Después del Golpe de Estado el Ejército se adueñó de miles de hectáreas que la Reforma Agraria de los gobiernos de Frei y Allende entregó a familias del agro. Algunos campesinos debieron trabajar para los militares y pagarles para alimentar a sus animales, como los de la Hacienda Río Colorado (San José de Maipo). Parte de ese enorme terreno se vendió en 1996 a precio irrisorio a Cementos Bío Bío, propiedad del entonces presidente de la Fundación Pinochet, Hernán Briones. Otra terminó en manos de Gener para la instalación de su Central Alfalfal. Esta es la historia de un despojo que aún no termina.
En marzo de 1996, seis años después de recuperada la democracia y en completo secreto, el Ejército le vendió 16.700 hectáreas de la antigua Hacienda Río Colorado, un privilegiado terreno en San José de Maipo, a Cementos Bío Bío. La empresa era controlada por el empresario Hernán Briones Gorostiaga, quien presidía la Fundación Pinochet. Su venta contenía una clausula sorpresa: la empresa de Briones pagó por ese extenso paño solo $430 millones: $25.700 por hectárea. En rigor, el terreno que llega hasta la zona limítrofe con Argentina, no era propiedad del Ejército: la institución castrense se lo apropió después del Golpe de Estado, despojando a los campesinos que habían constituido allí un asentamiento luego de que la hacienda fuera expropiada en 1969 por la Ley de Reforma Agraria.
Hernán Briones fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y uno de los más influyentes dirigentes empresariales que apoyaron la dictadura. Fue en esos años que Briones entabló con el general Pinochet un lazo de amistad y complicidad. Con otros dos dirigentes del gremio patronal -Eugenio Heiremans y Ernesto Ayala- formaron un poderoso e influyente trío al que el actual senador Andrés Allamand (RN) incluyó en lo que llamó en los ’90 “el poder fáctico”.
Fue el propio Pinochet quien autorizó la venta de una parte de la Hacienda Río Colorado a la empresa que controlaba Briones. Así consta en la escritura de compraventa que lleva la firma del general Sergio Espinosa Davies, jefe del Comando de Ingenieros del Ejército, y el vicepresidente de Cementos Bío Bío, Alfonso Rozas Ossa (ver documento compraventa).
Un año después de ese beneficioso negocio, Hernán Briones –junto a otros militares y empresarios- creó la Fundación Presidente Pinochet, para preservar su legado. Hasta su muerte, en diciembre de 2005, Briones mantuvo un estrecho lazo con el dictador. Realizó todo tipo de gestiones en Chile y Londres para terminar con su detención en el Reino Unido (1998-2000) y sus últimas apariciones públicas estuvieron ligadas a su rol de presidente de esa fundación.
Hernán Briones (Fuente: Fundación Educacional Hernán Briones)
Cementos Bío Bío no era cualquier empresa para Briones. La presidió hasta poco antes de su muerte y los terrenos de Río Colorado tenían para él un interés bien preciso. Seis meses después de que adquiriera las más de 16 mil hectáreas de Río Colorado, Cementos Bío Bío junto a “Soprocal, Calerías e Industrias S.A.” -del socio de Hernán Briones, Alfonso Rozas Ossa, que hasta hoy preside su directorio- constituyeron la sociedad anónima Minera Río Colorado (ver aquí registro Diario Oficial).
El 25 de septiembre de 1996, en la Notaría de Camilo Valenzuela, se registró la escritura de la nueva minera que permite la explotación de carbonato de calcio del yacimiento La Perla, ubicado a 65 kilómetros del cruce Las Vizcachas. Cementos Bío Bío mantiene el 51% de la propiedad de la minera, sus socios el 49% y su capital asciende a US$3,7 millones (Memoria de 2016 de la cementera).
Aunque los activos de la minera representan menos del 1% de Cementos Bío Bío, su directorio lo preside el hijo de uno de sus fundadores, Hernán Briones Goich, y su vicepresidente hasta hace pocos días era el economista José Ramón Valente (también era vicepresidente de Cementos Bío Bío), quien renunció antes de asumir como ministro de Economía el pasado 11 de marzo.
NEGOCIO EN TIEMPO RÉCORD
La autorización de Pinochet para la venta del terreno a la empresa de su amigo Hernán Briones, consta en una escritura hallada en el curso de esta investigación. Allí se cita un documento reservado del Ejército del 28 de diciembre de 1995 (Resolución N° 4.180/326), la que autoriza la enajenación del “Lote B” de Río Colorado, precisamente el que terminó en manos de Cementos Bío Bío.
