Una facción de Alianza País (AP) nombró a Ricardo Patiño, un exministro de Rafael Correa, como nuevo presidente del partido y este anunció que el exmandatario regresará para recuperar la postura ideológica perdida. Correa se apartó en julio de la primera línea política, pero ha seguido vigilando y presionando a sus militantes afines vía online. Desde Bélgica ha respaldado la desautorización a Moreno de 22 de los 35 miembros de la directiva y la designación de Patiño como su paladín, hasta que él regrese. La otra facción de AP, como reacción, salió públicamente a negar la destitución de Moreno e invitó a apartarse de la formación a quienes no se sientan identificados con la nueva tendencia del Gobierno.
Esa ruptura, también evidenciada en las intervenciones públicas, ha generado una ola de posicionamientos entre los rostros clave del partido y del Gobierno. José Serrano, presidente del Parlamento y experto en camuflarse hasta ahora en la indefinición, rechazó la decisión de la cúpula del partido por ser “arbitraria, inconstitucional e ilegal”. Según dijo, no se ha seguido con lo estipulado en los estatutos del partido: “Se ha violentado por una minoría, no sé a qué intereses responden”.
En cambio, Fernando Alvarado, el exsecretario de Comunicación que protagonizó el hostigamiento a los medios de comunicación durante la gestión de Correa, celebró la decisión, aunque dijo que llegaba tarde: “El 22 de septiembre me pronuncié sobre la necesaria expulsión de Lenín Moreno por incoherencia con los principios de AP. Hoy aplaudo esta valiente decisión”.
Ninguna de las dos facciones quiere renunciar al poder de una marca de partido que ha sido validada en las últimas cuatro elecciones presidenciales y que lleva gobernando desde 2007. Así, el resquebrajamiento no ha dejado de crecer a medida que correístas y morenistas buscaban apoyos entre dirigentes y militantes del partido desde que apareció la primera grieta. El momento clave coincidió con la orden de Moreno de despojar de funciones al vicepresidente Jorge Glas por su implicación en casos de corrupción.
Pero la facción de AP que aún es fiel a Correa rechaza la consulta popular que promueve Moreno porque, según defiende, eliminar la reelección indefinida supone un retroceso inconstitucional de derechos. Este grupo cuenta con al menos 20 asambleístas, aunque, amparados en el silencio de algunos parlamentarios, aseguran ser la corriente mayoritaria. Los dos vicepresidentes del Parlamento, Carlos Bergmann y Viviana Bonilla, muy cercanos a Correa durante su mandato, son dos de los que aún no se han posicionado.
Contagio en la militancia
La militancia se ha ido contagiando poco a poco de la pugna nacional y esta semana ha estallado la crispación. Las directivas regionales no se renovaron hace un año para poder centrarse en el año electoral, pero la bicefalia en el partido está forzando una nueva selección. Según la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, 26 de 30 dirigentes provinciales han mostrado un “irrestricto” apoyo a Moreno y su gestión.
Las discusiones entre la militancia regional se habían centrado en el apoyo o no a la consulta convocada por el presidente, pero la causa se ha estirado hacia el aval a Moreno. En cuatro de las cinco provincias que acumulan más del 60% de los votantes, los altos mandos del partido están divididos. En Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Los Ríos, cuando no es el número uno el que apoya al presidente mientras que el número dos rechaza la consulta, es al revés. Por eso, exigen acelerar el proceso de renovación de los mandos del partido para saber quién se quedará con la bandera de PAÍS para poder ondearla en las elecciones regionales de 2019.
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