La Corte Suprema de Chile consideró solicitará a Estados Unidos la extradición del oficial retirado del Ejército de Carlos Humberto Minoletti Arriagada, condenado a cinco años y un día de prisión por la exhumación ilegal de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La resolución, según informaron fuentes judiciales, fue aprobada de forma unánime por la II Sala penal del máximo tribunal chileno, que respondió así a una solicitud del juez especial Leopoldo Llanos, que condenó a Minoletti como autor de los delitos reiterados de exhumación ilegal de los cuerpos de 26 detenidos ejecutados en el llamado "Episodio Calama" del caso "Caravana de la Muerte".
En Miami
Minoletti, según fuentes del caso, vive actualmente en la ciudad estadounidense de Miami.
El fallo considera que si bien el delito de exhumación ilegal no se encuentra incluido en el Tratado de Extradición entre Chile y Estados Unidos, procede solicitarla al amparo de los principios del derecho internacional.
La muerte
La "Caravana de la muerte" fue una comitiva militar comandada por el general Sergio Arellano Stark que en octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile en helicóptero y ejecutó a cerca de un centenar de prisioneros políticos a los que sacó de las cárceles.
En la ciudad de Calama, los ejecutados fueron 26, que fueron llevados al desierto, asesinados a tiros y puñaladas con cuchillos de combate y enterrados, pero antes de cubrir los cuerpos los militares lanzaron granadas sobre ellos.
Retiro de televisores
En 1978, al descubrirse cerca de Santiago los cadáveres de una quincena de detenidos desaparecidos, Augusto Pinochet dictó la orden "retiro de televisores", consistente en exhumación ilegal de centenares de asesinados, que luego fueron echados en sacos, atados a rieles y lanzados al mar.
En Calama, pese a la orden, años después se encontró la sepultura clandestina, y pequeños fragmentos de huesos, además de algunos objetos y ropa olvidados en el lugar por los militares, permitieron identificar a la mayoría de las víctimas.
En Chile, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet. De ellos, 1.192 víctimas figuran aún como detenidos desaparecidos.
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