Lima, 8 sep (PL) Un tribunal peruano declaró hoy complejo el juicio a 35 exmarinos acusados de la matanza en junio de 1986 de 133 presos acusados o condenados por terrorismo, lo cual augura un prolongado proceso.
Los imputados por la masacre perpetrada en la isla presidio El Frontón, frente a las costas de Lima, son acusados por la fiscalía de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad y explosión.
La corte de la Sala Penal Nacional caracterizó como complejo el proceso, por el alto número de acusados y de víctimas, la diversidad de testigos y la ardua actividad probatoria a realizarse, lo que redundará en la extensión de los plazos fijados para un juicio normal.
Así lo señaló el juez Edhin Campos, al anunciar la decisión, tras lo cual la corte escuchó a las partes y rechazó el pedido de la fiscalía de sobreseimiento para el exmarino Carlos Castillo, por su colaboración con las investigaciones.
Castillo confirmó que los ejecutores recibieron órdenes superiores para ejecutar a los presos en el develamiento de un motín y ayudó a localizar los enterramientos secretos de las víctimas.
El Ministerio Público pide penas de 25 a 30 años de cárcel para los acusados y se propone abrir proceso a los autores mediatos, es decir a los que ordenaron la operación, después de que sean sentenciados los autores directos.
Según el abogado Carlos Rivera, abogado de los familiares de dos de las víctimas, en este caso hay mas elementos para condenar a García que en el del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por dos masacres cometidas por un grupo militar ilegal de aniquilamiento de sospechosos de terrorismo.
El caso estuvo en vilo por una posible prescripción, a raíz de una interpretación incorrecta de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero este dictaminó recientemente que no hay prescripción porque la matanza fue un crimen de lesa humanidad.
Los marinos acusados presentaron una acusación constitucional contra cuatro miembros de ese tribunal ante el parlamento, donde la bancada mayoritaria, de Fuerza Popular (FP), dio pase a la denuncia, lo que es considerado una represalia y una manera de elegir reemplazos a ese partido.
De ser condenados por el parlamento, los cuatro jueces serán cesados, lo que depende de FP, partido encabezado por la hija del expresidente Fujimori y que suele ser contrario a jueces contra gobernantes, militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
oda/mrs
La corte de la Sala Penal Nacional caracterizó como complejo el proceso, por el alto número de acusados y de víctimas, la diversidad de testigos y la ardua actividad probatoria a realizarse, lo que redundará en la extensión de los plazos fijados para un juicio normal.
Así lo señaló el juez Edhin Campos, al anunciar la decisión, tras lo cual la corte escuchó a las partes y rechazó el pedido de la fiscalía de sobreseimiento para el exmarino Carlos Castillo, por su colaboración con las investigaciones.
Castillo confirmó que los ejecutores recibieron órdenes superiores para ejecutar a los presos en el develamiento de un motín y ayudó a localizar los enterramientos secretos de las víctimas.
El Ministerio Público pide penas de 25 a 30 años de cárcel para los acusados y se propone abrir proceso a los autores mediatos, es decir a los que ordenaron la operación, después de que sean sentenciados los autores directos.
Según el abogado Carlos Rivera, abogado de los familiares de dos de las víctimas, en este caso hay mas elementos para condenar a García que en el del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por dos masacres cometidas por un grupo militar ilegal de aniquilamiento de sospechosos de terrorismo.
El caso estuvo en vilo por una posible prescripción, a raíz de una interpretación incorrecta de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero este dictaminó recientemente que no hay prescripción porque la matanza fue un crimen de lesa humanidad.
Los marinos acusados presentaron una acusación constitucional contra cuatro miembros de ese tribunal ante el parlamento, donde la bancada mayoritaria, de Fuerza Popular (FP), dio pase a la denuncia, lo que es considerado una represalia y una manera de elegir reemplazos a ese partido.
De ser condenados por el parlamento, los cuatro jueces serán cesados, lo que depende de FP, partido encabezado por la hija del expresidente Fujimori y que suele ser contrario a jueces contra gobernantes, militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
oda/mrs
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