En los medios de comunicación se difundió ampliamente la noticia de la detención del expresidente francés Nicolás Sarkozy, para ser investigado por un supuesto delito de tráfico de influencias y financiación ilegal de su partido. Sarkozy permaneció en la sede de la policía judicial especializada en infracciones financieras y fiscales por espacio de varias horas.
Mientras esto ocurre en Francia, nuestro sistema judicial hace todo lo posible por no enjuiciar a funcionarios, exfuncionarios, legisladores y políticos que se encuentran en el “banco” esperando turno, los cuales enfrentan diferentes tipos de acusaciones, todas ellas relacionadas con casos de corrupción y manejo inadecuado de los recursos públicos.
Estoy convencido de que algunos argumentarán que la justicia francesa tiene siglos de tradición en su práctica y una reconocida independencia en sus decisiones, y que la República Dominicana se encuentra en pañales, apenas dando sus primeros pasos en esta materia. Para los que así piensan, les recuerdo que existe más de un ejemplo en países de América Latina contemporáneos en materia judicial con el nuestro, que contradicen sus creencias.
Para sólo mencionar algunos, podemos comprobar fácilmente que en Costa Rica se condenó a un expresidente por recibir de una multinacional una suma que aquí se consideraría ridícula, pero el más sonado de todos ha sido el de la acusación de una veintena de políticos y empresarios condenados por integrar una red de corrupción en Brasil, dedicada a sobornar legisladores para lograr la aprobación de leyes durante el gobierno de Lula.
En este caso el Tribunal Supremo de ese país, y en especial el juez Joaquín Barbosa, se llenaron de gloria, habiéndose convertido en el símbolo de la lucha contra una corrupción que parecía imposible de combatir, demostrando que cuando se quiere se puede. Es innegable que una justicia eficiente, independiente y ágil es indispensable para que los ciudadanos se sientan protegidos, especialmente en sociedades como la nuestra en donde la institucionalidad es prácticamente inexistente. Una justicia que no le tiemble el pulso para sentar en el banquillo de los acusados a todo aquel que por sus actuaciones se lo merezca, por más protegido que se encuentre por el sistema político, y los partidos que lo manejan.
No creo que en este momento eso sea posible, el comportamiento inadecuado de miembros de la judicatura, la integración de las Altas Cortes, y decisiones de allí emanadas lo indican, pero así como comienzan a percibirse algunos cambios positivos en las más altas instancias del Poder, esperamos que quienes lo monopolizan se den cuenta, que no pueden continuar indefinidamente obstaculizando cambios que la colectividad desea y que los nuevos tiempos demandan.
Lo que en Francia es un trámite sin consecuencias, en la República Dominicana se convierte en una “papa caliente”, que nadie quiere en sus manos, señal de que necesitamos instrumentos adecuados, e instituciones idóneas para perseguir y sancionar la corrupción sin importar quién sea el acusado. Ahora bien, sin una sociedad que asuma su responsabilidades, y presione constantemente para que estos cambios se produzcan, no se logrará nada.
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