DAUNO TOTORO Desde 2009, cada 30 de octubre se conmemora el Día del Ejecutado Político en Chile. La fecha constituyó un gesto político del primer gobierno de Bachelet hacia los familiares de ejecutados políticos. Sin embargo, el gesto necesario que debe hacerse es el cierre del Penal de Punta Peuco que cobija a ex militares responsables de crímenes de lesa humanidad, y su transferencia a una cárcel común. Constituye una ignominia para todo el país que, mientras los mapuches son encarcelados en recintos comunes por luchar por sus tierras, a los criminales que asesinaron, torturaron y desaparecieron a luchadores sociales en dictaduralos tengan en una cárcel de cinco estrellas, llena de privilegios, como es Punta Peuco.
En este recinto los ex funcionarios de Pinochet cuentan con habitaciones individuales, habilitados con living, cocina y ducha. Cada cuarto tiene una cama de una o una plaza y media junto a un baño. No solo eso. Son los únicos presos del país que tienen el privilegio de ingresar electrodomésticos, equipos de radios, televisores con acceso satelital y computadores. Ni hablar de las mesas de pin pon, canchas de tenis y multicanchas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado los privilegios con los que viven los criminales del régimen militar. Sin embargo, el gobierno de Bachelet que prometió cerrar la cárcel en septiembre no lo hizo. Presionado por la derecha reaccionaria pinochetista y por los familiares de los criminales, el gobierno mantiene abierta la decisión.
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