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lunes, 20 de octubre de 2014

Alerta amenazas a la prensa en RD

LA SIP EN CHILE

  • Informe. El vicepresidente regional para República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Miguel Franjul, se refirió a la situación que han atravesado periodistas dominicanos ante adversidades distintas, en el marco de la 70 Asamblea que se realiza en Chile.
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Santo Domingo
El vicepresidente regional para República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y director del Listín Diario, Miguel Franjul, alertó sobre agresiones, abusos y amenazas que evidencian las condiciones de inseguridad para el ejercicio del periodismo en el país y citó que, en medio de este clima, los principales diarios acordaron reactivar la Sociedad Dominicana de Diarios para luchar por el desmantelamiento de leyes que penalizan la labor periodística.
A continuación el informe sobre la situación de la prensa en la República Dominicana presentado por Miguel Franjul en la 70 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Santiago, Chile.
 En este período una serie de agresiones, abusos y amenazas han puesto en evidencia las condiciones de inseguridad para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Tres periodistas de la televisión, Yaniris Sánchez y José Cruz, de Telenoticias canal 11, y Silvino da Silva, del Servicio Informativo Nacional del canal 9, fueron heridos a pedradas y botellazos por un grupo de haitianos que protagonizó un enfrentamiento a tiros con la Policía en el barrio 27 de Febrero, de la capital dominicana.
En junio, tres periodistas que formaban parte de dos equipos de trabajo de la Cadena de Noticias, canal 37, fueron vejados  y encarcelados en hechos ocurridos en las ciudades de La Vega y Puerto Plata, mientras cubrían operativos antidrogas. Los afectados fueron Gerardo de la Cruz, productor del programa Tiempo informativo; Genris Morel y Aneudis Pimentel, productor del programa “El desahogo del mediodía”, del canal 12 de Puerto Plata,  a quienes las autoridades despojaron de sus equipos de filmación.
En San Francisco de Macorís, una ciudad del nordeste del país el productor televisivo y corresponsal del diario El Nacional de ¡Ahora!, Pedro Fernández, escapó con vida a un atentado a tiros que destruyó los cristales de su vehículo en junio y que fue atribuido a sicarios del narcotráfico. Una semana antes del atentado, su residencia fue atacada con bombas lacrimógenas por desconocidos que dejaron una nota amenazándolo por sus constantes denuncias contra el crimen organizado.
En una ciudad vecina a San Francisco de Macorís, otro reportero, Elías Almánzar, quien dirige un portal independiente, sufrió la agresión a tiros de su residencia por parte de desconocidos que repartieron volantes amenazando su vida.
Entretanto, varios periodistas que participan en programas de comentarios por radio y televisión han sido sometidos a la justicia por funcionarios y ciudadanos que alegan haber sido difamados y cuyos procesos fueron abiertos en distintos tribunales, como son los casos del periodista Marino Zapete, productor de dos programas en el noticiario SIN y el canal Teleradio América, y la directora del SIN, Alicia Ortega, el columnista Juan Taveras Hernández y Rosendo Tavárez.
En medio de este creciente clima de inseguridad, los principales diarios acordaron reactivar la Sociedad Dominicana de Diarios para luchar por el desmantelamiento de las leyes que penalizan la labor periodística.
Una de sus primeras tareas fue la de reclamar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron los directores de tres diarios en febrero del 2013 para eliminar de la Ley 6132, que regula el ejercicio de la prensa, y en contra de varios artículos del Código Penal que establecen penas de prisión y multas contra los llamados delitos de palabra.
El presidente, Danilo Medina, aseguró a una delegación de ejecutivos periodísticos de Chile, Panamá y República Dominicana, que su gobierno garantiza el respeto absoluto a la libertad de expresión.
No obstante, Hoy se quejó editorialmente a principios de octubre, del limitado flujo de informaciones prensa-gobierno, observando que “los periodistas asignados a la sede del Poder Ejecutivo están sujetos a unas rigideces burocráticas que hacen difícil la tarea de entrevistar a altos funcionarios que allí estén”.
El periódico Diario Libre, denunció que “una turba armada en compañía de la alguacil Leyvi Ali Núñez Díaz, de la Corte de Apelación de Santo Domingo, despojó de dos vehículos a choferes de Diario Libre e intentó sustraer un tercero, en momentos en que se encontraban en labores periodísticas”.
El periódico dijo que esos ataques se suman a otros cuando varias personas, algunas armadas, se presentaron a sus instalaciones para ejecutar un embargo de manera ilegal, producto de una demanda del comentarista Raúl Pérez Peña (Bacho).

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