Charla del periodista Miguel Guerrero.
Hablar de periodismo como se le entiende hoy durante la llamada Era de
Trujillo es una tarea imposible. No existió durante esas tres décadas de
oscurantismo nada que se le parezca a una práctica real de periodismo
independiente y crítico. La represión no toleraba ningún asomo de
disidencia a un régimen que tenía un control casi absoluto de la vida de
cada habitante de la república.
Es a partir de la caída de ese régimen en que comienzan a aparecer los
primeros intentos de expresión libre en la prensa nacional, después de
treinta años de opresión y censura.
Voy a referirme, por tanto, a la visión que tengo del periodismo
dominicano en la etapa de ejercicio democrático que ha vivido nuestro
país a partir de entonces.
La prensa nacional ha experimentado en los últimos años los cambios más
grandes y profundos ocurridos desde el resurgimiento de la libertad de
expresión, a raíz de la caída del trujillismo en 1961. Las
transformaciones más significativas se relacionan con el traspaso de la
propiedad de la mayoría de los medios importantes a grupos económicos y
los cambios radicales de formato y diseño, producto de la adquisición
por muchos de ellos de modernas tecnologías. La aplicación de novedosos
métodos “mercadológicos”, resultantes de la transferencia de propiedad,
dieron lugar a la aparición de periódicos diarios gratuitos, fenómeno
este que ha precipitado la desaparición de varios medios, reducido
dramáticamente la circulación de otros y provocado bruscos movimientos
en las preferencias del público.
En mi opinión habrán de ocurrir todavía transformaciones más dramáticas.
Podría ocurrir que el gusto de una buena parte de los lectores que
aún compran diarios, sumado a la falta de poder adquisitivo y a la
ausencia de opciones informativas en un ambiente noticioso tan escaso
como el nuestro, se mueva gradual y firmemente hacia las publicaciones
gratuitas, por cuanto en su mayoría ofrecen las mismas coberturas.
Los medios tendrán necesariamente que analizar su posición a la luz de
estas nuevas condiciones en que se desenvuelve el periodismo escrito del
país, tomando en cuenta además la forma en que otros medios periódicos
no diarios y una amplia oferta proveniente del exterior han ido
ganándole espacio a los periódicos tradicionales dominicanos de
circulación cotidiana. Nuevos escenarios surgirán y, en mi opinión, que
de seguro no compartirán otros colegas, el futuro de los diarios del
país dependerá de su capacidad para adaptarse a esta nueva realidad. Los
propietarios, responsables y líderes de esos medios se verán forzados a
dedicar tiempo y recursos al estudio de la situación, a fin de
prepararse para la gran tarea de supervivencia.
El auge de los portales digitales, gracias a la magia del Internet,
constituye otro desafío al periodismo tradicional y el más fuerte aliado
de la libertad de prensa y expresión contra el abuso de autoridad,
permitiendo que los profesionales del oficio recuperen el control real
de los medios que dirigen, lo cual se había hecho imposible por el alto
costo de impresión y administración de un diario. Sin duda alguna, el
periodismo digital será la respuesta del futuro.
En un mensaje reciente, el presidente Fernández reiteró el compromiso
del gobierno de respetar la libertad de prensa y justo es reconocer que
hasta ahora ha sido fiel a ese predicamento. Su mensaje obliga a una
reflexión sobre el tema. Toda tentativa por imponer reglas a la conducta
y responsabilidad de los medios de comunicación lesiona el papel de la
prensa independiente en una sociedad democrática.
En los últimos años ha crecido la tendencia de los gobiernos a fijar
reglas para definir el concepto de la responsabilidad periodística, como
son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador y desde hace cinco
décadas en Cuba, bajo el régimen de Fidel Castro. No es tarea fácil
determinar cuáles son esos límites, a menos que sean los que se fije a
sí misma cada medio. Resulta chocante la aceptación que goza en ciertos
medios periodísticos, tanto dentro como fuera del país, la teoría de que
la potestad de establecer límites y reglas a esa responsabilidad cae o
encaja dentro de las atribuciones del gobierno.
La experiencia ha demostrado que siempre que la autoridad pública,
cualquiera sea su naturaleza, pueda directa o indirectamente limitar esa
responsabilidad, la independencia y la libertad de prensa quedan
virtualmente suprimidas. La intervención de un gobierno en el campo de
la actividad periodística equivale a otorgarle la capacidad de decidir
qué puede o debe publicar un diario. Transferir esa capacidad de las
redacciones a los despachos de algún ministerio equivale a asestarle una
puñalada a la libertad, y la posterior desaparición de una prensa
crítica y libre. No existe un solo ejemplo que permita dudar de esta
aseveración tan categórica y bastaría citar como ejemplos los casos de
Chile, en la dictadura del general Augusto Pinochet; de Cuba, bajo el
régimen castrista y en Nicaragua, en la era sandinista y antes bajo la
dictadura de los Somoza.
