Editorial periodico Acento
Hizo bien el gobierno del presidente Danilo Medina al rectificar la intención de mantener en prisión al activista del movimiento Marcha Verde en Moca, Juan Comprés, mediante la indelicada y abusiva colocación de 52 gramos de cocaína en su vehículo, para meterlo a la cárcel por lo menos por un período de 10 años.
De no haberse dado a conocer una grabación cuando los agentes policiales colocaban la droga en el desvencijado automóvil del activista popular, es casi seguro que el gobierno habría auspiciado medidas de coerción y sentencia definitiva contra este maestro y dirigente comunitario, sin mayores consecuencias para el sistema democrático.
¿Cuántos jóvenes, activistas, personas sin vínculos con las protestas no habrán pasado por la misma situación, y hoy estarían guardando prisión cumpliendo una “justa” condena de un tribunal? No lo sabemos. Pero si el método existe, y ha sido utilizado por agentes de la Policía Nacional en Moca, quien puede desmentir que ese método de imputar delincuencia con drogas se haya utilizado en muchas otras ocasiones.
En el caso de Juanchy Comprés esa fue la intención. Lo apresaron, lo esposaron, lo enviaron a la cárcel, y pautaron una audiencia para conocer las medidas de coerción que el Ministerio Público anunció que pediría: Tres meses de cárcel preventiva en lo que se investigaba la procedencia de la drogas y los otros negocios ilícitos del “narcotraficante”. Nadie lo puede negar, así son las cosas en el país.
Pero hubo una cámara que captó el momento en que los agentes policiales, uno hijo del coronel Nelson Valenzuela, de Moca, colocaban el paquete con los 52 gramos de cocaína en el vehículo del dirigente de Los Peregrinos. El rostro de estupefacción de Juanchy era más que suficiente para conocer de la enorme injusticia que se estaba cometiendo.
Los agentes policiales, que deben proteger a la ciudadanía, actuaban como una mafia, como una trulla de delincuentes al servicio de delincuentes mayores, con la intención de anular las acciones sociales y políticas de Juanchy. La grabación fue el principal testimonio de la injusticia.
Pero las organizaciones comunitarias de Moca salieron rápidamente a reclamar justicia y a negar la acusación, porque Juan Comprés se le conoce por protestar contra las injusticias, no por vender drogas. Y la protesta se extendió. El Movimiento Marcha Varde comenzó a recabar informaciones, y a dar a conocer otras injusticias, como la tortura a que fue sometido el profesor Comprés.
En la tercera intención de conocer la audiencia de las medidas de coerción, por parte del juez de instrucción de Moca, hubo justicia. Horas antes el Procurador General de la República instruyó al fiscal de Moca a variar su petición: de tres meses de prisión preventiva sugirió que únicamente pidiera presentación periódica del acusado ante las autoridades.
Luego el director de la Policía Nacional anunciaba a través del vocero que habría sanción contra los agentes que apresaron a Juanchy Comprés, y que se designaba una comisión para investigar su apresamiento y las circunstancias de la colocación de la droga.
La audiencia en Moca representó un desafío para las autoridades. Miles de personas se presentaron a las 3 de la tarde en el Palacio de Justicia de la provincia Espaillat. Esperaban que el juez dejara en libertad pura y simple al imputado, y que se decidiera por una investigación sobre la colocación de la droga. Eso sí que era un crimen a investigar.
Cuando el tribunal anunció que dejaba en libertad, sin cargos, a Juan Comprés, hubo fiesta colectiva en Moca. Y reclamos de una investigación y destitución del jefe policial de Moca, el coronel Nelson Valenzuela.
Seguir con esa trama era un gran riesgo para las autoridades. Su credibilidad está siendo duramente cuestionada. El método es conocido, y parece que se aplica en la actualidad, pero hacerlo contra un dirigente popular acreditado era ya un extremo insoportable.
Hay que estimular a las autoridades a cambiar los métodos. Estas cosas desdicen mucho al gobierno, a los dirigentes del oficialismo y a los organismos responsables de perseguir el crimen.
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