Las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los regímenes militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982 reclaman que no se les condene al olvido
Julio Llanos, uno de los activistas del movimiento que reclama un cambio en el trato recibido por las víctimas de los regímenes militares en Bolivia. / AMNISTÍA INTERNACIONAL
En el Parque Urbano Central, sobre una colina desde la que se divisa una espléndida vista de La Paz, el Memorial Marcelo Quiroga recuerda la figura del fundador del Partido Socialista Boliviano. Abatido a tiros en 1980 durante los violentos sucesos que siguieron al golpe de Estado del general Luis García Meza, Quiroga sigue siendo un desaparecido, ya que nunca encontraron su cuerpo.
El monumento y la pequeña exposición sobre la figura del político están abiertos al público tan solo un día al año. Esto constituye un perfecto símbolo del olvido al que han sido condenadas las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los regímenes militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982.
Este periodo dejó un trágico reguero de más de 150 personas desparecidas, al menos 200 ejecutadas extrajudicialmente, 5.000 detenidas arbitrariamente –buena parte de ellas torturadas– y miles más forzadas a partir al exilio.
Gladys Pérez tenía cuatro años cuando su padre fue detenido y desaparecido por la policía del régimen del general Barrientos. “Llegan a casa, entran, destruyen cuanto pueden y se llevan a mi padre. No lo hemos vuelto a ver. El trauma ha sido tan grande que crecimos en silencio”, recuerda con dolor.
Uno de los mayores problemas a la hora de internarse en el laberinto de las violaciones de derechos humanos en Bolivia es que los archivos militares siguen clasificados. La familia del desaparecido Carlos Flores ha peleado duramente por su apertura. Sin éxito.
Flores desapareció junto con Marcelo Quiroga en el curso del asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana, durante el sangriento golpe del general Luis García Meza, en 1980. Al parecer, intentó socorrer al líder político, que había recibido un disparo, y fue a su vez alcanzado por el fuego de los soldados que asaltaban el edificio. Nunca se han hayado los cuerpos.
En 2009, después de años de lucha, su familia consiguió que una resolución del Ministerio de Defensa le diese acceso a los archivos militares. Cinco años después, la orden no ha podido ser cumplida. “Hemos hecho todo lo que piden, pero cuando finalmente conseguimos un notario para ir al Estado Mayor, no le dejaron entrar”, explica Olga Flores, hermana del desaparecido.
Las autoridades bolivianas han hecho una lectura muy selectiva de esta página negra de su historia. Los países que no leen correctamente las páginas negras de su historia corren el riesgo de repetir los errores del pasado y sumar nuevas víctimas a las antiguas.
No ha habido en Bolivia ni la comisión de la verdad que tanto han reclamado las víctimas ni, salvo escasas excepciones, juicios contra los responsables de violaciones de derechos humanos. La ley 2640 de marzo de 2004 –de la que ahora se cumple el décimo aniversario– establecía procesos de reparación económica y moral y ha sido casi el único intento de reconocer y compensar a las víctimas. Pero su aplicación ha dejado mucho que desear.
Menos de un tercio de las 6.000 personas que solicitaron ser reconocidas como víctimas lo lograron. Las víctimas reconocidas como tales, ocho años después de la aprobación de la ley, tan sólo han recibido el 20% de la indemnización estipulada originalmente.
Para las víctimas y sus familiares es una cuestión de dignidad y de reconocimiento más que de dinero. Hace unos meses, una mujer que participó en la huelga de mineros que derrocó al régimen de Luís García Meza, resumía este sentimiento en declaraciones a un periódico: “Digan a las autoridades que no nos borren de la historia”.
Con 23 años, Lourdes Koya fue detenida durante el régimen de Hugo Banzer en 1972. Tras tres meses de incomunicación y tortura, fue encarcelada y partió al exilio un año después. “Los viernes llegaban agentes oficiales vestidos de civiles para golpearte, desnudarte… A veces nos llevaban al Ministerio del Interior para sacarnos información… Pensábamos que íbamos a morir”, explica.
A Lourdes, reconocida como víctima de detención arbitraria, las autoridades le han negado su condición de víctima de tortura y de exilio.
Julio Llanos era trabajador y líder sindical en la Empresa Colquiri COMIBOL cuando en 1964 se produjo el golpe del general Barrientos. “Invadieron militarmente las minas, hubo muchas muertes de mujeres, niños y en especial de trabajadores mineros. Tuvimos que huir”.
Tras un tiempo refugiado en China, retornó al país en 1966. Detenido en 1969 y torturado, perdió un dedo de la mano izquierda. Quedó libre después de una huelga de hambre y diversas movilizaciones de familiares. Hasta la llegada de la democracia en 1982, estuvo en prisión en múltiples ocasiones. Sin embargo, no ha sido reconocido como víctima de la represión.
Miembro de la Plataforma de Luchadores Sociales, Llanos es uno de los más fieles representantes del movimiento que ha permanecido acampado frente al Ministerio de Justicia para reclamar a las autoridades bolivianas un cambio en el trato recibido por las víctimas de los regímenes militares. El campamento ardió a principios del pasado mes de febrero.
El fuego no ha quebrado la voluntad de los manifestantes ni de muchas otras víctimas, que se niegan a que la lucha por la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones a los derechos humanos de los regímenes autoritarios bolivianos quede reducida a cenizas.
María José Eva Parada es investigadora de Amnistía Internacional para Bolivia y autora de un informe, que la organización publica este martes, sobre la impunidad en la que permanecen los graves crímenes cometidos durante los regímenes militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982.
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