La ley, Trujillo, ¿y después?

La ley, Trujillo, ¿y después?

Por Rosario Espinal
Uno de los escollos fundamentales que enfrenta la construcción de la democracia en la República Dominicana proviene de la contradicción entre la ley como responsabilidad y la ley como arbitrariedad. La primera es propia de la democracia, la segunda del poder autoritario. La ley como arbitrariedad es parte esencial de la historia dominicana y se afianzó en el siglo XX con la dictadura de Trujillo.

En aquella Era, se establecieron formas de dominación arbitraria que definieron la concepción del Estado y la forma de inserción de los sujetos sociales en la comunidad política. El dictador se apoderó del sentido nacionalista que se había gestado en casi un siglo de post independencia, sin solidificarse como poder democrático y comunidad de destino. Trujillo interpeló a la nación para que apoyara su proyecto político, pero excluyó al pueblo de la participación. En la discursiva trujillista, el espacio público permitido a la población era el trabajo, y le correspondía al Estado, entiéndase Trujillo, dirigir y enseñar la sociedad a ser productiva y encontrar el progreso. Se interpeló a la nación en términos de los valores familiares, la educación cívica y la obediencia, mientras todas las instancias de lo personal y lo público giraban en torno al logro de una supuesta disciplina social que guiaría la nación a la civilización. Como resultado, la formación de identidades políticas se produjo fundamentalmente como "masa silente". La población se insertó a la sociedad a través del trabajo y la disciplina, sin la posibilidad de reclamar o reivindicar derechos. La ciudadanía no se construyó como una comunidad de deberes y prerrogativas, tal cual ocurrió en las democracias desarrolladas. Tampoco como pueblo movilizado, como en el nacionalismo populista de los países latinoamericanos con mayor desarrollo económico. Para lograr sus propósitos, Trujillo dividió la nación en dos grupos: los que trabajaban, amaban el orden, la paz y el progreso, y los malavenidos que no tenían cabida en su sociedad de paz y orden. Estos últimos morirían, irían a la cárcel o al exilio para que no perturbaran. Así, el dictador estableció una relación "paternal" con la sociedad dominicana en dos sentidos: como "padre instructor" que enseñaba al pueblo ignorante a encontrar el camino del progreso, y como "padre disciplinario", que castigaba las malas acciones que desviaban de la meta hacia el bien. Parafraseando a Octavio Paz, la figura del "padre" se bifurcó en la dualidad de patriarca y macho. El patriarca que protege, es poderoso y sabio; el macho temible, que es fuerte y terrible. Trujillo apeló constantemente a la disciplina social en un contexto sociopolítico de bancarrota económica y luchas de facciones por la apropiación personal de los recursos del Estado. Llamó insistentemente a la disciplina y al trabajo para establecer la capacidad de regulación del Estado como fuente primordial de enriquecimiento personal. Así, el objetivo de ampliar la acumulación de riqueza derivó en contradicción, porque el supuesto enaltecimiento de la ley chocaba continuamente con la personalización de las relaciones económicas y políticas. Mientras la dictadura apelaba al respeto de la ley, el gobierno subordinaba arbitrariamente a la población. Como resultado, la tensión entre el culto al amo y el culto a la ley nunca encontró resolución en la dictadura. Alienados de la posibilidad ciudadana, el pueblo dominicano se subordinó ante el terror y la ley devino en deber por arbitrariedad, no por responsabilidad colectiva. Las consecuencias de ese sistema de hipocresía legal y opresión social persisten todavía. Sin un dictador omnipotente, la sociedad dominicana ha sido incapaz en el pos trujillismo de gestar cohesión social en torno a un contrato de respeto colectivo a la ley, que permita una convivencia más organizada y solidaria. En vez de un orden civilizado, basado en el reconocimiento mutuo de derechos y deberes, prevalece el caos y la ilegalidad en distintas esferas de la vida pública y privada. Además, obtener provecho de manera rápida e ilegítima no es ya exclusividad de un dictador y su cortejo, sino la regla que guía el accionar de un segmento cada vez mayor de la sociedad. Por eso, la democracia actual tiene el sello de corrupción, gran desigualdad y desprecio por la ley, problemas todos agravados en los últimos años, en parte, por la magnitud del fraude Baninter.