Para que esa venta fuera viable, un mes antes, el 23 de noviembre de 1995, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de San José de Maipo dictó la Resolución N°18 que autorizó dividir la Hacienda Río Colorado en dos lotes: el “Lote A”, de 142.498 hectáreas y el “Lote B”, de 16.700 hectáreas.
Un mes después de la resolución de la DOM, Pinochet firmó -como comandante en jefe del Ejército- la autorización para vender el “Lote B” a la empresa de Briones. Como sustento de la operación se cita la “necesidad institucional de obtener fondos para reparación y ampliación de la infraestructura militar”. Pinochet también dejó constancia en ese oficio que ese terreno “es prescindible para el cumplimiento de los fines institucionales”.
Faltaba solo el último paso: el oficio por el cual Pinochet autorizó al general Sergio Espinosa Davies, a enajenar el lote “en venta directa, propuesta pública o propuesta privada”, fijar condiciones, precios y señalar la forma de pago.
Sergio Espinosa Davies (Fuente: Memoriaviva.com)
No hubo licitación y todo se hizo en trámite exprés. El 29 de diciembre de 1995, Sergio Espinosa Davies emitió la resolución que enajenó la propiedad, aceptando la oferta de Cementos Bío Bío por las 16.700 hectáreas de la ex Hacienda Río Colorado: $430 millones. “En atención a que dicha oferta es conveniente a los intereses de la institución”, se lee en el documento, donde también se dice que los fondos “ingresarán a la cuenta especial en la Tesorería General de la República, para la Subsecretaría de Guerra bajo el Código 525”.
Pinochet dejó estipulado que los fondos provenientes de esta venta se destinarían a las finalidades descritas en los Decretos Leyes 1.113 (1975) y 2.569 (1979) y la Ley 17.174 (1969), esto es, para “ser invertidos en el estudio, planeamiento, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, conservación, reposición o adquisición de bienes destinados al uso de la respectiva institución”.
Por Ley de Transparencia, la Tesorería General de la República respondió a CIPER que, en los registros de su División de Finanzas Públicas, efectivamente existe un ingreso de $430 millones en abril de 1996 “a la cuenta complementaria asociada al Ejército de Chile” (ver documento).
CIPER consultó al Ejército, también vía Ley de Transparencia, sobre el destino final de los $430 millones. La respuesta fue que no se puede establecer en qué fue invertido este monto (ver respuesta del Ejército).
LA HUELLA QUE PERDURA EN RÍO COLORADO
Han transcurrido 48 años pero lo que se vivió en la Hacienda Río Colorado a fines de los ’60, ninguno de los campesinos que allí vivían ni sus hijos lo han podido olvidar. Se venían vientos de cambio. Se sentía en el aire, en la tierra y en los ánimos de la Hacienda Río Colorado, donde Lorenzo Astorga y su familia venían trabajando por generaciones. La exultación también se palpaba en las conversaciones que sostenían Astorga con el Lucho López, Agustín Carrasco y con la treintena de campesinos que habían creado un comité para concretar el lema “la tierra para el que la trabaja”, el eje de la Reforma Agraria profundizada en 1967 por el presidente Eduardo Frei Montalva con la Ley 16.640.
Esa ley permitía la expropiación de fundos mal explotados o que tuvieran un tamaño mayor a 80 hectáreas de riego, para ser entregadas a campesinos,lo que potencialmente correspondía a casi 10 millones de hectáreas: más del 40% de la superficie agrícola del país.
Un sueño que en Río Colorado parecía imposible y por el que incluso algunos campesinos estuvieron detenidos tras tomarse un potrero en 1967, pero que se concretó en agosto de 1969. Ese año, la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entidad estatal a cargo de las expropiaciones de tierras y de administrar el profundo cambio estructural en el agro, expropió a Alfredo Palazuelos Buzeta las 159.199 hectáreas de la Hacienda Río Colorado, en San José de Maipo (Región Metropolitana) (ver documento).
Cuando se constituyó el Asentamiento Río Colorado, Lorenzo Astorga, de entonces 31 años, supo que su vida y la de sus 31 compañeros de tierras tomarían un rumbo distinto. Los campesinos recuerdan que el día de la fiesta con que se celebró el acontecimiento, participó el ex senador Rafael Moreno (DC), vicepresidente ejecutivo de la CORA. Allí se hizo la elección de la directiva que iba a administrar el asentamiento. Lorenzo Astorga fue elegido presidente. Fue así como los 32 campesinos de Río Colorado pasaron de ser inquilinos a administrar las tierras que por décadas habían trabajado, pero para otros.
