AYER 23:04
De acuerdo al Banco Mundial, en Chile el 5% más rico del país se lleva más de la mitad de los ingresos (51,5%).
Esto se traduce en que 45 hogares (0,001% de la población total) gozan de una riqueza financiera que supera los US$100 millones.
En este contexto, en el año 2012 el Congreso aprobó la ley de pesca, conocida como “ley Longueira”, que regaló a las grandes empresas pesqueras cuotas de pesca estimadas en US$743 millones anuales y que, en la práctica, ha sido una decisión por tiempo indefinido. Es decir, se traspasaron “recursos a perpetuidad a siete familias, en desmedro de 90 mil pescadores artesanales”.
Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet y hoy convertido en uno de los más ricos del mundo, ha financiado en forma transversal a grupos de políticos. El grupo económico Penta ha sido financista de la UDI. El hijo de la Presidenta Bachelet ha usado su situación para beneficiarse ante el principal banquero de Chile. La salud pública atiende al 75 % de la población. La salud privada atiende al 15%. Menos de la mitad de los médicos trabajan en el sector público y, del gasto total en salud como porcentaje del PIB, menos de la mitad es gasto público. Medio centenar de oficiales de Carabineros están involucrados en un fraude que, hasta ahora, se calcula en 25 millones de dólares. Hay colusiones entre las farmacias, las empresas del papel, los supermercados.
A esto se suman las cuentas de Pinochet en el Banco Riggs, los latrocinios con los tanques Leopard, los cohetes Rayo, las fragatas, los aviones de combate negociados en las sombras, los containers despachados desde Famae cargados con cocaína disimulada entre repuestos mecánicos, la ley reservada del cobre, los fraudes de los altos mandos para apropiarse de bienes públicos, los robos de doña Lucía a través de Cema, las leyes secretas constituidas por 110 decretos, de los cuales 98 han sido destinados a legalizar transacciones económicas ilegítimas tales como pago de comisiones, coimas, abultamientos de saldos de cuentas corrientes de comandantes en jefe, etc…
Todo esto ocurrido en la “transición a la democracia” que, en verdad, ha sido efecto de un pacto de silencio “para la gobernabilidad” entre los dirigentes de la Concertación, los grandes empresarios y las FFAA. Todo esto es corrupción. Y todo esto y mucho más explica la mantención de las malas condiciones laborales en Chile, que son funcionales a la riqueza y la desigualdad y que ha permitido la creación de gigantescos grupos económicos unidos a las transnacionales. También es explicación de la imposición de las AFP, que no son un sistema previsional, sino un sistema auxiliar del mercado de capitales, disponiendo de una cantidad enorme de ahorro interno para financiar a los grupos económicos a costo cero. Hoy, las AFP están pagando menos de 400 mil pensiones y más del 65% son cargo al erario nacional. Si una AFP quiebra, el Estado responde. Dado que hay pensiones inferiores a 85 mil pesos, es fácil observar que los recursos de los trabajadores han permitido la gran inversión privada y desarrollar el mercado de capitales. Cinco de seis AFP están controladas por transnacionales y están autorizadas para invertir en el exterior un porcentaje de los ahorros de los trabajadores. Ninguno de los agresivos “defensores de la soberanía nacional” se ha manifestado frente a esta política antipatriótica. Al contrario, son los mismos que justifican la pobreza culpando a las víctimas. Tampoco se hace público que, por la pobreza y la inseguridad que ésta conlleva, más de un millón de personas sufren de ansiedad y 850 mil de depresión, de acuerdo a cifras del 2016 de la OMS.
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