Gente en las calles de Brasil manifestándose contra la corrupción por el caso Petrobras. O en las calles de Perú, en previsión del posible regreso al Gobierno del fujimorismo, que encabezó hasta el 2000 el Gabinete más corrupto de la historia del país. El hecho es que la corrupción —real o como amenaza— toca una extendida sensibilidad social, atraviesa nuestras sociedades y levanta multitudes, gatilla respuestas, enciende pasiones y encamina a veces las cosas por caminos imprevisibles.
Lo que viene ocurriendo en Brasil es dramáticamente revelador y tremendamente importante en dos planos distintos y hasta opuestos. Como con las caras de Jano, se pueden abrir dos caminos a partir del escándalo de Petrobras y las denuncias contra altos funcionarios del Estado.
De un lado, la continuidad del curso institucional de acción investigativa y sancionatoria en la Operación Lava Jato. Como ha sido recordado en la OEA esta semana, “esta operación ha llevado al arresto a 133 personas, entre ellos empresarios de la estatura de Marcelo Odebrecht, Zwi Skornicki y Jose Carlos Bumlai e involucra a 16 compañías, entre ellas Camargo Correa, OAS, UTC, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvao, Iesa y Galvao Engenharia, y a políticos de numerosos partidos, entre ellos PP, PT, PMDB, PSDB y PTB”. Nada desdeñable. La sociedad brasilera espera, con razón, que las investigaciones continúen y que los que tengan que ser sancionados lo sean con todo el rigor de la ley, sea cual sea su poder económico y político.
Por otro lado, la simultánea y tortuosa instrumentalización política de la investigación para producir un objetivo —también político— que culmine con la destitución o renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Ella ya ha se ha adelantado a denunciar el proyecto de golpe institucional vía un impeachment sin sustento legal movido por sus opositores políticos en el Congreso. Hay varios síntomas preocupantes sobre el desvergonzado uso político de la investigación judicial transgrediendo la legalidad y el Estado de Derecho. Dos ejemplos.
Uno: detención de Lula, por orden del juez Sérgio Moro, para prestar una declaración pese a que no está denunciado penalmente y que nunca había sido previamente citado. Y que todo se haga en medio de un ostensible despliegue de cámaras, flashes y reporteros. Sea Lula o cualquier otra persona, esa conducta judicial es irregular.
Otro: el ilegal despliegue mediático —por el mismo juez Moro—, de piezas del expediente que tienen que ser reservadas de acuerdo a ley en respeto al debido proceso. Eso es un delito de acuerdo a la ley brasileña (Ley No. 9.296/96 y otras) y es incompatible con el debido proceso que grabaciones telefónicas que van surgiendo en la investigación y que se incorporan al sumario sean divulgadas nada menos que por el mismo juez a través de los medios y a las pocas horas de producidas.
Lo evidente es que un manejo político, en esa articulación entre medios y jueces, afecta al Estado de Derecho, debilita las investigaciones y contribuye indebidamente al peligroso clima de polarización y de tensión política que ya está a flor de piel. Adquiere pleno sentido la decisión de este martes del magistrado Teori Zavascki —relator del caso Petrobras en el Tribunal Supremo— determinando que fue irregular la divulgación de las grabaciones y disponiendo el retiro de la investigación sobre Lula al juez Moro.
Muy bien —y fundamental— que se investigue y sancione severamente. Pero cuidado con las agendas paralelas que apuntan a sacrificar la democracia alimentando el camino de golpes de Estado institucionales.
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