LA INTERVENCIÓN DE 65
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El heroísmo dominicano no fue exclusivo de los “constitucionalistas” durante la revolución de 1965, como sugieren las versiones predominantes de ese episodio de hace medio siglo.
La esposa del héroe nacional Antonio Imbert Barrera, doña Giralda Busto de Imbert, rememora que “desde hace muchos años hay dudas que se vienen arrastrando, creadas por adversarios dedicados a desinformar y difamar a quienes sencillamente no pensamos igual que ellos. En 1965 ambos bandos pelearon en defensa de lo que cada cual entendía era la libertad, que peligraba por las distintas facciones que intervenían en el país, por un lado los norteamericanos y por otro los castristas y comunistas”.
Imbert Barrera fue presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional que gobernó todo el país excepto la zona colonial de la capital dominada por los revolucionarios constitucionalistas encabezados por el coronel Francisco Caamaño Deñó, desde fines de abril hasta principios de septiembre de 1965.
“Antonio Imbert nunca ha tratado de defenderse de muchas aviesas acusaciones, siempre optó por el silencio. Pero actuó en todo momento convencido de representar la defensa de los mejores intereses dominicanos”, afirma doña Giralda. Su esposo, mayor general vitalicio por ley del Congreso dominicano tras su participación en el grupo de acción que ajustició al dictador Trujillo en 1961, actualmente está recuperándose de una reciente gripe a sus 95 años de edad.
Las declaraciones de doña Giralda a propósito del 51 aniversario de la revolución de 1965 vienen acompañadas de una revelación: Imbert Barrera solicitó varias veces al Presidente Lyndon Johnson que cesara su intervención en Santo Domingo, según una carta cuyo original recientemente recuperó su esposa y que más adelante se transcribe completa.
Recuerdo histórico
Cada abril los dominicanos recordamos una de las más sangrientas y tristes conflagraciones de nuestra historia: la guerra civil suscitada tras el derrocamiento del Triunvirato el 24 de abril de 1965 y la invasión norteamericana tres días después. Tradicionalmente, más en años recientes por el predominio de dolientes boschistas en la vida política, las fuerzas dominicanas que estuvieron en pugna han sido etiquetadas maniqueamente, trazando una espuria línea entre “buenos” y “malos”.
Cada abril los dominicanos recordamos una de las más sangrientas y tristes conflagraciones de nuestra historia: la guerra civil suscitada tras el derrocamiento del Triunvirato el 24 de abril de 1965 y la invasión norteamericana tres días después. Tradicionalmente, más en años recientes por el predominio de dolientes boschistas en la vida política, las fuerzas dominicanas que estuvieron en pugna han sido etiquetadas maniqueamente, trazando una espuria línea entre “buenos” y “malos”.
El “gobierno constitucionalista” que llegó a presidir tras varias peripecias legales el coronel Caamaño apenas controlaba la zona colonial de Santo Domingo y pocas cuadras alrededor y coexistió con otro “gobierno” que dominaba el resto del país y representaba el sentir de muchísimos dominicanos, una incómoda verdad que ha venido escamoteándose.
El presidente Imbert Barrera, quien hasta el momento de la revuelta mantenía amistad con Caamaño, surgió como opción para encabezar ese gobierno ante la necesidad de darle continuidad a la burocracia estatal dado el arrinconamiento de los constitucionalistas en su reducto de la zona colonial. Igualmente, sectores políticos dominicanos y los americanos deseaban un interlocutor legítimo que no respondiera al interés del general Elías Wessin y Wessin, líder militar de los anti-constitucionalistas.
Este gobierno surgió a principios de mayo, tras la renuncia del coronel Pedro Bartolomé Benoit como jefe de gobierno nominal de la junta militar que asumió control de las Fuerza Armadas y del país tras el golpe que tumbó al Triunvirato. Benoit había firmado la carta “solicitando” a los Estados Unidos el envío de tropas alegando que el país no podía garantizar vidas y propiedades por causa de la revolución; su titularidad duró menos de una semana pero el poder real lo poseía Wessin.
