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domingo, 19 de noviembre de 2017

El ejército de Chile no aplicó sanciones por destrucción de archivos de la dictadura

El ejército de Chile no aplicó sanciones por destrucción de archivos de la dictadura
El Ejército de Chile confirmó este viernes que no aplicó sanciones -aunque sí un reproche ético y moral- a los responsables de la destrucción de archivos de las policías políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre los años 1980 y 1982.
  
En un comunicado, el Ejército aseguró que "dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, jurídicamente y en el ámbito administrativo de su competencia, no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables", al estar prescritas.
  
Medios de prensa informaron sobre la destrucción de documentación proveniente de organismos como las temidas Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA) y su reemplazante, la Central Nacional de Informaciones (CNI), que se encontraban bajo el resguardo del Ejército de Chile.
  
Los documentos comprendían las operaciones entre los años 1980 y 1982.
  
El Ejército investigó el destino de dichos documentos tras una petición de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982, que se cree que fue envenenado por agentes de la dictadura de Pinochet.
  
Tras no encontrar rastros de ellos, se ordenó un sumario administrativo que terminó sin responsables aunque con un reproche ético y moral por el tratamiento de la documentación.
  
De acuerdo a una investigación del diario estadounidense The New York Times, los documentos fueron incinerados en unos hornos de la localidad de Nos, en las afueras de Santiago, en el año 2000, una década después del regreso a la democracia.
  
"Es un hecho que atenta en contra de la memoria histórica del país", criticó Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia de Chile.
  
Organizaciones de víctimas de la dictadura han denunciado la existencia de "pactos de silencio" al interior de las Fuerzas Armadas chilenas, destinados a ocultar la información sobre violaciones a los derechos humanos.
  
La dictadura dejó un saldo de más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
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