prohibía la reelección presidencial, lo que se estableció en el artículo 44 de la manera siguiente:
“La persona elegida para Presidente de la República no podrá ser electa para ese cargo ni electa para la Vicepresidencia en el período constitucional subsiguiente”.
Aunque Horacio Vásquez se ha considerado un hombre honesto en la administración de los recursos, porque no se enriqueció durante sus mandatos presidenciales, no para pocos investigadores de aquellos años turbulentos, el político se dejaba presionar de seguidores, allegados y familiares.
Los seguidores de Horacio Vásquez no solo le generaban presiones y conflictos al gobierno tratando de prolongar el período de cuatro a seis años, sino que abogaban para que en la extensión por dos años, Federico Velázquez no asumiera la vicepresidencia alegando que ese puesto no estaba contemplado en la Constitución de 1908.
En ese punto, el historiador Bernardo Vega refiere que “en verdad cuando se aprobó la Constitución de 1924, Vásquez ya había sido elegido, pero todavía no había jurado al cargo. Velázquez, por su lado, argumentaba que Vásquez le había prometido apoyarlo en su candidatura presidencial en 1928, a cambio de los votos que consiguió para la boleta de la Alianza en 1924”.
Desde diferentes sectores de la sociedad, especialmente extranjeros, trataron de persuadir a Horacio Vásquez para que desistiera no solo de extender dos años más el período presidencial, sino de optar por la reelección.
El historiador Vega cita que “en los archivos norteamericanos en septiembre de 1926 el ministro Evan E. Young trató de convencer a Vásquez de que su mandato era solamente por cuatro años y que no podía extenderlo a seis”.
Los gobernadores, legisladores y funcionarios públicos les interesaba correrse dos años más de lo estipulado, pero había un personaje, José Dolores Alfonseca, médico del presidente Vásquez quien también le aconsejaba para que no extendiera el mandato más allá del 28, pues así sería el sucesor de su paciente.
Vista las cosas así, se produjo una competencia entre Alfonseca y Federico Velázquez por la sucesión al trono presidencial. En medio del debate de si se extendía el período, el Vicepresidente viaja a Washington para tratar de impedirlo, sin que consiguiera apoyo de los Estados Unidos.
“ÖPero los norteamericanos le informaron que no intervendrían en el asunto, como no lo habían hecho dos meses antes cuando el presidente cubano Gerardo Machado había visitado Washington y tampoco habían impedido las medidas que lo mantendrían al frente del gobierno”, escribe Vega.
Aunque Horacio Vásquez había anunciado que desistiría de prolongar el período, este comunicó posteriormente al ministro Evan E. Young que estudiaba con especialistas legales porque su elección fue anterior a la promulgación de la Constitución y que, por lo tanto, la limitación a cuatro años no se aplicaba a él. El Colegio Electoral escogió al presidente el 15 de marzo 1924 y juraron el 12 julio, mientras la reforma se llevó a cabo en junio. 
A la Constitución votada en junio fue la que se comprometieron a obedecer y defender tanto Vásquez como Velázquez cuando tomaron juramento en julio, un mes después.
Pero las cosas se iban a complicar aún más por la ambición de continuidad de Vásquez y sus seguidores, pues como tenía mayoría en el Congreso se convocó a una Asamblea Constituyente, que el Presidente no vetó.
“En abril de 1927, cuando faltaba más de un año para que expirara el período de Vásquez, el Congreso dominicano, controlado por los horacistas, aprobó una ley autorizando la convocatoria a una Asamblea Constituyente”.
La constituyente sancionó prolongar el período hasta 1930, sin que pudiese ser reelegido y que si el Vicepresidente no juraba a su cargo en 1928, se consideraba que había renunciado. Se dispuso, además, que Federico Velázquez solo podía suceder al Presidente en caso de renuncia o fuese inhabilitado, pero no en caso de que muriera, como establecía la Carta Magna de 1924.
Vega entiende que “al parecer la política cubana influyó en la decisión dominicana porque el presidente Gerardo Machado había sugerido que la Constitución de ese país fuera enmendada para extender la presidencia de cuatro a seis años”. 
Las maniobras y trapisondas de los horacistas no se detuvieron con la Constituyente, pues en junio de 1928, Horacio Vásquez se inclinó a favorecer al doctor Alfonseca, antes que a Federico Velázquez, su aliado, lo que enojó a este último y rompió con el Presidente, renunciado al cargo de segundo en mando.
Fue sustituido en la vicepresidencia por Aflonseca, pero en otra voltereta política, éste renunció en 1930, a los fines de que su líder Horacio Vásquez se postulara a la Presidencia, ya que un año antes, en 1929, se había modificado nuevamente la Constitución para que Horacio Vásquez pudiera presentarse.
Ochenta y ocho años después, la mayoría de los historiadores entiende que las dos enmiendas constitucionales animadas por el interés particular de un grupo, significaron un serio debilitamiento de la institucionalidad. 

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