Esquizofrenia

Diana Calderón 

Le dicen el Monstruo de la Sierrita y es un violador en serie de menores. Pero a Byron Palacio le habían dado casa por cárcel sin brazalete electrónico porque según las autoridades tenía tuberculosis y podía contagiar a los demás reclusos en uno de los penales colombianos donde el hacinamiento supera el 50 por ciento. Lo mandaron a su casa. Mientras estuvo allí violó a otro menor. Y además se fugó. Fue capturado en un bus rumbo a Venezuela. El mismo violador les había dicho a las autoridades que no soportaba las ganas de abusar de los niños, que no podía controlarlo.

¿Gabelas de jueces irresponsables? ¿Negligencia? ¿Abuso de beneficios jurídicos tan favorables en la legislación de este país? Todas. Ya había ocurrido con otro. A ese le decían La Bestia. Solo pagó 24 años de 40 porque colaboró con la justicia confesando sus atrocidades. Más de 20 iguales a estos dos pueden recibir la misma suerte de volver a sus casas en un país donde el año pasado fueron violados 17 mil niños.

Llegó la hora de reflexionar sobre si los beneficios deben tener límites en su aplicación, si es suficiente que la investigación en este país privilegie los testimonios de los victimarios, pero principalmente lo que debe exigirse a estos jueces es el cumplimiento de la ley. Porque es precisamente la laxitud en unos casos lo que nos ha impedido castigar como corresponde a violadores de niños, a los ladrones de cuello blanco, a los políticos corruptos, y a toda clase de delincuentes. Y a veces en cambio ese mismo sistema laxo, por decirlo de alguna manera, se ensaña con otros, mandado los mensajes equivocados dentro y fuera de nuestras fronteras.

Nuevamente, la justicia, lo básico para que este país pueda hablar de paz y posconflicto atraviesa por el peor de sus momentos profundizando nuestro conflicto que tiene un soporte muy fuerte en la impunidad y en esa línea gris entre la justicia que se imparte y la política. Por ejemplo, estamos a tres meses de las elecciones regionales y se repiten los nombres de aspirantes y candidatos criminalizados y avalados por los padres de la Patria. Es un nuevo cartel, el de los avales, que le lava la cara a los vinculados con la parapolítica, el narcotráfico y la corrupción.

En medio de esta esquizofrenia del aparato judicial, pescan los uribistas que parecen haber escogido el patrón de no presentarse ante las autoridades judiciales y pedir asilo con el argumento de la falta de garantías procesales y la persecución política. Luis Alfonso Hoyos, que ostentaba el extraño cargo de asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, investigado por presuntas actividades ilegales con el hacker Andrés Sepulveda, en contra de la campaña de Juan Manuel Santos y el proceso de paz, pidió medidas de protección y asilo en Estados Unidos, como lo hiciera el ex ministro uribista Andrés Felipe Arias y también la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien cansada de huir en Panamá resolvió regresar a poner la cara.

La laxitud en unos casos nos ha impedido castigar como corresponde a violadores de niños, a ladrones de cuello blanco, a políticos corruptos

Pero es que tienen de donde justificar ante otros su poco respetable actuar. Un país como Estados Unidos, cuyo sistema es similar al nuestro, podría tener reservas sobre la confiabilidad del mismo en Colombia, cuando es posible que una parte del proceso mande a investigar y a encarcelar al juez que se supone imparcial si decide como no le parece.

Y peor aun cuando ve fallas en el modelo de medidas de aseguramiento como el caso de un feminicida que asesinó a machetes a su esposa y el fiscal del caso no pidió su detención porque no tenía antecedentes penales. Nuestro sistema permite hacer una imputación y después solicitar la medida de aseguramiento.

Adicionalmente hay un tema de tiempos: los juicios se dilatan, se vencen los términos, la gente está presa en cárceles donde no caben, y los que sí tienen probados sus crímenes, como el violador de niños, le dan la casa por cárcel. Con estos y otros problemas, en Estados Unidos es obvio que se pregunten si no es un problema más allá del uribismo, o si surge como problema penal o derivado de un proceso político...electoral.

Con un sistema judicial así, donde además se presenta manipulación de testigos o testigos falsos, está garantizado el asilo de Hoyos, la elección no de candidatos respetables sino de tránsfugas que debilitan aún más la democracia y nuestros hijos corren el riesgo de ser violados en las calles.