La Paz, 19 ago (PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, tomará juramento a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad que investigará los crímenes cometidos por las dictaduras militares entre 1964 y 1982.
De acuerdo con la diputada Sonia Brito, el acto tendrá lugar en el Palacio de Gobierno el lunes 21 de agosto, cuando se cumplen 46 años del golpe de Estado encabezado por Hugo Bánzer.
La comisión estará integrada por la exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente sindical Édgar Ramírez, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos.
El objetivo es contribuir al esclarecimiento de los casos de violaciones graves a los derechos humanos y luego establecer indicios de responsabilidad civil o penal de los autores intelectuales y materiales, precisó la legisladora.
En diciembre de 2016 el presidente Evo Morales promulgó la ley 879 para la creación de esta entidad encargada de investigar los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias registrados en este país entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
Los cinco integrantes no recibirán remuneración alguna y en el lapso de dos años deberán entregar un informe al presidente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo.
La instancia de investigación deberá revisar una amplia cantidad de documentos, para lo cual podrá ingresar a inmuebles públicos y privados y a las antiguas casas de seguridad y excentros de privación de libertad.
También tendrá acceso a los archivos clasificados que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía, dijo Brito.
Según estimados, sólo durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) se registraron 400 asesinados, 150 desaparecidos, 14 mil encarcelados y 19 mil exiliados.
La comisión estará integrada por la exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente sindical Édgar Ramírez, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos.
El objetivo es contribuir al esclarecimiento de los casos de violaciones graves a los derechos humanos y luego establecer indicios de responsabilidad civil o penal de los autores intelectuales y materiales, precisó la legisladora.
En diciembre de 2016 el presidente Evo Morales promulgó la ley 879 para la creación de esta entidad encargada de investigar los casos de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias registrados en este país entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
Los cinco integrantes no recibirán remuneración alguna y en el lapso de dos años deberán entregar un informe al presidente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo.
La instancia de investigación deberá revisar una amplia cantidad de documentos, para lo cual podrá ingresar a inmuebles públicos y privados y a las antiguas casas de seguridad y excentros de privación de libertad.
También tendrá acceso a los archivos clasificados que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía, dijo Brito.
Según estimados, sólo durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) se registraron 400 asesinados, 150 desaparecidos, 14 mil encarcelados y 19 mil exiliados.
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