Lorenzo Astorga, hoy de 82 años, no olvida esos días:
-Fue la época cuando mejor estuvimos. Sin problemas, porque con lo que teníamos nos daba para vivir y nosotros mismos administrábamos todo. El banco nos daba la plata mensualmente para los sueldos de los campesinos y en abril se le pagaba, porque ya había venta de animales, vacunos, corderos, pasto. Todo lo que se vendía.
Gerardo Ortega con su familia
Gerardo Ortega Martínez (61 años) es hijo de uno de los asentados originales ya fallecido: “Mi papá fue uno de los que se organizaron para quitarle el fundo a los patrones, a los Palazuelos. Antes trabajaban por la ‘pastilla’ que le llamaban, que era el pan, porque no tenían sueldo. Tenían que cortar leña, venderla y al final tenían que darle la mitad al patrón, aparte de trabajar en el fundo”, recuerda.
Con la Reforma Agraria las cosas fueron distintas:
-Cuando se formó el asentamiento, los campesinos tuvieron acceso a préstamos. Para trabajar los potreros se llegaron a comprar dos tractores completos, con maquinaria para arar y prensar, se compraron como mil ovejas y 500 vaquillas. Tenían su sueldo, trabajaban en conjunto y bien. Uno hacía el tiempo de las ovejas, otros trabajaban los pastos y hasta se hicieron esas casas que hasta hoy están con la ayuda del gobierno. Estaban muy bien organizados. De todos los asentamientos que hubo, Río Colorado destacaba por su organización -relata Ortega, quien hoy integra la Agrupación Quempo, creada hace 16 años por 14 pequeños ganaderos, ex asentados e hijos de asentados, todos nacidos y criados en la zona.
Fueron tiempos felices. Pero no duró demasiado. A partir de septiembre de 1973 la vida en todo el país dio un brusco giro. También en Río Colorado.
EL FIN DEL SUEÑO
Corría 1962 y el gobierno de Jorge Alessandri, acicateado por una fuerte presión internacional y local, incluida la de la Iglesia Católica, promulgó la primera ley de Reforma Agraria (N° 15.520), conocida como “la reforma de macetero”.
Aunque tímido y muy limitado, fue el primer paso para remover la estructura agraria tradicional, sustentada en grandes latifundios, donde miles de campesinos vivían en condiciones miserables, lo que llevó a muchos a migrar a la ciudad. También originó una profunda crisis productiva.
Pero fue la Reforma Agraria impulsada por Frei Montalva, con la ley dictada en julio de 1967, la que pasaría a la historia al generar condiciones para un cambio estructural del agro.
El 28 de julio pasado se cumplieron 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de Frei Montalva. Un hito que fue celebrado en La Moneda. En esa ceremonia, la presidenta Michelle Bachelet la definió como “el inicio del proceso de transformación social más importante vivido por el país durante el siglo XX, aquel que terminó con un sistema de relaciones sociales injusto y arcaico -el inquilinaje-, que condenaba en forma directa a casi 500 mil personas a vivir en la dependencia y sin derechos ciudadanos básicos”.
En Río Colorado la percepción de los pocos campesinos que quedan de aquellos que pelearon por ser dueños de sus tierras, es muy distinta.
Lorenzo Astorga dice que la Reforma Agraria efectivamente buscaba el objetivo que destacó Bachelet, pero que la irrupción de la dictadura dio un vuelco en la historia del país y en su vida. Cuando en 1973 Río Colorado se encaminaba hacia esa meta –dice Astorga- “las autoridades que llegaron nos perjudicaron: el mismo Estado nos quitó lo que nos había dado”.
Lorenzo Astorga
Tras el Golpe de Estado los campesinos de Río Colorado se inquietaron. Aún eran un asentamiento, una propiedad colectiva y transitoria, administrada en conjunto por una directiva elegida en asamblea y la CORA. Según la Ley 16.640, los asentamientos se formarían en todo el sector reformado y deberían durar entre tres y cinco años. Luego, los asentados deberían definir entre tres formas de asignación de la tierra bajo la cual se les entregaría el título de propiedad: unidad familiar individual, cooperativa o en forma mixta.
