4 de marzo de 2016 - 12:08 am
El debate presidencial, lo que parece una práctica habitual en la mayoría de los países del mundo, en la Republica Dominicana parece una labor imposible de lograr y continúa siendo una deuda moral y social pendiente.
Sería necesario definir primero: ¿qué son los debates políticos? Son eventos donde diferentes candidatos que aspiran a cargos públicos, presentan sus ideas y propuestas de gestión durante el periodo de campaña electoral. Generalmente los debates suelen ser presidenciales o congresuales, siendo el debate presidencial el más practicado a nivel mundial, usualmente la logística y formato está dirigido y estructurado por uno o más moderadores quienes suelen ser periodistas o miembros de la sociedad civil, siendo su función principal estructurar el evento, imponer las reglas y temas a seguir durante el evento que usualmente son efectuados en universidades, auditorios y otros lugares amplios.
Datos recogidos en los anales de la historia moderna, el primer debate presidencial televisado se efectuó en los Estados Unidos el 26 de enero de1960, en el cual participó el senador aspirante a la presidencia por el partido Demócrata, John F. Kennedy, y el vicepresidente Republicano Richard Nixon, debate que fue transmitido por varias cadenas televisivas y radiales norteamericanas, seguido por una larga audiencia de aproximadamente 66 a 70 millones de televidentes y radio escuchas en una población de 179 millones de habitantes, se cree que el éxito obtenido por ese histórico debate se debió a la amplia cobertura de radio y televisión, lo que sirvió de estímulo a estas grandes cadenas para utilizar sus mecanismos de publicidad e incluirlos como parte de las campañas electorales.
Después del histórico debate de 1960, este se convirtió en una práctica habitual en ese país, seguido por la gran mayoría de los países democráticos del mundo, bien podría decirse, metafóricamente que el debate político y su práctica se volvió viral y comenzó a percibirse como una herramienta para conocer los candidatos, sus ideas, propuestas, sus conocimientos y su integridad.
En América latina los debates presidenciales comenzaron en 1960 y 1963 en Venezuela y Brasil respectivamente y se han establecido en la mayoría de los países del área como una práctica habitual, un derecho de los pueblos incluyendo, Haití, Nicaragua, Méjico, el Salvador y otros más, con la excepción de dos países donde no se practica el debate presidencial, en la Argentina y en la Republica Dominicana, quienes arguyen que el debate es una práctica sofisticada y extravagante propia de países ricos, desarrollados.
En nuestro país nunca se ha celebrado un debate presidencial, quizás debido a la falta de voluntad de los partidos y los candidatos a la presidencia en especial aquellos pertenecientes a los partidos en el poder, quienes han rehusado a participar en el proceso, utilizando argumentos que van desde descalificación de sus rivales “por no tener capacidad para conceptualizar”, o han rechazado participar argumentando “que el que está en el poder o aparece arriba en las encuestas” no desea correr el riesgo de “meter la pata” y perder la batalla electoral, otros rebaten la posibilidad de debatir ideas simplemente “porque no les da la gana” o porque no tienen la voluntad política, ni la intención de institucionalizar el debate para cumplir con un reclamo legítimo de la sociedad.
En la mayoría de los países democráticos, este proceso ha sido integrado como una práctica habitual, sin embargo, existen naciones donde cuentan con una pieza legislativa que obliga a los candidatos a debatir (Méjico), otros hacen de este proceso como “obligatorio” a través de reglas y requisitos, como es el caso de países europeos de tradición democrática. En otros lugares donde no existe legislación especial el debate se instituye a través de organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro o afiliación partidaria que sirven de sponsors.
En nuestro país no existe ningún tipo de legislación, y no se ve ninguna intención del congreso en hacer de este proceso una realidad, sin embargo, es notoria la preocupación y deseo de la gran mayoría de los dominicanos el ver este sueño realizado, el cual se ha convertido en un derecho universal, una práctica habitual, establecida en la mayoría de los países civilizados.
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