El Triunvirato, integrado por cambiantes miembros desde su formación en septiembre de 1963 tras la caída del gobierno constitucional y sietemesino de Juan Bosch, gobernó precariamente pues los civiles que lo integraron estuvieron siempre a merced de los militares que encabezaba Wessin.
Tras iniciar su mandato con un abrumador apoyo popular en febrero de 1963, Bosch fue incapaz de preservar su base de sustentación, llegando al extremo de casi disolver su Partido Revolucionario Dominicano, cuyos locales ordenó cerrar. La Iglesia católica, los militares, el empresariado y una parte importante del pueblo, llegaron a creer -quizás equivocadamente según lució luegoó que el inexperto y temperamental Bosch estaba permitiendo, a sabiendas o por ignorancia, que elementos de izquierda afines a la revolución castrista penetraran y fueran dominando su gobierno.
Retrospectivamente, luce difícil que en Santo Domingo los pocos izquierdistas o simpatizantes de Castro hubieran podido llevar al país hacia el establecimiento de “una nueva Cuba” u otro régimen comunista en el Caribe, la pesadilla de los norteamericanos. Pero en ese contexto internacional, la revolución dominicana de 1965 aparentaba mucho más peligrosa políticamente que su declarada intención de restablecer el gobierno democrático de Bosch.
El derrocado líder pasó los meses de tiros y luchas en Puerto Rico, desde donde envió emisarios como el coronel Fernández Domínguez, sin aprovechar él mismo las oportunidades que tuvo para regresar a Santo Domingo y encabezar la revolución iniciada para reponerlo en la presidencia.
Propaganda yanqui
Estas y otras realidades, magnificadas quizás por la propaganda yanqui, convencieron a una parte significativa y posiblemente mayoritaria del pueblo dominicano de que si bien luchar contra las tropas invasoras era una tarea patriótica, igualmente patriótico era defender la integridad dominicana frente a los comunistas, castristas y otros izquierdistas peligrosos para las tradiciones conservadoras dominicanas.
Estas y otras realidades, magnificadas quizás por la propaganda yanqui, convencieron a una parte significativa y posiblemente mayoritaria del pueblo dominicano de que si bien luchar contra las tropas invasoras era una tarea patriótica, igualmente patriótico era defender la integridad dominicana frente a los comunistas, castristas y otros izquierdistas peligrosos para las tradiciones conservadoras dominicanas.
La guerra civil duró del 24 de abril al 3 de septiembre de 1965. El gobierno colegiado encabezado por Imbert Barrera estuvo integrado además por el licenciado Carlos Grisolía Poloney, un distinguido abogado de Puerto Plata; don Julio D. Postigo, librero y pastor evangélico muy amigo de Juan Bosch; ingeniero Alejandro Zeller Cocco, prestante ciudadano proveniente del empresariado, y el coronel Benoit.
A continuación, la carta de fecha 30 de mayo de 1965 dirigida por todos los integrantes del Gobierno de Reconstrucción Nacional al Presidente Johnson:
Excelentísimo Señor Presidente: Tenemos la honra de dirigirnos a Vuestra Excelencia. en nuestra calidad de Presidente y Miembros del Gobierno de Reconstrucción Nacional que rige la República Dominicana, para exponerle con la máxima sinceridad que demandan las circunstancias por las que atraviesa nuestro país la grave preocupación del Gobierno, las Fuerzas Armadas y el Pueblo Dominicanos ante la intervención política y armada de los Estados Unidos en asuntos que son de la estricta competencia del gobierno soberano que integramos.
