Diputada provincial por el Frente
A 40 años del golpe cívico
militar que sufrió nuestro país, me parece importante
desarrollar algunos
conceptos y reflexiones con respecto a los avances que
hemos logrado como
pueblo en materia de derechos humanos durante los
últimos años, como así también
señalar la complicidad y participación de los
grupos económicos en la
implementación del Terrorismo de Estado que torturó,
asesinó y desapareció a
miles de compañeros militantes.
El
proceso iniciado en el año 2003, con la asunción del ex presidente
Néstor Kirchner,
puso en el centro de la escena pública las demandas
históricas de los
organismos de Derechos Humanos. El pueblo argentino
recordará eternamente ese
patriótico 24 de marzo de 2004 cuando nuestro
querido Néstor ordenó descolgar
los cuadros de los dictadores,Rafael Videla
y Reynaldo Binogne,
del Colegio Militar.
Este
acto de gran valentía fue el primer paso para luego avanzar en una serie
de
medidas políticas como fueron la anulación de “las leyes de impunidad”,
la
reconversión de los ex Centros Clandestinos de Detención (CDD) en sitios
de
memoria colectiva y el apoyo a la búsqueda de los niños apropiados durante
esta
época nefasta.
En
el marco de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, el impulso
que le dio el Estado a los juicios por delitos de lesa humanidad no solo
permitió
encarcelar a los genocidas y reparar el dolor de las víctimas y sus
familiares,
sino que también echó luz a un lugar incómodo que permanecía en
silencio: las responsabilidades civiles y la participación empresarial.
Hoy
podemos afirmar que el golpe de Estado fue producto de una alianza cívico
militar. Las fuerzas armadas no actuaron solas ni por su cuenta, sino que lo
hicieron a partir de un plan elaborado por múltiples sectores. La decisión de
tomar
el gobierno contó con la participación de grandes grupos económicos y
conservadores para poder llevar a cabo un modelo económico excluyente para los
sectores populares.
Su
objetivo fue claro: disciplinar a la clase obrera. Por este motivo, la mayoría
de los
desaparecidos fueron trabajadores y los Cuerpos de Delegados más
combativos
de las principales empresas (Renault, Ford, Propulsora, SAIAR,
Peugeot, Ingenio
Ledesma, Loma Negra, etc.) fueron asesinados o encarcelados.
Esta fue una
condición necesaria para fortalecer el poder del capital y
aumentar sus ganancias.
Esta
complicidad y participación de los grupos económicos en el Terrorismo de
Estado
se dio en distintos niveles, desde la participación directa en la represión
(aportes económicos y materiales, señalamiento de trabajadores e instigación a
secuestros y detenciones) hasta el crecimiento de sus beneficios producto del
vínculo con las cúpulas militares.
Asimismo,
no debemos olvidar la participación de los Estados Unidos a través
del Plan
Cóndor en la coordinación y apoyo logístico y económico a las distintas
dictaduras de América Latina, como así tampoco el entrenamiento militar en la
Escuela de las Américas a los represores argentinos que torturaban a nuestros
compañeros. Este tipo de
injerencias
imperialistas tienen ser asumidas por la potencia mundial a través de
una
fuerte autocrítica acerca de su rol necesario en la represión, y sus actuales
autoridades deberían pedir perdón por los crímenes cometidos contra el pueblo
argentino.
Hoy
vemos algunos paralelismos entre el proyecto neoliberal de aquellos años
y el
actual gobierno nacional. Las medidas económicas que ha tomado Mauricio
Macri en
sus primeros 100 días de gestión son las mismas que implementó la
dictadura de
la mano del entonces Ministro de Economía, José Alfredo
Martínez de Hoz.
La subordinación a los poderes financieros, la quita de
retenciones a los
grandes exportadores, el endeudamiento externo y la apertura
importaciones
son parte de una única matriz económica liberal que perjudica
a las mayorías y
arroja a miles de compatriotas al desempleo y la pobreza.
Hoy
nos encontramos nuevamente con un Estado que no fomenta el mercado
interno, en
tanto que el proceso de industrialización y la sustitución de
importaciones
dejaron de ser una prioridad. Las consecuencias de este
modelo excluyente son
conocidas y los principales perdedores son los
trabajadores y los humildes, que
ven como sus ingresos disminuyen ante un
gobierno que solo favorece a los
grandes capitales económicos.
Sin
embargo, el pueblo argentino a lo largo de la historia ha demostrado no
dejarse
avasallar en sus derechos y conquistas aún en las condiciones más
adversas. El
ejemplo está en la militancia de las organizaciones políticas que
resistieron a
las peores atrocidades de los represores genocidas y no claudicaron
en su lucha
por la justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Hoy, esas mismas banderas e ideales de los 30 mil compañeros
detenidos
desaparecidos están más vigentes que nunca para no dar retroceder
ni un paso
atrás y continuar en el camino de más “Memoria, Verdad y Justicia”.
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