Autoridad en democracia

Reflexiones desde ADEC

Lunes, 14 de Septiembre de 2009Mario Ramos Reyes.

¿Quién manda en nuestra democracia? ¿Quién ejerce el poder en la misma? La respuesta parecería dividida: unos dicen que los movimientos sociales, otros que el Parlamento, algunos menos sugieren al Presidente y su entorno inmediato. Pero si encontrar acuerdo sobre ello es difícil, tal vez referirse a la autoridad de dicho poder resulte esclarecedor. ¿Cuál es la autoridad en una democracia? O tal vez sería mejor decir, ¿quién es la autoridad? Este planteamiento no es fácil de responder. Por lo menos, no de manera singular e inmediata. En una democracia la autoridad emana del pueblo. Es en la soberanía del mismo como sujeto material donde emana la autoridad y de ésta, el poder o la capacidad efectiva de mandar.

Pero vayamos por parte. Ese pueblo al que nos referimos es el sujeto de la autoridad política. El pueblo es la autoridad en última instancia. Lo que no hace sino mostrar la consistencia del ideal de cierta igualdad en la democracia; todos los ciudadanos, habida cuenta de ciertos requisitos de edad y nacionalidad por ejemplo, son autoridad. Pero como el sujeto político del pueblo, al no poder gobernar como tal, pues una multitud de personas no podría dar órdenes de manera simultánea y pretender ser obedecidos, deciden otorgar la administración de esa autoridad a alguien, sea Presidente o Primer Ministro. Y la persona o personas designadas serán los representantes de ese pueblo.

La cuestión fundamental de la autoridad radica entonces en la persona designada para gobernar por la multitud, por la mayoría, que con potestad política "prestada" por el pueblo la ejerce en nombre de éste. ¿Por qué prestada? Porque en cualquier momento el pueblo -a través de los órganos que lo representan o de manera directa cuando está legislado- le puede sacar esa autoridad por los mecanismos establecidos en la misma ley. El gobernante no ejerce así, como tal, la autoridad natural en un régimen democrático, como sería la de un padre con sus hijos, sino que ejercerá solo políticamente, como mandatario del pueblo. El Presidente, por ejemplo, realizará actos que serán de gobierno y, por lo mismo, reflejará lo mejor posible lo que quiere la sociedad que es donde reposa dicha autoridad. El gobernante es sólo aquel individuo que actualizará los deseos potenciales del pueblo que por su número no puede administrar los mismos.

Recapitulando. Si el pueblo es el que manda y posee la autoridad, y por la cantidad de individuos que lo componen debe designar a alguien -como dice el principio democrático- como autoridad política entonces ¿sería lo mismo obedecer a un régimen democrático que a uno que no lo es? De ninguna manera. Y la razón esgrimida por los teóricos de la democracia es sencilla; mientras en un régimen aristocrático, el de unos pocos, o un régimen monárquico, el de uno solo, el individuo sigue la voluntad de algunos o de uno solo, voluntades que generalmente vienen de arriba hacia abajo, en una democracia esa voluntad es más razonable al provenir de la mayor cantidad de individuos y, además, de "abajo para arriba".

La lógica democrática no deja de ser interesante: varias cabezas que piensan lo mismo, razonablemente, indicarán mejor que uno o algunas la verdad de una propuesta. En una democracia no se obedece, o se cumple lo estipulado por la autoridad, bajo amenaza física o sicológica, sino por la razonabilidad de la mayoría. Se asume, entonces, que el número será una condición necesaria para legitimar a la mayoría. De ahí que, insistimos, la obediencia a la autoridad reside en la obediencia del ciudadano a sí mismo a través de aquel que ejerce, momentáneamente, el poder. Pero, advirtamos, no siempre ese poder puede ser legítimo como cuando alguien manda sin mandato, sin el respaldo o manipulando la mayoría. Es el poder ilegítimo o no representativo al que, lastimosamente, no es inmune la democracia, es el llamado "democratismo" con su virus ideológico de "participacionismo", que la afecta peligrando la gobernabilidad de la misma.

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