Un documento del delator Alberto Youssef amenaza con ampliar el ámbito del mayor sumario de corrupción de la historia brasileña
PEDRO CIFUENTES Buenos Aires 12 DIC 2014 - 00:36 CET
Una gasolinera de Petrobras en Río de Janeiro / DADO GALDIERI (BLOOMBERG)
Cuando el primer exdirector de Petrobras detenido en la Operación Lava Jato, Paulo Roberto Costa, afirmó que la corrupción investigada “se da en todo Brasil”, pudo quedarse corto. El documento que la Policía Federal encontró en el domicilio del cambista arrepentidoAlberto Youssef, con registros de más de 700 contratos, amenaza con ampliar más, si cabe, el ámbito del mayor sumario de corrupción de la historia brasileña. El ya célebre juez de Paraná Sergio Moro ha reconocido en una diligencia que las revelaciones son “perturbadoras” y ha sugerido que “el esquema criminal de fraude y licitación, sobreprecios y sobornos podría ir mucho más allá” de la petrolera estatal. No se refiere sólo al resto del país. El citado documento incluye obras públicas realizadas en varios otros países latinoamericanos como Argentina y Uruguay (socios de Brasil en el Mercosur) o Ecuador y Colombia.
Los listados aprehendidos a Alberto Youssef, preso desde marzo y acusado por lavado de dinero, especifican (según publicó la TV Globo el fin de semana) detalles sobre 747 obras llevadas a cabo por 170 empresas, la mayoría constructoras, en una nómina que guarda gran semejanza con las empresas investigadas en la enormeoperación desatada por la Policía Federal hace 18 meses. La suma total de estos proyectos es de 11.500 millones de reales (4.600 millones de dólares); quizá una cantidad modesta en comparación con la gigantesca trama de sobornos, lavado de dinero y financiación ilegal de partidos políticos descubierta en el entorno de Petrobras, “pero que podría ser apenas la punta del iceberg de otro escándalo enorme”, citan a este periódico fuentes allegadas al caso.
El 59% de las obras que aparecen en la lista incautada a Youssef tenía a Petrobras como cliente final. Los principales proyectos eran infraestructuras de transporte (puertos, aeropuertos, metros), así como refinerías y obras de minería y saneamiento. El juez Moro ha pedido explícitamente una “profunda investigación” para confirmar las todavía sospechas sobre las nuevas irregularidades. Rodrigo Janot, fiscal general de la República, ha confirmado que las nuevas relevaciones están siendo ya analizadas por el Ministerio Público.
Entre las obras contempladas en el listado destaca la ampliación del puerto de Mariel, a 50 kilómetros de La Habana (Cuba), ambicioso proyecto de nueva zona franca comercial realizado con financiación brasileña cuyo primer desarrollo fue inaugurado en enero con la presencia de la presidenta Rousseff y fue criticado durante la reciente campaña por el opositor Aécio Neves. Construido por el gigante Odebrecht (investigada en la Lava Jato, aunque sea una de las pocas empresas del presunto club de contratistas corruptores que no ha tenido ningún directivo encarcelado), su cotización alcanza los 7.000 millones de euros. En el documento aparece citado con un valor de 3,6 millones de reales (1,5 millones de dólares), sin mayor explicación. La constructora ha negado el pago de ningún soborno.
Un gaseoducto argentino habría recibido ayudas por valor 28 millones de dólares del Banco de Fomento Brasileño
En los explosivos listados de Yousseff aparece también un gaseoducto argentino de la provincia de Córdoba que habría recibido en 2008 ayudas por valor de 60 millones de reales (28 millones de dólares) del Banco de Fomento Brasileño (BNDES), el principal banco de desarrollo latinoamericano, que en la última década concedió préstamos por valor de miles de millones de dólares a su vecino austral para la expansión de la red gasista. Portavoces del BNDES se han apresurado a negar cualquier participación en el esquema.
La espiral del ‘caso Petrobras’ es difícilmente abarcable. En su auto del fin de semana, el juez señala que no sólo el sector del petróleo debe ser objeto de investigación. A tres semanas de la segunda investidura de Dilma Rousseff como presidenta de la República, la oposición podría presionar para que la investigación alcance al sector eléctrico y a la mayoría de las obras federales. Sin embargo, la hipotética participación de partidos opositores en los delitos podría enfriar este ímpetu. En este escenario tan complicado, una piedra de toque podría ser la empresa pública Cemig (radicada en Belo Horizonte), una de las mayores eléctricas de América Latina, algunas de cuyas operaciones suscitan sospechas judiciales.
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