Carmen Martínez Bordiú y sus hermanos podrían perder una de las propiedades más valiosas y polémicas de la familia el próximo 1 de marzo. Ese día, jueves, la Comisión de Expertos del Pazo de Meirás se reunirá de manera extraordinaria a petición del Concello de Sada, que presentará un informe jurídico según el cual hay posibilidades de revertir la propiedad y que acabe siendo de dominio público.
Los Franco han emprendido una carrera contrarreloj con las instituciones gubernamentales de Galicia. Hace unos días se publicó que los hermanos habían puesto a la venta el Pazo por ocho millones de euros y aunque el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, cree que se trata de un globo sonda por parte de la familia, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, afirma que la operación se debe a la prisa de los Franco por deshacerse de una propiedad molesta.
Pero la situación es más compleja: si el Concello de Sada o la Comisión de Expertos del Pazo consiguen encontrar una manera legal de 'devolverlo' a la propiedad pública, los Franco se quedarían sin dinero y sin finca. Hace sólo cinco días el segundo de los hijos de Carmen Franco, Francis, aclaró que aún no estaba en el mercado inmobiliario pero desveló que ése sería su destino a corto plazo: "El pazo de Meirás no está en venta, pero lo estará".
La polémica persigue esta finca gallega desde hace años: mientras que la familia defiende que fue una donación realizada a su abuelo, Francisco Franco, en 1938, la Diputación de A Coruña, con el respaldo de más de treinta concellos coruñeses y de una quincena de entidades y asociaciones, sostiene que el dictador la obtuvo a base de coacciones y amenazas. Durante los últimos años han luchado por recuperar la titularidad y consiguieron que fuera nombrado Bien de Interés Cultural, una condición que obligaba a la familia a establecer un horario de visitas al público. No lo cumplieron y la Xunta les multó con 4.500 euros, un 'castigo' que a las asociaciones les pareció "ridículo".
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