Los de Río Colorado estaban ad portas de esa asignación, cuando recibieron una información que los conmocionó: les anunciaron que las más de 159 mil hectáreas del fundo pasarían a manos de los militares.
El traspaso se inició con una solicitud hecha por el Ejército el 17 de diciembre de 1975 (N° 4180/143) (vea ese documento). Seis meses después, el 25 de junio de 1976, el Consejo de la CORA aprobó transferir a título oneroso 159.199 hectáreas de Río Colorado al Ministerio de Defensa, para ser destinadas al Ejército (revise aquí ese documento).
El precio de la transacción se fijó en $2,84 millones, suma que se cancelaría en un lapso de 30 años y sería cargada “a los fondos del ítem 52 ‘Terrenos y Edificios’ del Presupuesto de Capital de la Subsecretaría de Guerra, a contar de 1979”.
Pero en los hechos el Ejército no pagó nada por el terreno. Esa regalía se logró luego de un intenso lobby que quedó registrado en los expedientes que contienen el historial de Río Colorado, y que están archivados en dependencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto a la documentación de la extinta CORA.
El 8 de noviembre de 1976, el general Jaime Estrada Leigh, comandante de Ingenieros del Ejército y asesor directo de Augusto Pinochet, solicitó al vicepresidente ejecutivo de CORA que reconsiderara el acuerdo que obligaba al Ejército a pagar por el enorme terreno (vea documento). A petición del ministro de Defensa de la época (general Herman Brady), el ministro de Agricultura informó de la petición del Ejército al vicepresidente de la CORA.
Una “necesidad importante de la Defensa Nacional” fue el argumento central de la petición hecha por Estrada Leigh para la cesión gratuita del predio: proporcionará “terrenos para entrenamiento de efectivos y posibilitará un racional desarrollo del fomento equino nacional, lo que beneficiará directamente al agro”.
El Ejército logró su objetivo: la Resolución N° 2.128, sin fecha, de la Oficina de Normalización Agrícola (Odena) -nombre bajo el cual funcionó la ex CORA entre 1978 y 1979- dispuso el traspaso de Río Colorado sin pago (ver documento).
El 15 de septiembre de 1980, el SAG transfirió el predio al Ejército en forma gratuita, el que se comprometió a contratar a los 32 socios del asentamiento y “darles facilidades para la cosecha de sus actuales cultivos” (ver documento).
Aunque el Ejército había tomado posesión del ex Asentamiento Río Colorado en 1975, el traspaso legal y la inscripción en el registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago solo se hizo por Decreto Exento N°12 el 4 de abril de 1984.
General Herman Brady (Fuente: Biblioteca Nacional Digital)
Campesinos y lugareños hacen memoria y dicen que solo unos 22 de ellos fueron contratados. Otros quedaron fuera y tuvieron que arreglárselas por su cuenta y hubo quienes simplemente se fueron.
Uno de los que quedó fuera fue Emilio Martínez (76 años), antiguo campesino de Río Colorado:
-Yo en ese tiempo era socio no más del asentamiento. Emilio Aranda, el administrador de los milicos, me dejó fuera, porque según él yo no era asentado. Por eso, quedé solo como talajero -cuenta el anciano, que hasta hoy vive en el sector.
José Agustín Carrasco Salinas, quien también fue presidente del Asentamiento Río Colorado, fue contratado. Su hijo, Rodrigo Carrasco (42), recuerda que su papá –quien falleció en 2016– trabajó para los militares. Años más tarde él también fue contratado: “Yo trabajé como 16 años con el Ejército, igual que mi papá: como obrero jornal. Hace como dos años me finiquitaron”.
Sus tareas, por las que recibía el sueldo mínimo, consistían en producir pasto. Rodrigo, como otros campesinos del predio, tenía que comprar el pasto que producía él mismo para alimentar a sus animales, pagando “unos $500 mil en la temporada, por lo que gastaba parte importante de mi sueldo en comprar este pasto”, asegura.
PAGANDO TALAJE
Cuando llegaron al Asentamiento Río Colorado, los militares empezaron a liquidar todo lo que había: tractores, herramientas y animales. La explicación que les dieron a los campesinos y sus familias es que debían pagar la deuda por los animales que habían comprado con préstamos de la CORA. Los vacunos y ovejas que no fueron vendidos, se repartieron entre la treintena de ex asentados
Gerardo Ortega Martínez, un adolescente en la época, recuerda que “pasadito el Golpe, en 1975, antes de que Río Colorado pasara a ser propiedad militar, los militares se apoderaron del fundo, pusieron una barrera de control a la entrada y empezaron a vender cosas que eran de los campesinos. Fue un periodo bien crítico”.
