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Santiago de Chile - La Corte de Apelaciones de Santiago condenó hoy a penas de prisión a 26 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro calificado (desaparición) de un estudiante de 19 años en el marco de la Operación Colombo, según informaron fuentes judiciales.
Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 8 de julio de 1974, en presencia de sus padres y, según testimonios de prisioneros supervivientes, permaneció un tiempo en un recinto de tortura y exterminio situado en la céntrica calle Londres, de Santiago.
El año siguiente, su nombre figuró entre las víctimas de la "Operación Colombo", un montaje de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, para justificar la desaparición de 119 prisioneros políticos.
Con apoyo de las policías secretas de las dictaduras de Argentina y Brasil, la DINA difundió la versión de que los 119 habían muerto en purgas internas del MIR o en enfrentamientos con fuerzas de seguridad de esos países.
La prensa chilena de la época, controlada por la dictadura, se hizo eco de esa versión bajo titulares como "Exterminados como ratones".
En un fallo unánime, la V Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó hoy el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Hernán Crisosto y sentenció a trece años de prisión a los generales César Manríquez Bravo y Eduardo Iturriaga Neumann y a los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito.
Los cuatro militares, que ocuparon altos cargos en la DINA, están actualmente en prisión, cumpliendo penas que superan los 500 años en los casos de Espinoza y Krassnoff, tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Otros 22 antiguos agentes, entre ellos varios que purgan asimismo extensas condenas, fueron sentenciados a diez años de prisión, también como autores.
La Corte, en cambio, absolvió a otros 46 agentes procesados por no haberse podido acreditar su participación, aunque en primera instancia el juez Crisosto los había sentenciado a cuatro años de prisión como cómplices o encubridores del delito.
En la parte civil, el tribunal confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 90 millones de pesos chilenos (unos $140,000) a la familia de la víctima.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3,200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1,192 permanecen aún como detenidos desaparecidos.
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