Con mucha frecuencia se esgrime la negativa o renuencia de un periódico a
publicar éste o aquel informe o artículo de opinión que no se ajustan a
sus criterios y políticas editoriales, como la prueba de que se
requiere de un método gubernamental para fijar la responsabilidad de los
medios de comunicación. Pero obligar a un medio a publicar aquello que
considere contrario a su propia escala valorativa, constituye un
atentado a la libertad de expresión, que es la base del funcionamiento
de una prensa realmente libre y democrática.
Existe todavía en el país mucha confusión, incluso entre periodistas,
respecto a los conceptos de libertad de prensa y libertad de expresión,
pues aunque ambos se relacionan estrechamente y en muchos sentidos la
vigencia de uno depende de la permanencia del otro, son cosas muy
distintas con particulares significados.
La función social de la prensa ha sido siempre objeto de controversia y
es natural que lo siga siendo. Como la libertad para imprimir diarios y
revistas y operar estaciones de radio y televisión y otros medios de
comunicación, constituye un elemento vital para la preservación de las
demás libertades inherentes a la condición humana, a los gobiernos y a
los dictadores les ha bastado siempre suprimirla para ahogar la
disidencia y sepultar la democracia. Los intentos contra la
independencia de la prensa datan de los albores mismos del periodismo.
La brutalidad que caracterizó la represión de los medios de comunicación
años atrás en muchos países, ha dado paso a métodos más sutiles, lo
cual no significa que tales esfuerzos hayan amainado. Las amenazas
contra la independencia periodística han cobrado la forma de un debate
internacional con ribetes doctrinarios. Cuando ejerce su función crítica
con seriedad, la prensa independiente se convierte en el mejor aliado
de la democracia e incluso de los gobiernos.
Hay algo peor que la censura y es la que se imponen a sí mismos los
medios y muchas son las razones y factores que la han explicado a lo
largo de nuestra defectuosa vida democrática. Pero existe un acto de
degradación mayor que ocurre cuando los periodistas, fuera por dinero,
afecto o miedo, declinan voluntariamente su misión y se ponen al
servicio de un grupo o una corriente política a la que sólo le guía la
ambición de poder, sin causa alguna, y llegan al extremo de cuestionar
la labor de sus colegas, respondiendo a una directriz llegada desde el
Palacio u otras alturas del poder.
La militancia de muchos periodistas contamina la prensa. Y ese es uno de
los peores males del ejercicio de la libertad en el país. Toda crítica
es vista así como una forma de oposición, como si la oposición fuera
además un crimen en una sociedad abierta y pluralista, olvidando de este
modo el inconmensurable valor que el ejercicio de esta y la práctica de
un periodismo libre, ajeno a toda influencia extraña a él mismo,
representan para la vida democrática de una nación que se precia de
sustentar esos valores.
Como vigilante de las libertades, la prensa debe mantener una posición
crítica frente a los poderes, especialmente el gobierno, por la
naturaleza autoritaria de éste. Ese rol se hace más necesario en países
como el nuestro sin instituciones fuertes y débil tradición democrática.
En diferentes etapas, esa obligación fundamental ha cedido espacio
ante un esfuerzo brutal de control de los medios al través de la
adhesión, a veces casi fanática, de muchos de los que trabajan en ellos,
y a pesar de la obstinada resistencia de una parte importante de la
prensa que ha sabido defender su honor y su libertad de opinión. La
ausencia de institucionalidad y el libertino poder discrecional de los
funcionarios públicos, ejercen también una despiadada presión sobre la
propiedad de los medios, intentando mediatizar su rol, en base a sutiles
amenazas de diversa índole.
En el ámbito periodístico, la fuerza de intimidación de los gobiernos en
este país ha sido siempre superior a la capacidad de aguante de algunos
medios y de muchos periodistas.
Desde la funesta etapa de terror de la llamada Era de Trujillo, no se
conoce otra etapa de la vida nacional caracterizada por un esfuerzo tan
sostenido para uniformar la opinión pública por efecto de un control de
programas de radio, televisión y columnas escritas, como la presente.
Si bien es cierto que otros gobiernos han intentado lo mismo, preciso es
reconocer que jamás se había alcanzado tanto éxito. Tan abrumadora
corriente mediática destinada a proteger las acciones del gobierno, es
fruto no sólo de la adquisición de talento, sino también de la
identificación de propósitos, lo cual, sin duda, le asigna cierta
legitimidad. Afortunadamente, la mayoría de los medios importantes ha
sabido preservar su independencia y ellos constituyen hoy la más sólida
garantía de defensa de las libertades democráticas de la nación
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