Los abogados de Ríos Montt pretendían que no acudiese al juzgado. La recusación de la jueza ha sido aceptada y la vista, suspendida
JOSÉ ELÍAS Ciudad de Guatemala 5 ENE 2015 - 22:34 CET
Ríos Montt llega tapado en camilla al juicio este lunes. / E. BIBA (EFE)
El exdictador Efraín Ríos Montt, de 88 años, fue obligado este lunes a asistir al juicio por el asesinato de 1.771 indígenas desarmados, en el área Ixil (Quiché, norte). El inicio del juicio por delitos de genocidio y lesa humanidad estuvo marcado por la incertidumbre. Programado para las 8.30, fue demorado a las 13 horas, después de que la juez presidente del Tribunal B de Mayor Riesgo, Jeannette Valdez, rechazara la excusa de los abogados de Ríos, que pretendían que el exdictador no acudiese a la sala, alegando su mala salud. La juez les dio una hora para llevar a su defendido, bajo apercibimiento de que podría ser declarado en rebeldía.
Finalmente la vista ha sido suspendida, hasta nueva fecha por concretar, por la recusación de la magistrada.
La llegada del exdictador, a bordo de una ambulancia, fue teatral. Una multitud de periodistas y partidarios y adversarios que gritaban consignas, hizo que los últimos metros hasta el estacionamiento fueran exageradamente lentos. La jueza Valdez autorizó que Ríos pueda seguir el juicio acostado en una camilla. Zury Ríos, hija y heredera política del viejo militar, permanecía junto a su padre.
Una manta cubría por completo a Ríos Montt que supuestamente sufre hernias discales que le impiden caminar e incluso permanecer sentado. Este dictamen de sus médicos particulares, deberá ser ratificado por los facultativos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
No es la primera vez que el exdictador se sienta en el banquillo por estos crímenes. Su condena a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, dictada en mayo de 2013, puso en evidencia las profundas divisiones que persisten en este país, tras 18 años de la firma de la paz que puso fin a casi cuatro décadas de una cruenta guerra civil que se saldó con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
El Tribunal Constitucional anuló la sentencia y ordenó un nuevo proceso. Ríos y sus abogados realizaron todas las maniobras legales imaginables para evitar el nuevo proceso, como recusar a jueces y alegar hasta la saciedad que a Ríos le ampara una amnistía de 1985, decretada por lo militares antes de dejar el poder. Ríos también tiene pendientes procesos por masacres en otras zonas del país.
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