Salvador Martínez
El documental 'La causa contra Franco: ¿El Núremberg español? ', de la española Lucía Palacios y el alemán Dietmar Post, presenta la tentativa de llevar a los tribunales los crímenes del franquismo a cargo de víctimas y asociaciones de la memoria histórica.
¿Se puede juzgar al franquismo y a quienes jugaron un papel clave en la maquinaria de la represión de la dictadura? Si le preguntan a la juez argentinaMaría Servini, ella seguramente responderá con un “sí”. Se puede. Ella instruye la que se ha venido a llamar la “querella argentina”, un caso al que los cineastas Lucía Palacios y Dietmar Post dedican su película más reciente.'La causa contra Franco: ¿El Núremberg español?' se titula la cinta, un documental co-producido con la cadena de televisión franco-alemana Arte.
Ella, española natural de la población manchega de Moral de Calatrava, y él, originario de Espelkamp (oeste germano), llevan dos décadas realizando películas. En 2013 firmaron 'Los Colonos del Caudillo', otro documental en el que se adentraron en las dificultades que tiene España en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. La película aprovechaba el debate sobre cómo llamar a la población de Llanos del Caudillo, una de las ocho localidades españolas de nombre franquista. 'La causa contra Franco: ¿El Núremberg español?', que Palacios y Post proyectaron por primera vez hace unos días en el marco de la Berlinale, profundiza en los problemas de la memoria española.
En él se cuenta los avances del trabajo de la juez Servini, que ha emitido 24 órdenes de arresto internacional contra otrora ministros franquistas y varios miembros del aparato jurídico-represivo del franquismo. Una de ellas pesaba sobre José Utrera Molina. Este político franquista fue varias veces ministro de Franco. Falleció en abril del año pasado. Fue enterrado en el cementerio de Vélez Málaga tras una polémica ceremonia marcada en su final por cánticos y gesticulaciones falangistas.
Servini emitió en 2014 una orden de detención internacional contra él para extraditarlo y tomarle declaración. Se le acusaba de convalidar la pena de muerte de Salvador Puig Antich. Este integrante del grupo anarquista Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) fue la última persona ejecutada en España con el garrote vil, el 2 de marzo de 1974.
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