Las elecciones convocadas en Venezuela para elegir la Asamblea Nacional Constituyente no mostraron la voluntad del pueblo del país Iberoamericano. Tan solo votaron unos 8 millones de personas de los 19,5 millones que hay en el padrón electoral. En definitiva, más de la mitad de la sociedad venezolana prefirió quedarse en casa.
El apoyo a estas elecciones fue tan solo del 41,5 por ciento. De hecho, la oposición a Nicolás Maduro ni siquiera presentó candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente.
Desde España no se reconocerá el resultado de estas elecciones celebradas ayer, según se desprende del comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores. En él se expresa que el Gobierno «no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto».
Por tanto, España considera que el resultado de la votación «no representa» la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano al no haber participado la oposición, tan solo los fieles a Maduro.
Los disturbios ocasionados ayer durante las elecciones no pasaron desapercibidos tampoco en España. Sin embargo, hay quien se empeña en condenar las protestas de la oposición incluso como un golpe de Estado.
Es el caso de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, quien publicó este tuit: «Mientras la oposición pone bombas contra la policía y da palizas a votantes, muchos medios españoles la ensalzan como demócrata. Chile 1973».
Garzón compara el tratamiento que se le da a la oposición con el que se le dio al golpe de Estado de 1973 contra el izquierdista Salvador Allende, reflejando que los medios españoles tratan a los opositores como demócratas, cuando a su entender se asemejan más bien a golpistas.
En aquel levantamiento de 1973, Allende fue derrocado por la vía de la fuerza. Dio comienzo una etapa trágica para Chile con el ascenso al poder del dictador Augusto Pinochet, que se mantuvo como líder en el país durante 17 años. Comenzó un gobierno militar que, con mano firme, violó los derechos humanos contra los opositores al régimen.
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