La malversación de Simón Bolívar

Maria Saenz Quezada

La crisis de Venezuela marcha a pasos agigantados hacia un dramático final: la consolidación de una dictadura apoyada en la fuerza militar, y en una constitución hecha a medida. O su eclosión, como consecuencia de distintas fuerzas opositoras que confluirían para exigir un cambio de rumbo.

En todo este proceso, como es de rigor en nuestras patrias americanas, la historia es manipulada con el objetivo de darle coherencia interna al relato oficial. Asunto clave es el uso simbólico de la figura de Simón Bolívar, materia en la que el régimen chavista ha superado a sus antecesores. Si en el pasado se lo elevó a los altares y se lo consideró encarnación de las virtudes cívicas y militares, Hugo Chávez, alentado porque sus seguidores que lo saludaban como la reencarnación del prócer, afirmó: “Bolívar vive, carajo. Somos su llamarada”. En esa línea modificó el nombre del país, acusó a las oligarquías colombianas de haber asesinado al prócer y reescribió la historia incurriendo en lamentables simplificaciones.

En 2007, el historiador Germán Carrera Damas, empeñado en rescatar el pasado venezolano en su compleja integridad, reflexionaba sobre la triste suerte de una sociedad en la que el peso de los héroes ha sido utilizado para controlar el poder público y para bloquear la modernización de la vida social y cultural.

Dicha sociedad, escribe, parece destinada a desenvolverse entre el permanente culto al Héroe nacional- Padre de la Patria y la sumisión recurrente al Antihéroe nacional. “Padrote de la Patria”. En esta segunda categoría incluye a una larga serie de dictadores, entre otros, Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez Frías. En ese mismo artículo, observó que los dictadores si bien se legitiman en Bolívar, no se habían atrevido, hasta entonces, a plasmar su voluntad de perpetuarse en un texto constitucional - como el que el Libertador proyectó para la República de Bolivia, en que el Presidente tiene derecho a designar sucesor.

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Hoy Venezuela, conducida por Nicolás Maduro, “el hijo de Chávez”, avanza hacia la dictadura constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente que acaba de constituirse luego de una más que discutible votación, pretende funcionar con poderes absolutos por dos años más. Ha declarado a Maduro padre protector de todos los venezolanos. Pero las hazañas militares del “nuevo Simón Bolívar”, no se libraron contra las fuerzas del ejército español, mandadas por jefes de la talla de Boves y de Morillo: consisten solo en violentos combates callejeros entre fuerzas de seguridad bien armadas entrenadas y opositores inermes que arriesgan la vida y la libertad.

Más allá del culto de Bolívar, hay en el país caribeño una tradición democrática y republicana que el régimen chavista oculta y desprecia. Como lo expresó la doctora Inés Quintero (presidente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela) en la conmemoración del 206 aniversario de la Declaración de la Independencia, dicha tradición arranca de la Constitución Federal de 1811, que estableció los valores republicanos, la división de poderes, la abolición de los privilegios, la alternancia, el principio de la igualdad y que la base de la legitimidad estaba en el pueblo. Hacer respetar tales premisas no fue fácil. Numerosos obstáculos y abusos de poder jalonan la historia de Venezuela.

Un importante capítulo de esa historia democrática en el siglo XX, ha sido destacado por Enrique Krauze en el ensayo El poder y el delirio (2008), y tuvo como protagonista a Rómulo Betancour, fundador del partido Acción Democrática quien en su primer periodo presidencial promulgó la ley del voto universal y directo (1946). Su segundo período fue precedido por el Pacto de Punto Fijo entre los tres grandes partidos, 17 años antes que el de la Moncloa, España El Pacto estableció coincidencias en cuanto a políticas nacionales y permitió sólidos avances en calidad de vida republicana y mejoras en lo social y en lo cultural.

De la importancia de Betancour a escala continental, habla la doctrina que lleva su nombre, contraria al reconocimiento de los regímenes dictatoriales “que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias”.

De esos principios republicanos que inspiraron durante largos años a sucesivos gobiernos, gozó el exilio argentino de los años 70 que eligió radicarse en Venezuela. Pero ante los abusos contra los derechos humanos que se cometen en la República Bolivariana hoy, el “progresismo argentino”, de corta memoria, opta por mirar hacia otro lado y dejar que el más crudo militarismo se disponga a organizar al país hermano y amigo sobre un modelo cuartelero y obsoleto.

María Sáenz Quesada es historiadora.