La prontitud con que el Gobierno de V. E. impartió las disposiciones necesarias para que fueran protegidos los ciudadanos norteamericanos residentes en Santo Domingo y la clara fundamentación que V. E. agregó para tal acción al denunciar el peligro comunista, pudieron explicar el desembarco de fuerzas norteamericanas en nuestro territorio. Sin embargo, resulta evidente a estas alturas que tales móviles no pueden en forma alguna fundamentar la presencia de tropas extranjeras, norteamericanas, en bases militares, aéreas y navales dominicanas impidiendo su normal funcionamiento; como tampoco puede quedar justificado el intolerable dispositivo armado denominado ficticiamente “Corredor de seguridad” que significa una abierta injerencia en asuntos internos de nuestro país, de la cual no queda eximido el gobierno de V. E. por la circunstancia posterior de haberse integrado una Fuerza Interamericana sin previa legislación que agrava y extiende tan penosa responsabilidad histórica sobre hermanas naciones inspiradas en un noble afán de defensa colectiva de tradiciones e ideales democráticos. Debemos agregar que las explícitas y enfáticas declaraciones del Gobierno de los Estados Unidos en el sentido de impedir por la fuerza la reanudación de las operaciones contra el último reducto comunista en esta Capital no obedecen a ningún principio jurídico y comprometen junto con el prestigio de Norteamérica el de las naciones democráticas del Mundo y pone en peligro la democracia de América.
Ingerencia de EEUU
En otro aspecto debemos señalar claramente y con profundo pesar que la insistente actitud del Departamento de Estado para propiciar la formación de otro gobierno, representa una flagrante intervención en la política interna de nuestro País. Pretender dictar pautas y normas políticas, calificar y descalificar gobiernos, imponer formas de estos y elegir arbitrariamente hombres que rijan los destinos de una nación que siempre fue leal amiga en las más difíciles circunstancias, constituye un peligroso compromiso con la historia y una lamentable trasgresión de los principios jurídicos internacionales, que como nación más poderosa Norteamérica tiene el deber insoslayable de hacer respetar con su ejemplo.
En otro aspecto debemos señalar claramente y con profundo pesar que la insistente actitud del Departamento de Estado para propiciar la formación de otro gobierno, representa una flagrante intervención en la política interna de nuestro País. Pretender dictar pautas y normas políticas, calificar y descalificar gobiernos, imponer formas de estos y elegir arbitrariamente hombres que rijan los destinos de una nación que siempre fue leal amiga en las más difíciles circunstancias, constituye un peligroso compromiso con la historia y una lamentable trasgresión de los principios jurídicos internacionales, que como nación más poderosa Norteamérica tiene el deber insoslayable de hacer respetar con su ejemplo.
Para mayor gravedad de las actitudes que exponemos se opera un pretendido y formal descargo de responsabilidades en la Organización de Estados Americanos (OEA) valiéndose de un funcionario administrativo de dicha institución con vagos e imprecisos poderes que este funcionario no ha vacilado en sobrepasar y trasgredir, comprometiendo el prestigio de dicho Organismo Internacional e hiriendo innecesariamente el honor y la soberanía nacionales.
Señor Presidente: Nos satisface hondamente poder asegurar a V. E. que el Gobierno que integramos ejerce control político y administrativo en todo el territorio nacional, manteniendo vigentes las plenas garantías constitucionales para todos sus habitantes, con excepción de una limitada zona de la ciudad capital en intramuros, en donde subsiste un foco de reconocidos extremistas cuya ideología, composición y métodos están en abierta contradicción con el sistema libre y democrático de América. El Gobierno de Reconstrucción Nacional está convalidado internamente por la espontánea aceptación y apoyo de la ciudadanía dominicana, y externamente por su cabal cumplimiento de los compromisos internacionales.
Deseamos expresar a V. E. en esta histórica ocasión el convencimiento de nuestro Gobierno de que el alto sentido de responsabilidad que gravita sobre el Presidente de los Estados Unidos de América, será razón suficiente para que se haga tangible realidad su declarado propósito de respetar plenamente la independencia y soberanía dominicanas.
Dígnese Vuestra Excelencia aceptar las expresiones de nuestra más alta consideración.
Firmado: Antonio Imbert Barrera, general de brigada E. N., Presidente; Pedro Bartolomé Benoit, Coronel FAD, miembro; Lic. Carlos Grisolía Poloney, miembro; Julio D. Postigo, miembro; e Ing. Alejandro Zeller Cocco, miembro.
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