La dictadura chilena quemó vivos a dos jóvenes en 1986 y el crimen se acaba de reabrir
SILVIA AYUSO / ROCÍO MONTES Washington / Santiago de Chile 31 JUL 2015 - 12:29 CEST
El dictador chileno Augusto Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento de uno de los peores crímenes del régimen, conocido como el caso Quemados, según indican cinco cables confidenciales del Gobierno de Estados Unidos que publicará este viernes el National Security Archive. De acuerdo a la organización investigadora independiente de la Universidad de Georgetown, Pinochet en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos jóvenes que protestaban en la primera de las dos jornadas del Paro Nacional contra la dictadura. El fuego provocó la muerte del fotógrafo de 19 años, Rodrigo Rojas, y las heridas graves de la estudiante universitaria, Carmen Gloria Quintana, de 18, que sobrevivió con una inmensa parte de su cuerpo desfigurado.
Según explicó a EL PAÍS Peter Kornbluh, responsable de la investigación, aunque estos cables llevan desclasificados más de una década, adquieren especial relevancia ahora que la Justicia chilena ha reabierto recientemente el Caso Quemados, 29 años después de los sucesos. “Los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló.
La causa sufrió un vuelco la semana pasada, luego de que un exmilitar rompiera un pacto de silencio entre los involucrados y testigos. Junto con detallar capítulos desconocidos de lo que ocurrió el 2 de julio de 1986 en un callejón de la comuna de Estación Central de Santiago, el ex conscripto Fernando Guzmán denunció una operación de encubrimiento digitada por el Ejército para que nunca se supiera la verdad: “A cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados”, indicó ante los tribunales.
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Los documentos exponen detalles de un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile
El magistrado Mario Carroza, tras decretar nuevas diligencias, determinó el procesamiento de un grupo de doce militares en retiro del Ejército, por los delitos de homicidio y homicidio frustrado. La decisión del Poder Judicial ha puesto nuevamente a los derechos humanos en la primera línea de la agenda pública, como sucede cada cierto tiempo en Chile. El debate se ha centrado, sobre todo, en la supuesta información que todavía mantienen las Fuerzas Armadas sobre el paradero de las víctimas de la represión y los involucrados en los delitos de lesa humanidad. “Basta de silencio. Hay personas que saben la verdad de muchos casos que aún permanecen sin resolver. Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán, que ayuden a reparar tanto dolor”, señaló el lunes pasado la Presidenta Michelle Bachelet.
De acuerdo a los archivos confidenciales que este viernes publica el National Security Archive, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos. En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice ya que el joven fue “quemado de forma deliberada por soldados”. Se revela el primer obstáculo de los muchos que se interpondrían a lo largo de los siguientes días, meses y hasta décadas para ocultar el rastro que llevaba a los militares. “Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, reseña el reporte estadounidense. El director médico de la Posta Central, identificado como el doctor Guzmán, “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”, continúa el cable. Esta disposición “impidió que se tomara cualquier declaración legal” al joven malherido, agrega.
En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de que, pese a las declaraciones de testigos y una investigación de la inteligencia chilena que “claramente” señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque a los dos jóvenes, “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”. “No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el escrito.
El 22 de julio llega otro recuento desde Santiago al Departamento de Estado en Washington. En él se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigación “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”, aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre. El reporte es redactado en “una sola página sin copias”. El director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, le entregó el informe el 11 de julio a Pinochet. “El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange”, describe el cable estadounidense.
Un mes más tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” del crimen. “Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”, agrega.
El último cable publicado data del 18 de diciembre y lo firma la CIA. En él se cita a abogados relacionados con el caso según los cuales “el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”. El objetivo, según deduce el informe estadounidense, es “alargar el caso”, porque mientras no haya una sentencia los abogados de Rojas no podrán acudir a la Corte Suprema, que es “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato” del joven.
Los documentos exponen detalles desconocidos de “un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también, en las relaciones entre el régimen de Pinochet y EE UU”, resumió Kornbluh, para quien este caso supuso la ruptura definitiva de Washington con la dictadura chilena y el comienzo de las presiones del presidente Ronald Reagan a favor de un regreso a la democracia en el país sudamericano.
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