-Llegaron a la casona principal y ahí se establecieron. Llegaron imponiéndose. Mi papá tenía en las pesebreras vacas lecheras, vendíamos leche. Ellos llegaban y decían “dame leche”, ¿y quién se podía oponer? ¡Qué miedo! Llegaban y sacaban…le mataron un ternero a mi papá para comérselo, ¿y quién se podía oponer? Fueron pasando muchas cosas. De ahí se hicieron cargo del fundo y vino lo más duro. Nosotros, que éramos casi propietarios, tuvimos que empezar a pagarle al Ejército talaje, lo que empezó a fines de los ‘70 y duró hasta hace como seis años, cuando nos pusimos firmes para no pagar. Yo no sé adónde fue a dar esa plata –cuenta Ortega.
Carlos Arenas, Rodrigo Carrasco y Lorenzo Astorga
El cobro, recuerda Gerardo Ortega, era mensual: “Se cobraba por animal. En ese tiempo $200, $300 por oveja. Por vacuno eran como $1.200. Mis papás pagaban, luego nosotros también tuvimos que pagar. Entre todos calculamos que hay un historial de casi $500 millones de pesos que se le han pagado al Ejército”.
Los campesinos jamás tuvieron claridad de cuál fue el destino de esos pagos.
Gerardo Ortega continúa recordando:
-Siendo un fundo de los campesinos, ellos se apropiaron y nosotros no podíamos hacer nada. No podíamos sembrar, para poder ir arriba había que sacar un permiso. (…) Ellos mismos nos vendían el pasto para nuestros animales, porque nosotros no podíamos producirlo y los potreros los tenían ellos. Si yo quería sembrar chacras teníamos que sacar a medias: si cosechaba 10 sacos tenía que darles cinco…
En la práctica, asegura Gerardo Ortega, de lo que producían terminaban quedándose con un 40%. El resto, terminaba en manos de los militares.
Lo hechos que relata Ortega coinciden con los testimonios que recogió CIPER de Emilio Martínez y del hijo del ya fallecido asentado Carlos Arenas, del mismo nombre. A sus 42 años, hoy preside la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda Río Colorado, constituida legalmente en agosto de 2016 y cuyo objetivo es recuperar las tierras y el fundo en su plenitud.
CIPER consultó al Ejército sobre el manejo financiero que ejecutaron en Río Colorado. La respuesta fue: “Las actividades realizadas en el predio ‘Río Colorado’, se ajustaron a la normativa, materializándose contratos por este rubro hasta el año 2002. En otros períodos no hay registros. Actualmente allí no se realiza ninguna actividad productiva”.
Corría 1996, y un día, ya en plena democracia, los campesinos de Río Colorado se enteraron que debían agregar un pago extra. Esta vez, a Cementos Bio Bio, empresa que pertenecía a uno de los grandes amigos y defensores de Augusto Pinochet.
NUEVO DUEÑO, NUEVOS PAGOS
Para los campesinos del ex Asentamiento Río Colorado, la venta de una gran parte de la hacienda a Cementos Bío Bío solo tuvo una consecuencia: desde que la Minera Río Colorado se instaló en la hacienda, han tenido que pagarle talaje.
Rodrigo Carrasco afirma que desde 1996 es la minera la que les cobra:
-Y todavía lo hace. En 2016 cobraban $300 mensuales por animal chico, cabra u oveja; y mil pesos por animal grande, vacuno o caballar. Ese año pagamos con mi hermano, mi mamá y mi familia como $800 mil pesos entre vacunos y cabras. Y no recibimos ningún comprobante.
El cobro, asegura Carrasco y otros campesinos que se mantienen en el predio, no lo pagan todos, solo los que necesitan pasar por las tierras propiedad de la minera para llevar a pastar a los animales:
-La verdad es que la minera nunca ha cobrado directamente. Siempre ha tenido un intermediario. Pero le seguimos pagando para no tener problemas y poder llevar nuestros animales a la cordillera -asegura Carrasco.
CIPER consultó a Cementos Bío Bío sobre estos cobros y el proceso de compra del predio, pero se negaron a entregar su versión.
Próxima entrega y final: “Historia de un despojo II: las tierras de la Reforma Agraria de las que no se habla. Vendieron a GENER 66 hectáreas para que instalara allí su Central Alfalfal”
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