El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, confirmó ayer que el expediente abierto a la familia de Francisco Franco por no abrir al público el Pazo de Meirás «está a punto de cerrarse» y, «seguramente tendrá carácter sancionador». Según indicó Rodríguez a los medios de comunicación, la resolución de este proceso —abierto el pasado mes de marzo— podría llegar en tan solo unas «semanas», si bien matizó que no se trata de una cuestión «fácil». El Gobierno gallego decidió iniciar esta actuación contra la familia Franco tras constatarse que el teléfono habilitado para gestionar las solicitudes de visitas al inmueble no estaba operativo pese a que la declaración del Pazo como Bien de Interés Cultural obliga a sus propietarios a abrir al público el complejo al menos cuatro veces al mes. En este sentido, titular de Cultura aseguró que el expediente «va para adelante», y las posibles sanciones se realizarán «dentro del marco legal» fijado por la actual ley de Patrimonio en función de las distintas tipologías de sanción.
La gestión del Pazo por parte de la familia Franco ha generado en las últimas semanas una fuerte contestación por parte de los grupos de la oposición, después de que la Fundación Nacional Francisco Franco, encargada de las visitas al inmueble, fijase como uno de sus objetivos «ensalzar la grandeza» del dictador. Tras estas declaraciones, tanto PSdeG, como BNGy En Marea solicitaron esta semana en el Parlamento gallego la devolución del complejo a la titularidad pública. El grupo mayoritario en la Cámara, el PP, apuntó a través de su portavoz parlamentario que le parecía «interesante» una de las propuestas formuladas por el grupo socialista para crear una comisión que explore las vías legales para conseguirlo.
Reuniones
Por su parte, el alcalde de Sada, concello en el que está ubicado el Pazo, envió ayer una carta en la que solicita sendas reuniones con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el conselleiro de Cultura para abordar la recuperación del complejo para el patrimonio público. Benito Portela, de la plataforma Sadamaioría, explicó a través de un comunicado que es el Partido Popular «quien tiene la potestad para modificar el actual marco normativo» de cara a permitir incorporar el inmueble al dominio público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario