Manuel Miguel Vergara Céspedes
Se trata de uno de los crímenes internacionales más devastadores para el individuo desparecido, sus allegados y la sociedad en su conjunto.
Es el arma utilizada por el enemigo en la guerra o por el propio Estado cuya labor deja de ser la de asistir y defender a sus ciudadanos para perseguirlos y reprimirlos imponiendo el miedo en la población.
Hablamos de un delito permanente que se comete de manera continuada hasta que se ponen los medios para conocer el paradero o destino de la víctima.
Inflige dolor sin descanso a los parientes y amigos que cada mañana se despiertan con la desazón de no saber si el desaparecido sigue o no existiendo. Este sentimiento no es cultural, sino intrínseco al ser humano y compartido por las víctimas del franquismo en España, las de Pol Poten Camboya o las de Augusto Pinochet en Chile.
Wallenberg dedicó grandes esfuerzos durante la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida de cientos de ciudadanos judíos, fue detenido y encarcelado en Rusia donde desapareció constando como razón de su muerte un simple ataque al corazón en 1947.
Una versión demasiado escueta y llena de inexactitudes y zonas oscuras que mantiene a sus sobrinos unidos en la lucha por esclarecer la verdad de su destino: si efectivamente murió entonces y en aquellas circunstancias; si sufrió torturas y cuáles fueron los motivos de su cautiverio.
Sus parientes repiten una máxima con la que las víctimas del franquismo están muy familiarizadas: “no descansaremos hasta conocer la verdad”.
Esos legítimos derechos a la verdad, al acceso a la información y a buscar justicia conformaron la piedra angular del evento organizado en Estocolmo por la Fundación Internacional Raoul Wallenberg durante dos jornadas.
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) fue invitada a aportar su grano de arena en apoyo a las demandas de las víctimas a través de la Jurisdicción Universal.
En efecto, la Jurisdicción Universal ha servido para abrir procesos judiciales en multitud de países y abrir vías de investigación, reparación y empoderamiento de las víctimas y ha servido para satisfacer el derecho a la verdad.
Recordemos, por ejemplo, la investigación en el caso Pinochet o los procesos contra Scilingo o Hissène Habré.
Pero Raoul Wallenberg no era el único nombre sobre la mesa.
El Reino de Suecia, que tantos éxitos y prestigio internacional cosecha parece ser ciertamente negligente a la hora de respetar y defender los derechos de sus ciudadanos víctimas de desapariciones forzadas del pasado (más de cien miembros de la tripulación de una flota sueca así como los pilotos de un avión abatido en 1953) y de detenciones arbitrarias del presente.
Entre estos últimos se abordó la situación del periodista sueco-eritreo Dawit Isaak, que lleva detenido y sin cargos desde 2001 en su país de origen; o el escritor sueco-eritreo Gui Minhaodetenido ilegalmente en China desde 2015.
Las desapariciones forzadas y las detenciones, en particular, y las violaciones de los derechos humanos, en general, representan un hecho tristemente tangible en todos los lugares.
Y en todos esos lugares, las víctimas se reúnen, se asocian y luchan con el deseo de satisfacer sus legítimas demandas al derecho a la verdad, al acceso a la información y a la justicia.
Durante los días 14 y 15 de septiembre Estocolmo recogió esas demandas de las víctimas y junto a juristas, historiadores y activistas siguen diseñando planes de acción en pos de una respuesta que
no sólo le es debida a ellos sino a toda la sociedad en su conjunto.
La familia de Raoul Wallenberg acaba de presentar una demanda ante la justicia rusa para exigir la apertura de sus archivos.
¿Podrá la Jurisdicción Universal ser útil para éste y otros casos?
No cabe duda de que las víctimas seguirán luchando.
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