El escenario fue un pueblo minero. 17 personas murieron tras recibir disparos a quemarropa, 16 de ellos le dieron un balazo en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados en un lodazal en una zona boscosa. Los familiares encabezaron una protesta para exigir una investigación y la primera reacción del gobernador regional fue decir que se trataba de una maniobra política “de la derecha” que había generado una “masacre virtual”.
Tumeremo, que así se llama el pueblo ubicado en el sureño estado Bolívar, sólo fue noticia durante una semana a inicios de este mes de marzo. Ya luego la sociedad venezolana y el sistema periodístico pasaron a ocuparse de otras cosas. La violencia, incluso en un caso como éste, parece estar metabolizada entre los venezolanos.
De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo cual Venezuela se coloca entre los dos países más violentos del mundo, junto con El Salvador. Sobre la violencia, como en muchos otros tópicos sensibles para el régimen chavista, no hay información oficial. El OVV es una iniciativa en la que confluyen académicos de diversas universidades y de diferentes regiones y es, en este momento, una referencia para entender el fenómeno de la violencia en Venezuela.
Lo ocurrido a inicios de marzo en Tumeremo simboliza sin duda cómo el poder político y la sociedad en su conjunto procesan casos sin duda dramáticos, que eventualmente en otros países hubiesen generado consecuencias políticas, institucionales o sociales. En Venezuela sencillamente nada de eso pasó. Salvo que una combinación de presión por parte familiares junto a la cobertura de una activa (aunque no tan potente) prensa independiente logró que al menos se identificaran las víctimas y que recibieran la debida sepultura y duelo por parte de sus familias.
El gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, descalificó abiertamente a familiares y diputados de oposición, que en un primer momento denunciaron lo que sin duda fue una masacre. Una semana después, cuando la realidad se impuso sobre el discurso oficial y aparecieron los 17 cuerpos, Rangel Gómez cínicamente dijo que él había denunciado los hechos. El caso no tuvo consecuencia alguna para él.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz esgrimió la tesis de que los muertos habían sido víctimas del enfrentamiento entre bandas. Esta frase usada hasta la saciedad por el poder para explicar los hechos que pueden salpicarle, sencillamente le dice a la sociedad: no tienes por qué preocuparte, ya que los muertos estaban involucrados en algún hecho delictivo.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, apenas puso un pie Tumeremo adelantó que los responsables eran extranjeros (ecuatoriano, colombiano), lo cual termina siendo otro subterfugio del poder para explicar la violencia que devora al país: los hechos violentos los generan delincuentes importados.
La prensa independiente, en tanto, si bien puso el foco sobre Tumeremo en las primeras de cambio y su papel fue importante en llamar la atención sobre la gravedad de lo ocurrido, luego de dictarse la versión oficial dio por cerrado el asunto. No se detuvo, siquiera, en lo que a todas luces era una tentadora contradicción (para un trabajo periodístico de investigación) ya que por un lado la fiscal dijo que la investigación había concluido, mientras que el defensor insistía en que posiblemente existían otras fosas comunes, y por tanto debía continuar la investigación criminal.
De acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2015 ocurrieron 90 homicidios por cada 100.000 habitantes
La violencia en Venezuela se hizo el pan de cada día en esta década y media en la que ha gobernado el chavismo. Aunque debe decirse que el número de homicidios era ya preocupante en 1998, antes de que Hugo Chávez llegase al poder por primera vez. Según el OVV, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 20 (1998) a 38 (2002) en los primeros años del chavismo. El crecimiento ha sido constante aunque se han registrado picos que a cualquier gobierno y sociedad alarmarían: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes dio un salto en el último lustro, al pasar de 57 (2010) a 90 (2015).
En cualquier país esta problemática serían motivo de una cruzada nacional, en Venezuela la violencia parece estar metabolizada, sencillamente asimilada por la sociedad y especialmente interpretada por el poder, a su conveniencia.
Andrés Cañizález es analista e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Twitter@infocracia
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