En República Dominicana el renglón que más altos niveles de crecimiento ha registrado en la última década es el de la delincuencia, debido, fundamentalmente, a que en su desarrollo han convergido fuerzas del poder público, incluyendo la desidia del Gobierno del Estado. Muchos analistas han sido enfáticos en el reclamo de medidas para controlar el flagelo que arropa a la sociedad, colocando en condiciones de indefensos a los dominicanos y dominicanas que tienen que producir para mantener la estabilidad económica del país.
De forma vertiginosa, el terror se apodera de las calles, negocios, empresas y hogares, porque ya no hay lugar seguro para los antisociales y los actos delictivos se cometen en cualquier escenario, incluyendo las estructuras conformadas para preservar la paz pública y la seguridad ciudadana.
Es una pena que en cada hecho delincuencial o criminal estén envueltos militares y policías y que auxiliares de la justicia y sus propios integrantes formen parte de este fenómeno que conduce sin treguas hacia el caos social, económico y político de una nación, cuyo principal activo social era la seguridad, la concordia y la hospitalidad. Pero ahora no es tiempo de lamentaciones, es preciso que las autoridades, encabezadas por el presidente Danilo Medina Sánchez, encaren la situación y declaren como prioridad nacional el combate a la delincuencia y al crimen organizado, incluso removiendo a jueces y fiscales que hasta el momento han actuado con lenidad y en complicidad con esos antisociales. Esto incluye una profilaxis urgente en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Con esto no estamos pidiendo la creación de una fallida comisión, sino de una estructura que, previamente instruida y bien pagada, se haga cargo de la situación y que actúe sin contemplaciones, caiga quien caiga, en aras de un país vivible y de una nación segura.
El presidente Danilo Medina Sánchez tiene ante sí el mayor de los retos, porque no se puede hablar de gobernabilidad cuando la delincuencia hace y deshace, sin que la autoridad actúe correctamente y sin que la justicia aplique las sanciones correctivas de rigor, sin privilegios ni contemplaciones. Es tiempo de decidir si vivimos en el caos o procuramos una nación pacífica, que nos garantice disfrutar de una convivencia armoniosa y equilibrada. Presidente, la decisión es suya.
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