22 AGO 2017, 12:00 AM
Quien observe lo que está pasando con las comunidades y los barrios del país tiene que concluir que la República se encuentra en estado de insurrección.
Aquí nadie dialoga, ni pregunta, ni escribe, ni reclama civilizadamente. Lo primero que se le ocurre a un barrio que le han llevado la energía eléctrica por unas horas, o a una comunidad que no le han reparado una calle o un camino, es lanzarse a las calles a tirar basura, quemar gomas, destruir árboles para bloquear las vías y enfrentar a los policías enviados para apaciguar los disturbios.
Alguien dirá que la culpa la tienen las autoridades locales que no dialogan con sus comunidades o que las tienen cansadas de promesas incumplidas, pero esto es solo una verdad a medias, porque esas fueron las autoridades que esos mismos revoltosos eligieron, muchas veces por la limosna electoral de una botella de ron y unos pocos pesos.
En verdad, los problemas en el país son infinitos y los recursos escasos, y no hay presupuesto que alcance para resolver todos los problemas. Sin embargo, los políticos continúan prometiendo obras solo para ganar votos, a sabiendas de que muchas de ellas no serán cumplidas y sin intentar articular los intereses de la comunidad. En ese sentido, ellos son en gran parte culpables de lo que pasa.
Ahora bien, lo que resulta evidente es que el país no tiene continuar viviendo en un estado de constante sobresalto, de bloqueo de vías públicas, algunas de ellas de importancia turística, de heridos y muertos en desórdenes, sin privilegiar métodos de resolución de conflictos que permitan manejar el actual estado de cosas.
El Gobierno tiene la palabra.
atejada@diariolibre.com
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