Empresas de EE UU reclaman miles de millones por las incautaciones al comienzo de la revolución castrista
SILVIA AYUSO Washington 4 ENE 2015 - 20:31 CET
Imagen del hotel Habana Libre (antiguo Hilton), expropiado tras la revolución cubana. / JOSÉ GOITIA
¿Cuánto puede costar la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos? Las 5.913 empresas estadounidenses que mantienen una demanda oficial contra las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 manejan una cifra: más de 7.000 millones de dólares (5.800 millones de euros). Es lo que calculan —con intereses— que les ha costado hasta la fecha las incautaciones. Fue precisamente la nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses lo que detonó el embargo norteamericano a Cuba. Una sanción que dura ya más de 50 años y que el proceso de normalización de relaciones anunciado por el presidente Barack Obama no elimina por completo. Al haber sido transformada en ley en 1996 —el Acta Libertad o Ley Helms-Burton—, ese paso depende sólo del Congreso.
Pero Cuba replica con otra cifra más aplastante: la de los más de 100.000 millones de dólares que afirma que le ha costado el “bloqueo”, como lo denomina La Habana. Entre las dudas por resolver tras el anuncio del restablecimiento de relaciones con la isla, la reclamación de propiedades es uno de los temas que podrían causar más quebraderos de cabeza.
“No está claro todavía qué efecto van a tener estos cambios (de la política de EE UU hacia Cuba) en el estatus de las reclamaciones”, reconoce la Comisión para la Certificación de Demandas en el Extranjero del Departamento de Justicia norteamericano, que es la que avala el reclamo de las casi 6.000 entidades estadounidenses.
El bufete de abogados especializado en este tema Poblete Tamargo emitió una “alerta a clientes” la semana pasada indicando que este asunto podría empezar a ser discutido en las conversaciones migratorias en La Habana a finales de enero, que será el primer contacto bilateral de alto nivel desde el anuncio del deshielo.
Una portavoz del Departamento de Estado dijo que, aunque esta cuestión “sigue siendo una prioridad para el Gobierno” estadounidense, por el momento no se puede delinear un “calendario específico” sobre cuándo empezará a ser debatido.
Lista de agravios
5.913 empresas de EE UU mantienen una demanda por las expropiaciones tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Calculan que, con intereses, se les adeuda másde 7.000 millones de dólares (5.800 millones de euros).
La nacionalización sin compensación de bienes de empresas estadounidenses detonó elembargo norteamericano a Cuba hace medio siglo.
La Habana afirma que el “bloqueo” le ha acarreado pérdidas que suman más de 100.000 millones de dólares.
Tampoco es un tema tan urgente, según varios expertos. “No es inmediato, no creo que sea ni remotamente una precondición ni una piedra en el camino”, afirma el abogado estadounidense de origen cubano Pedro Freyre, especializado en inversiones en América Latina y en el embargo a Cuba. Otra cosa será cuando se empiece a analizar seriamente cómo desmontar el embargo a la isla. Y ahí sí podría convertirse este tema en un arma política, reconoce Freyre. Porque la Ley Helms-Burton establece como “condición esencial” para la “completa” reanudación de las relaciones diplomáticas y económicas entre EE UU y Cuba que se logre una “solución satisfactoria” de este asunto.
Con todo, a Freyre no le inquieta esta negociación pendiente. “Cuando Cuba empezó a hablar con EE UU seguro que todo el mundo tenía entendido que en algún momento habrá que sentarse a conversar el tema”, apunta. Muestra de ello es el estudio que el Gobierno de EE UU encargó en 2005, cuando aún gobernaba el republicano George W. Bush, a la Universidad de Nebraska para buscar un “mecanismo” que permita resolver las reclamaciones de propiedades bilaterales.
La universidad propuso la creación mediante tratado u orden presidencial de un “tribunal bilateral” que actúe como árbitro y resuelva formas diversas de compensación, desde la vía monetaria para las demandas más bajas a, en el caso de reclamaciones más altas y difíciles de asumir por Cuba, “alternativas” como garantizar beneficios fiscales u otros incentivos de inversión.
Es lo que Freyre denomina “soluciones creativas” y que, en el caso de Cuba, ve como la alternativa más plausible. De un lado porque, según recuerda, “Cuba no es Kuwait”: no tiene una gran reserva de dinero que le permita asumir una compensación multimillonaria. “Si de un dólar te llevas cinco centavos te podrás considerar afortunado”, advierte.
Por otro lado, quizás lo más crucial para buena parte de las grandes compañías con reclamos —como Coca-Cola, Colgate-Palmolive o las petroleras Exxon y Texaco—, podría resultarles mucho más ventajoso en el futuro negociar un arreglo que les permita invertir de nuevo en el mercado cubano, en el que muchos ven grandes posibilidades. Por eso el consejo de Robert Muse, otro abogado que asesora a este tipo de empresas, es mostrar “flexibilidad” a la hora de negociar con La Habana, porque este tipo de acuerdo podría ser una “muy buena manera de arrancar de nuevo las inversiones” en una isla donde empresas de otros países les llevan décadas de ventaja a las norteamericanas.
“El análisis de una empresa norteamericana que perdió propiedades en Cuba ha cambiado por completo el 17 de diciembre de 2014”, dice Freyre. “De ser una elucubración en un futuro lejano, que puede que pase o no, el Gobierno ahora ha anunciado que está cambiando de política. El juego es diferente”.
Compensaciones en efectivo y en especie
Las estadounidenses no fueron las únicas empresas que vieron cómo tras la subida al poder de Fidel Castro el 1 de enero de 1959 se procedía a expropiar y nacionalizar sus intereses en Cuba sin compensación alguna. Aunque en menor escala, también entidades españolas, canadienses o francesas sufrieron el mismo destino. Sus gobiernos, sin embargo, alcanzaron hace años un acuerdo compensatorio, algo que Washington y La Habana tienen todavía pendiente negociar, como parte del proceso para acabar, algún día, con el embargo. En las últimas décadas, Cuba cerró acuerdos compensatorios con países como España, Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza.
Fueron sumas globales, bajo los denominados acuerdos lump sum o montos pagados de una sola vez y de forma colectiva al Estado, no a título individual a cada una de las empresas con reclamos. Los pagos además fueron realizados a plazos y, parte de ellos al menos, en especie.
Así fue en el caso de España. El acuerdo, cerrado en marzo de 1988, acordaba una compensación por un total de 5.416 millones de pesetas (32,5 millones de euros) “como liquidación y finiquito por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española afectadas”, según el convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de marzo de 1988. Buena parte de la compensación —3.600 millones de pesetas— no fue en efectivo, sino “en especie”. El resto del dinero fue pagado mediante plazos semestrales.
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