La crisis de deuda hace aflorar los efectos de su escasa competitividad y graves problemas derivados de su limbo jurídico respecto a EE UU
AMANDA MARS San Juan 9 AGO 2015 - 00:06 CEST
Un hombre cruz una calle de San Juan. / RICARDO ARDUENGO (AP)
Por faltarle, este año a Puerto Rico le está faltando hasta la lluvia. “Horario de cisterna”, indica el letrero del baño en un edifico de oficinas de San Juan. Es la sequía más dura en 20 años, y sus consecuencias van, literalmente, y como tantas otras cosas en este país, por barrios. En algunas zonas, los vecinos sufren cortes de agua de 48 horas, vuelve por un día, y se pierde de nuevo. Las arcas públicas se resienten y así se agrava la que también es la crisis de deuda más aguda: por primera vez en más de 100 años, una corporación pública dejó de pagar unos bonos. Como en toda crisis fiscal que se precie, hay un enfado colosal con los políticos. El fin de semana del default, el primero de agosto, el gobernador, Alejandro García Padilla, se había tomado vacaciones.
Puerto Rico debe 72.000 millones de dólares, tanto como pesa toda su economía, y no pueden devaluar el dólar como estrategia para salir de la crisis. “Creímos que esta era una economía desarrollada, pero está en desarrollo, y es obligada a seguir las reglas de la economía más fuerte del mundo. No tiene sentido, necesitamos más competencias, hay muchas variables de nuestra economía que no controlamos”, dice Aníbal Acevedo Vilá, gobernador entre 2005 y 2009, una parte del periodo en el que el pasivo engordó y la economía caía. “También ha sido responsabilidad nuestra, pero el problema es estructural”, insiste.
Cunden las comparaciones con Argentina o Detroit y se lo llama la Grecia del Caribe, pero Puerto Rico solo se parece a sí mismo. Estados Unidos ganó a España la isla en 1898 y su estatus hoy es una rareza: como Estado Libre Asociado, cumple las normas federales estadounidenses en los salarios mínimos, lo que le impide competir con la República Dominicana en turismo o con México como sede fabril. Además, debe cumplir la Jones Act, la ley por la cual todo transporte de mercancía entre puertos estadounidenses debe hacerse con barcos construidos en EE UU y con bandera estadounidense, lo que dispara sus costes y deja al país en desventaja frente a los competidores latinoamericanos o la propia Miami, ya que una isla no tiene muchas más alternativas.
A las cinco de la tarde no hay un alma por el barrio de Santurce y, en especial, por la calle Fernández Juncos, con manzanas enteras de locales cerrados: tiendas, bares, centro médicos... Hasta una casa de empeños. Más adelante, se alzan luminosos establecimientos de las cadenas estadounidenses CVS y Walgreens.
El escritor Eduardo Lalo brama durante el paseo en coche: “La crisis será buena si destruye una mentira como el Estado Libre Asociado, que es la historia de un fracaso, porque a Muñoz Marín [primer gobernador electo de Puerto Rico, que acordó la Constitución puertorriqueña] no le dieron lo que quería”.
Hay grandes culpas internas. Puerto Rico confió su competitividad a una fiscalidad excepcional. Desde los 70, las empresas manufactureras gozaban de una exención que atrajo la inversión de multinacionales, sobre todo farmacéuticas, pero esta ventaja acabó en 2006. En 10 años, la inversión cayó en 10 puntos con relación al PIB. Los cierres de fábricas o de caída de la producción se sucedieron: GlaxoSmithKline, Teva, Merck... Hoy también hay impuestos bajos, las firmas pagan hasta el 4% de sus beneficios por 15 años, aunque no basta para remontar la economía. Las transferencias desde EE UU (unos 6.000 millones de dólares netos al año), tampoco.
“¿Sabe por qué no hay revueltas en las calles? Porque la gente se va”, apunta el exgobernador. Tienen la ciudadanía estadounidense y no necesitan más que tomar un vuelo y emigrar. Hay más puertorriqueños viviendo en EE UU (unos cinco millones) que en la isla. Entre 2010 y 2014, la población ha encogido de 3,7 a 3,5 millones de habitantes.
El año pasado cerraron casi 100 colegios porque hay menos alumnos. Julia Cabrera y su marido tuvieron cuatro hijas y las cuatros se marcharon. Tienen entre 35 y 31 años y le han dado cinco nietas. “¿Dónde está el dinero que viene de EE UU? No lo están administrando bien”, se queja.
Alto desempleo
Hay un problema de paro (12%, alto para el estándar norteamericano), pero sobre todo una baja tasa de participación: el porcentaje de los mayores de 16 años que trabaja o busca trabajo es del 40%. Como las ayudas sociales se fijan bajo parámetros estadounidenses, los subsidios resultan significativos para el puertorriqueño y pueden acabar por desincentivar el empleo. Es lo que advierte un informe de extécnicos del FMI, que señala que un hogar susceptible de recibir tres tipos de asistencia puede acabar ganando más (1.743 dólares) que un trabajador con salario mínimo (1.159 dólares). Y la economía sumergida alcanza el 25% del PIB, según un estudio de 2010.
Frente al emigrado, dice Eduardo Lalo, hay que reivindicar al “quedado”, el que no ha marchado a EE UU: “Un país que es un gigante, el gran seductor de nuestro siglo”. Uno de los quedados es Walter Martín, de 23 años, que regenta la cafetería Aromas en el viejo San Juan, la zona más turística de la capital. “Yo me podría ir a EE UU, pero quiero dar la milla extra”, dice. Cuenta que es primo del cantante Ricky Martin, que ha pasado por dificultades, pero que la crisis “puede traer esperanza a este país”. Acto seguido un grupo de cruceristas irrumpe en el café con un guía que les habla de un pasado colonial. En esta parte de la ciudad no hay cortes de agua.
El atractivo de unos bonos rentables y con exenciones
¿Cómo consiguió tanto dinero prestado Puerto Rico si el país no crecía y muchos analistas adivinaban unos fundamentos débiles? El dinero fácil corría animado por los estímulos monetarios de la Reserva Federal y los bonos públicos puertorriqueños eran muy atractivos en Wall Street: alta rentabilidad y triple exención fiscal. Así es como la alegría crediticia se combinó de forma fatal con la caída de los ingresos públicos, pero el mercado se ha frenado. Y tras el impago de 58 millones de la Corporación de Financiación Pública, el problema se ha agravado.
Ahora, además, Puerto Rico no puede acogerse al llamado Capítulo 9, un marco legal para quiebras ordenadas al que se acogió la ciudad de Detroit en 2013. El Gobierno prepara un plan de ajuste fiscal para convencer a los acreedores y renegociar esta deuda. Pero muchos expertos piden un proyecto económico de largo plazo. Miguel Soto, presidente del Centro para una Nueva Economía, señala que “la batalla por la industria de bajo coste está perdida frente a China o México”, pero sí puede apostar por un mayor valor añadido.
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