Un juez chileno condenó hoy a prisión a tres antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el homicidio calificado de Miguel Enríquez Espinosa, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrido el 5 de octubre de 1974 en el municipio santiaguino de San Miguel.
Según informaron hoy fuentes judiciales, en un fallo de primera instancia, el juez especial Mario Carroza sentenció a diez años y un día de prisión al brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, y a tres años y un día, con el beneficio de libertad vigilada, a los exagentes Rodolfo Concha Rodríguez y Teresa Osorio Navarro.
Krasnoff, integrante de la cúpula que dirigía la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, está actualmente en prisión, sentenciado a más de 500 años de cárcel, tras ser condenado en varias decenas de casos de violaciones a los derechos humanos.
El MIR desarrolló una resistencia armada contra la dictadura y en ese contexto, Enríquez fue rodeado por un grueso contingente en una casa de la calle Santa Fe, de San Miguel, junto a la cineasta Carmen Castillo, su pareja de entonces y otros dos guerrilleros, José Bordaz y Humberto Sotomayor.
Según el fallo del juez, decenas de agentes de la DINA rodearon el lugar y desencadenaron "una ofensiva armada" contra los miristas, "sin exhortarlos previamente a entregarse para ser detenidos".
Los guerrilleros se defendieron pero al darse cuenta de que la resistir era imposible, trataron de romper el cerco y huir por las casas vecinas, lo que sólo fue logrado por Bordaz y Sotomayor.
Enríquez se retrasó al ver herida a su compañera, que estaba embarazada y sólo después de dejarla asegurada emprendió la retirada, pero cayó herido en una casa vecina, donde fue rematado en el suelo por los agentes.
En la parte civil, el juez Carroza condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos (unos 820,000 dólares) a cada uno de los dos hijos de Miguel Enríquez.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3,200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
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