El estado de inseguridad que perturba la vida de los dominicanos es el fruto de un fallido sistema de consecuencias correctivas que estimula a la gente a buscar sus propios mecanismos de protección y castigo. De ahí se deriva la tendencia al armamentismo, como medio defensivo, y el linchamiento como método repudiable para hacer justicia. La ocurrencia de 64 linchamientos en dos años es un indicador que calibra el grado de fracaso del sistema y la desconfianza de la población en la autoridad.
De todo esto, la impunidad es un elemento clave. La Justicia no garantiza el castigo del delito, y al dejarlo impune, estimula reincidencia y multiplica su ocurrencia. A su vez, el linchamiento como respuesta de la sociedad a esa impunidad se manifiesta por medio de crímenes tan o más horrendos que los que se pretende castigar, a veces sobre la integridad de gente no culpable. Pero todos los linchamientos de que se tiene cuenta han quedado impunes.
Hay fallas sistémicas imperdonables en el régimen de consecuencias que arraigan la impunidad. Hay una aprobación tácita de las propias autoridades hacia la práctica del linchamiento, y uno de los estímulos más elocuentes es la impunidad en que quedan muchos de los desacreditados intercambios de disparos. Matar al real o presunto delincuente reemplaza peligrosamente el ordenamiento institucional
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