La corrupción, una enfermedad crónica por la que se desangra el desarrollo en Latinoamérica, será objeto de especial atención por primera vez en el Foro Económico Mundial para la región que comenzó ayer en Sao Paulo.
El foro, que durante tres días analizará la situación económica y política en la región, dedicará el jueves un debate específico a discutir sobre cómo romper el actual ciclo de corrupción.
El debate será moderado por el presidente de la Agencia Efe, José Antonio Vera, y contará como ponentes, entre otros, con la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Cármen Lúcia Antunes Rocha; la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio; y el ministro de Justicia de Brasil, Torquato Jardim.
El virus de la corrupción en Latinoamérica y su peor manifestación patológica, la impunidad, trascienden -y datan de mucho antes- de casos tan recientes y escandalosos como el de los sobornos del emporio brasileño Odebrecht.
Los datos de organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o Transparencia Internacional son elocuentes en cuanto a la inequívoca relación entre altos índices de corrupción con bajo crecimiento económico, insuficiente índice de desarrollo humano y fragilidad del Estado de derecho.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional aparecen 13 países latinoamericanos entre los cien peores calificados del mundo.
Esos países son, de peor a mejor calificación: Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, México, Honduras, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Perú y Panamá.
Solo Uruguay y Chile, los países latinoamericanos junto a Argentina con mejor índice de desarrollo humano, según el PNUD, figuran en esa lista entre los 25 mejor calificados y por encima de algunos europeos, como España, Portugal o Polonia.
Un caso tan anómalo como ilustrativo puede ser Panamá, con altos índices de crecimiento económico y de desarrollo humano, pero escenario de múltiples y hasta ahora impunes casos de corrupción.
A pesar de liderar durante muchos años el crecimiento económico en Latinoamérica y con la segunda población menos numerosa después de Uruguay en la región, Panamá es una de las 10 naciones del mundo con peor distribución de su riqueza, de acuerdo con los datos del Banco Mundial (BM).
México también resulta paradigmático con la aparente contradicción entre su condición de una de las potencias económicas de Latinoamérica y la de uno de los países de más inveterada corrupción.
Y es que en México, a otras razones se ha sumado violentamente el fenómeno del narcotráfico, que afecta también de diferentes formas a varios países latinoamericanos con su imbatible capacidad de distorsionar cualquier economía y corromper todas las estructuras de un Estado.
El caso de los sobornos de Odebrecht parece haber inaugurado la corrupción en Latinoamérica, pero, paradójicamente, lo que ha propiciado es la imperiosa necesidad de combatirla y la posibilidad de poner fin a la impunidad.
En Perú están implicados en el caso Odebrecht, como investigados en diferente grado, acusados o encarcelados los cuatro presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), quien, por cierto, fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a finales del año pasado tras cumplir parcialmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.
En Ecuador, Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa y de su sucesor como mandatario, Lenín Moreno, fue condenado a seis años de cárcel por haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht ha confesado destinar a sobornos en ese país.
En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal contratista del Estado con inversiones que superan los 3.000 millones de dólares desde 2006, están procesadas 68 personas por los sobornos de la multinacional, entre ellas varios exministros y dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El expresidente Martinelli se encuentra encarcelado en EE.UU. a la espera de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.
La corrupción en Latinoamérica y su combate no solo lleva la marca Odebrecht, como muestra, entre otros, el caso "Blue Apple" en Panamá, en el que se investiga y se ha acusado a casi medio centenar de personas, entre ellas algunos exministros, y a bancos, por sobornos y blanqueo de capitales de constructoras locales.
En Guatemala, dos expresidentes, Álvaro Colom, y su sucesor, Otto Pérez Molina, entre más de un centenar de personas, la mayoría altos funcionarios de sus respectivos gobiernos, han sido encarcelados y son juzgados por sendos casos de corrupción.
En Brasil, el caso Odebrecht es solo una parte del entramado judicial conocido como "Lava Jato", que investiga los sobornos de las principales constructoras del país para adjudicarse obras del gigante estatal Petrobras y que ha remecido los cimientos del poder político y económico del país.
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