México, Venezuela, Colombia o Cuba, pero también Estados Unidos, merecen un exhaustivo escrutinio de la organización de derechos humanos
SILVIA AYUSO Washington 29 ENE 2015 - 02:42 CET
Carteles de protesta por Iguala en Ciudad de México esta semana. / EDGARD GARRIDO (REUTERS)
Pese a noticias esperanzadoras como las grandes expectativas que ha generado el anuncio de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos o los avances en las negociaciones de paz de Colombia, América Latina no registró en 2014 grandes mejorías en sus muchos problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos. Más bien al contrario: según advierte Human Rights Watch en su último informe anual, publicado este miércoles, se han sufrido algunos “serios retrocesos” en un campo que sigue suscitando preocupación en la región.
La organización hace un diagnóstico de 14 naciones de la región, y aunque elude hacer “ránkings” sobre cumplidores y violadores de derechos humanos, en el informe especifica que Venezuela, México, Cuba y Colombia son de los países de la región que más preocuparon en 2014.
Entre los países seleccionados también está Estados Unidos, del que destaca que pese a las fuertes protecciones constitucionales, sigue habiendo “violaciones sistemáticas” de leyes y prácticas en las áreas de justicia penal, inmigración y seguridad nacional.
Para HRW, el caso del joven negro desarmado abatido por un policía blanco en Ferguson, Misuri, es un ejemplo de la “alarmante brecha existente entre el respeto por la igualdad de derechos y el tratamiento de las minorías raciales por parte de las fuerzas del orden”. La organización critica, asimismo, la “represiva” respuesta al incremento del flujo de indocumentados registrado en 2014 y el “quebranto” de libertades como la de prensa o expresión que suponen los programas de vigilancia masiva de este país.
México
Las masacres de Iguala y Tlatlaya son, a juicio de HRW, los máximos exponentes de los “gravísimos” problemas de desapariciones forzadas, abusos militares, impunidad y corrupción que persisten en México. Y revelan los “avances limitados” que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado para juzgar a los culpables de los “asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura generalizados perpetrados por soldados y policías” en el marco de las acciones heredadas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el Gobierno de Felipe Calderón.
“México se encuentra hoy inmerso en la peor crisis de derechos humanos en años”, ha sostenido el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, para quien el Gobierno de Peña Nieto reaccionó “mal y tarde” tanto en la matanza de los 43 estudiantes de Iguala en septiembre, como en el de la ejecución extrajudicial de al menos 12 civiles en Tlatlaya unos meses antes.
“La comunidad internacional debería seguir muy de cerca esta situación e instar activamente a México a que adopte medidas concretas para determinar el paradero de las miles de personas desaparecidas (según cifras oficiales) y terminar con la impunidad generalizada de las desapariciones, las ejecuciones, y la tortura en el país”, reclama Vivanco en declaraciones por correo electrónico a EL PAÍS.
Sobre todo, Estados Unidos, que a juicio de Vivanco, “debería dejar de certificar que México cumplió con las condiciones de derechos humanos incluidas en su legislación que provee asistencia a México, ante la rotunda evidencia de que no lo está haciendo”.
Venezuela
En la lista de países que preocupan a HRW está también el “gravísimo deterioro” de los derechos humanos en Venezuela, especialmente por la reacción oficial y las secuelas que dejaron las protestas ciudadanas de la primera mitad de 2014, incluida la detención de dirigentes opositores como Leopoldo López.
La organización denuncia una “sistemática” violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas que “han empleado rutinariamente un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes no armados”. Además, continúa HRW, durante las detenciones, muchos de los arrestados —más de 3.300 según cifras oficiales— sufrieron abusos como “violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras”.
Todo ello en un marco donde la justicia “ha dejado de actuar como un poder independiente del Gobierno” de Maduro, que por su parte “ha ampliado y ejercido en forma abusiva sus potestades de regular los medios de comunicación” y ha tratado de “marginar” a los defensores de derechos humanos del país.
Para Vivanco, la comunidad internacional “tiene la obligación de ponerse firme y ejercer presión ante el Gobierno de Maduro”.
Resulta “indispensable”, subraya, que especialmente los latinoamericanos “presionen al Gobierno de Venezuela” en esta materia, porque “cuando los reclamos vienen de gobernantes con credibilidad democrática”, recuerda, el costo político de ignorarlos es “altísimo”.
Colombia
La violencia asociada a décadas de conflicto armado en Colombia sigue lastrando al país pese a los intentos de negociar la paz con guerrillas como las FARC en Cuba, un proceso para el que Vivanco subraya su “pleno apoyo”.
Para HRW, especialmente graves son varios proyectos legislativos impulsados por el Gobierno de Juan Manuel Santos —sobre todo por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón— que “limitarían” el juzgamiento de los asesinatos de civiles perpetrados por militares, los famosos “falsos positivos”, favoreciendo por tanto la impunidad.
Estos proyectos legislativos “generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable récord en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”, advierte en su informe.
A ello se una la implementación “sumamente lenta” tanto de la Ley de Justicia y Paz para paramilitares desmovilizados, como del proceso de restitución de tierras incluido en la Ley de Víctimas. Todo ello en un continuado ambiente de “amenazas y ataques” contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.
Cuba
El acuerdo con Estados Unidos anunciado a mediados de diciembre para normalizar relaciones tras 50 años de tensiones, y la liberación de 53 presos políticos que lo acompañó, no ha suavizado las críticas de HRW a la situación de derechos humanos en Cuba y la continuada “represión” gubernamental a los “individuos o grupos que expresan críticas o reivindican derechos fundamentales”.
La organización cita cifras de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que dijo haber recibido más de 7.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2014. Eso, recuerda HRW, supone un “drástico incremento” respecto a 2013 (2.900 denuncias) y 2010 (1.100).
A pesar de los 53 liberados, la organización recuerda que continúan en prisión “decenas más” de presos políticos y que en general cualquier cubano que se muestre crítico con el Gobierno está expuesto a ser perseguido penalmente sin garantías de debido proceso.
Para Vivanco, no se debe pecar de “ingenuo” y pensar que habrá cambios inmediatos en la situación de derechos humanos en Cuba tras las negociaciones con EE UU. No obstante, señala, si Washington es capaz de involucrar a las democracias de la región en el proceso, “es mucho más probable que esto obligue al Gobierno cubano a mejorar su deplorable récord en derechos humanos”.
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